Desde hace más de un año, cientos de motos, bicicletas, camionetas, carros particulares y taxis que han estado involucrados en accidentes de tránsito invaden tres cuadras cercanas a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda, la alcaldía local y la estación de Policía.
Ante esta situación, la Personería Distrital inició indagación preliminar contra el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, por presuntamente desconocer y desacatar las instrucciones impartidas por el Fiscal General de la Nación para que se diera solución inmediata a la invasión del espacio público por estos carros.
“Hemos venido trabajando a lo largo de todo el año para tratar de resolver con la Fiscalía y la Policía este problema, que afecta a la localidad”, explicó Bocarejo, quien advirtió que el tema involucra a varias instituciones y no es solo responsabilidad de la entidad a su cargo.
Sobre el sitio en el que deben quedar estos carros, Bocarejo aseguró que “la Fiscalía, en el 2016, mediante orden judicial les ordenó al Alcalde y a Movilidad abrir un patio temporal para acoger los vehículos y luego trasladarlos al patio ubicado en Tenjo, Cundinamarca, una vez se haya hecho el peritaje de estos carros. Esta orden fue confirmada el pasado 7 de diciembre por la Fiscalía”.
En el 2015 se conoció que estos automotores habían sido llevados por la Policía de Tránsito luego de una orden emitida por la Fiscalía y la Secretaría Distrital de Movilidad, que decidió no permitir más el ingreso de vehículos inmovilizados en accidentes de tránsito a los patios sin una orden judicial, tal y como lo exige el Código Nacional de Tránsito.
La Personería manifestó que un grupo de particulares asumió la explotación del espacio público y lo destinó al cuidado de vehículos, cobrando hasta 300.000 pesos semanales por cada uno. Añadió que a la ciudad le han venido tomando el pelo desde hace más de un año en la solución del problema. “No se pueden dar más largas en la solución a esto, buscando dilatar con demandas y recursos ante el Tribunal, mientras se agrava la situación en el sector”, dijo la personera, Carmen Teresa Castañeda.
Y agregó que funcionarios de ese ente de control que acudieron al lugar a practicar una visita administrativa fueron amenazados por personas que cuidan estos carros y manifestaron que no estaban dispuestos a que les dañaran el negocio.
A ello se suma que comerciantes afirman que hay inseguridad en el sector, ya que los carros abandonados se prestan para que los delincuentes se escondan.
BOGOTÁ
