Por primera vez, después de mucho tiempo, el programa ‘Bogotá, Como Vamos’, no solo da a conocer detalles de la situación de hacinamiento de las cárceles en la ciudad (La Modelo, La Picota y El Buen Pastor) sino que también hizo un perfil delincuencial de los presos que están con medida intramural, en la casa por cárcel o con el dispositivo electrónico.
En estos tres centros penitenciarios ubicados en la jurisdicción de Bogotá –y que son manejados por el Instituto Nacional Penitenciario (Inpec)– hay 22.412 personas en la cárcel, de las cuales 14.703 ya fueron condenadas y 7.709 están sindicadas.
Lo primero que llama la atención del estudio es que, por ejemplo, el 43 por ciento de los delincuentes apenas si llegaron a la primaria, mientras que un 17 por ciento tiene secundaria, el 4 por ciento pasó por algún instituto técnico o tecnológico y solo el 3 por ciento es profesional.
Significaría entonces que cuanta más educación, menos riesgo de delinquir.
Sobre el delito que más se comete, el hurto ocupa el primer lugar: cerca de 2 de cada 10 reclusos se registra por esta modalidad, es decir el 23 por ciento de la población que está con medida intramural.
Le sigue el homicidio con un 13 por ciento; después el tráfico, la fabricación o porte de estupefacientes con el 11 por ciento; la fabricación, porte de armas de fuego o municiones con un 10 por ciento y el concierto para delinquir un 8,5 por ciento.
Esto significa que cerca del 65 por ciento de las conductas ilegales se concentra en esos 5 delitos, señala el documento de ‘Bogotá, Cómo Vamos’.
Al revisar cuál es el delito por el cual las mujeres están en prisión, sorprende que el 25 por ciento corresponde al tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, seguido del hurto con el 18 por ciento y concierto para delinquir, 12 por ciento.
Por esta razón dos de las hipótesis que se manejan en este caso obedecen a que lo hacen por necesidad económica o porque pueden ser consumidoras.
Y en cuanto al tema de los extranjeros que pagan prisión, en las cárceles colombianas hay 820 de los cuales 286 están en Bogotá. La mayoría proviene de México, 24 por ciento; Venezuela, 15 por ciento, y 10 por ciento de España. La mayoría de ellos está por estupefacientes.
La investigadora Laura Ordóñez Vargas, doctora en Antropología y experta en el tema carcelario, advierte que este es un asunto “que infelizmente es tratado como coyuntura”.
A la luz de la salida de los presos que no han sido sentenciados como estrategia para descongestionar las cárceles, la experta advierte que no hay una política integral para los egresos y hoy no se sabe qué pasará.
“El acompañamiento es casi que inexistente: salen, son estigmatizados en su pasado judicial y luego tienen que volver a vincularse de forma laboral y les es muy difícil. Y el camino que les queda es la ilegalidad”, indica Ordóñez Vargas, lo que coincide con el tema de la reincidencia, otro de los aspectos claves de este estudio.
En todo caso el documento da luces sobre la importancia de llevar oportunidades de educación a toda la población con el fin de evitar que tomen el camino criminal y terminen engrosando las cifras de las prisiones, y es un instrumento que bien puede servir para ayudar a orientar la política de prevención, la carcelaria y también la de resocialización.
Finalmente, Ordóñez señala que “hay que pensar en otras formas de hacer justicia que no estén ‘coladas’ por la privación de la libertad como si el castigo penal fuera sinónimo de justicia”, puntualizó.
Este sábado entraría en vigencia la Ley 1760 del 2015, conocida como la norma de Racionalización de la Detención Preventiva, que propuso el levantamiento de la prisión preventiva de los sindicados cuyo proceso judicial haya superado los dos años sin un fallo, en caso de delitos graves, y más de uno, para los delitos simples.
BOGOTÁ
