El Distrito está trenzado en una pelea judicial por las 148 hectáreas de uno de los últimos ecosistemas de humedal que tiene Bogotá: El Jaboque.
Queda muy cerca del aeropuerto El Dorado, se extiende a lo largo de Engativá y, en 2002, una acción popular ordenó que la alcaldía lo comprara y lo preservara.
Pero cuando estaban en medio de ese trámite apareció Jorge Enrique Cortés Rojas, quien asegura que le compró el terreno a Álvaro Rojas Barbosa por 60 millones de pesos y ahora está exigiendo el pago de al menos 134.000 millones de pesos por el humedal.
Según alegan sus abogados, existe una escritura, de 1996, en donde consta que allí quedaba la finca La Providencia, que fue la que él adquirió. Incluso, dicen tener una sentencia de adjudicación del terreno que data de 1954.
Con ese argumento han logrado obtener dos sentencias a su favor. En 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al Acueducto de Bogotá que desembolsara 64.000 millones de pesos para comprarle el predio a Cortés, a manera de reparación directa.
La decisión fue apelada de inmediato por los abogados de la alcaldía, que, además, pidieron que se anulara la escritura de 1996, alegando que se levantó con base en un documento privado sin validez, que inexplicablemente ubica a La Providencia exactamente encima del humedal.
“Estamos ante un caso atípico de un bien de dos pisos. Y lo que llama la atención es que la Superintendencia de Notariado de la época le dio validez al documento. Además, el Tribunal aceptó como prueba la supuesta sentencia de 1954 cuyo original nunca se ha podido encontrar”, le dijo a EL TIEMPO uno de los funcionarios enterados del pleito, que por ahora se maneja de manera reservada.
A pesar de los alegatos, el pasado 28 de febrero, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá rechazó la solicitud de nulidad de la escritura, lo que obligó al Distrito a presentar una apelación inmediata.
Según la apelación, a la que este diario tuvo acceso, la jueza Lourdes Beltrán no habría tenido en cuenta que su sentencia también afectaba la Corporación Autónoma Regional (CAR) que tiene parte del humedal.
Esta nunca fue notificada ni pudo ejercer su defensa.
Tampoco se respetó una orden de la Fiscalía de no tomar decisiones de fondo sobre el tema hasta cuando se adelante una investigación penal por posibles irregularidades en la reclamación.
Además, afirman que no se valoraron una serie de pruebas claves, que buscan demostrar que Jaboque siempre fue del Distrito y que la demanda de Cortés no tiene asidero legal.
En efecto, el humedal era parte de la hacienda La Florida, del legendario negociante paisa José María ‘Pepe’ Sierra. En 1957, el Gobierno declaró los terrenos de utilidad pública y en 1963 una sentencia de expropiación le entregó a la alcaldía de Bogotá el humedal.
De hecho, el Distrito argumenta que tanto el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) como el Catastro Distrital no han podido ubicar el predio de 1954, que es la base del reclamo de Cortés.
Según el IGAC, los linderos que se mencionan en el fallo de 1954 “se limitan solo a mencionar distancias con sus colindantes sobre accidentes geográficos y propiedades privadas sin mención de sus titulares, y sin describir puntos fijos que referencien dichas medidas, el predio no se puede ubicar”.
Y según peritos del Departamento Administrativo de Defensa del Espacio Público (Dadep), se establece que si se toman las medidas del documento de 1954, el predio podría tener cuatro ubicaciones diferentes.
Si el Distrito tienen la razón, esto significaría que alguien acomodó diferentes documentos para que se traslapara La Providencia sobre Jaboque.
Estas dudas llevaron a la intervención de la Fiscalía, que incluso hace dos meses inspeccionó el expediente del Jaboque que reposa en el Consejo de Estado, quien está pendiente de resolver la segunda instancia de la acción de reparación instaurada por el empresario Cortés.
Ese alto tribunal sí acató la solicitud de la Fiscalía de esperar que se avance en la investigación penal antes de tomar una decisión de fondo.
Aunque la investigación preliminar está bajo reserva, los investigadores de la Fiscalía quieren establecer si en el trámite de reclamación del humedal hay documentos públicos falsos, fraude procesal, usurpación de tierras y prevaricato por acción. También se verifica la compra legal de Cortés y si este puede ser un tercero de buena fe.
Por ahora, la apelación del Distrito sobre la nulidad de la escritura pasó a manos del Tribunal Superior de Bogotá.
UNIDAD INVESTIGATIVA
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