El alcalde Enrique Peñalosa le solicitó al Fiscal y al Procurador que investiguen la posible existencia de conflicto de intereses en la decisión que debe tomar de revocar o no un decreto relacionado con el Plan Parcial Proscenio, el cual busca desarrollar 260 predios del área comprendida entre la calle 85 y el parque El Virrey y las carreras 15 a 13, en el norte de Bogotá.
La solicitud fue formulada a raíz de los cuestionamientos que han hecho el columnista Daniel Coronell en la revista Semana y el concejal del Polo Democrático Alternativo Manuel Sarmiento, quienes han señalado que el alcalde Peñalosa benefició con el decreto 674, del 22 de noviembre del 2018, a donantes de su campaña con intereses económicos en ese proyecto.
Al fiscal Néstor Humberto Martínez, en una carta del 25 de febrero, Peñalosa le pide investigar las “circunstancias descritas por el señor Daniel Coronell en sus notas periodísticas ‘Tras la escena’ y ‘Lo que Peñalosa no quiere explicar’, publicadas el 16 y el 23 de febrero del 2019” en la revista Semana y que hacen referencia a un supuesto beneficio del alcalde a aportantes a su campaña.
Peñalosa alude a su doble condición de alcalde y ciudadano para que el fiscal investigue los señalamientos de Daniel Coronell “en procura del respeto al ordenamiento jurídico, la convivencia pacífica, el respeto de mi buen nombre y la legitimidad de mi ejercicio como mandatario elegido popularmente”.
Esta es la carta que le envió el alcalde Enrique Peñalosa al fiscal Néstor Humberto Martínez.
Alcaldía de Bogotá
Proscenio es un plan nacido del sueño de la desaparecida Misi (María Isabel Murillo) de construir un teatro de artes en el norte de Bogotá. En el gobierno del alcalde Samuel Moreno y Clara López, ese plan parcial fue aprobado por el decreto 334 del 2010, pero nunca se ejecutó por la resistencia de los vecinos del exclusivo barrio de la Cabrera que siempre se han opuesto.
Entre los principales cuestionamientos de los vecinos está el impacto en movilidad que generará el proyecto, que además del teatro (6.436 m²) contempla la construcción de vivienda (49.688 m²), comercio (31.785 m²) y oficinas (87.963 m²).
A finales de enero pasado, el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, hizo eco de los reclamos de algunos vecinos y le solicitó al alcalde revocar el decreto que expidió el pasado noviembre, una solicitud debe ser resuelta por tarde el próximo 17 de marzo.
Esta es la carta que le envió el alcalde Enrique Peñalosa al procurador general de la nación, Fernando Carrillo Flórez.
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En su comunicación al procurador Fernando Carrillo Flórez, el alcalde recoge una crítica que, tras la publicación de la carta del Defensor, le hizo el concejal Sarmiento, según la cual hay “donantes de su campaña con altos intereses económicos en dicho plan”, y que “varios de los predios en los que se desarrollará el proyecto hacen parte del fideicomiso CNH administrado por FiduBogotá” que tendría como beneficiario al grupo económico Neme.
Peñalosa también cita en su carta al Procurador afirmaciones en las que el periodista Daniel Coronell dice que el decreto 642 “parece hecho a la medida de los constructores”, que “dos de los mayores constructores del país están detrás: Amarilo S.A.S. y Arpro, pertenecientes a la familia Neme”, y que la sede de campaña estuvo en un predio que hace parte de la zona en donde se construirá Proscenio.
Peñalosa le mandó al Procurador la columna de Daniel Coronel, la carta del concejal Sarmiento y la solicitud del Defensor, y le pide emitir un pronunciamiento o decisión “en torno a la posible existencia de una causal de impedimento que lleve al alcalde mayor a apartarse del conocimiento de la solicitud de revocatoria” del decreto 642 que hizo el Defensor.
Peñalosa le pide a Carrillo su pronunciamiento “en aras de garantizar los principios constitucionales de moralidad e imparcialidad, y legales de responsabilidad y transparencia”.
REDACCIÓN BOGOTÁ
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