Tras siete meses de ocupación, las 15 comunidades indígenas que se encontraban asentadas desde el 29 de septiembre de 2021 en el parque Nacional abandonaron por completo este icónico pero maltrecho espacio. Lo que antes era un lugar emblemático para todos los capitalinos, abundante en árboles y senderos peatonales, hoy, luego de 228 días de ocupación, es un sector cubierto por el barro y los escombros, en donde pululan las ratas.
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Con toda la lluvia que cayó en las últimas semanas y con el frío tan terrible que ha hecho, no me explicó cómo no ocurrió una tragedia mayor
“Este desmadre no tiene nombre; hoy nos fuimos de largo”, anticipaba una funcionaria de la Uaesp a la entrada del parque, minutos antes de comenzar las labores de limpieza.
Y razón no le falta a la trabajadora, pues solo desde el inicio de los traslados se pudieron conocer tanto la magnitud del daño como las condiciones reales en las que vivía este grupo de ciudadanos.
“Con toda la lluvia que cayó en las últimas semanas y con el frío tan terrible que ha hecho, no me explicó cómo no ocurrió una tragedia mayor”, dijo Leonor López, residente del sector.
Más de 70 árboles talados, decenas de sillas averiadas y adoquines destruidos son algunos de los daños que se observan a simple vista. Las secuelas también se percibieron en el monumento a Rafael Uribe Uribe o en la iluminación.
Aunque inicialmente se pactó que la salida de todas las personas que ocupaban el parque iba a ser el miércoles 11 de mayo, las condiciones climáticas y algunos desacuerdos entre los líderes de los pueblos que componen las Autoridades Indígenas en Bakatá retrasaron el proceso.
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No obstante, el jueves pasado, a las 5 de la tarde, empezó la evacuación definitiva. En bolsas, maletas y costales empacaron lo que pudieron, y antes de 8 de la noche ya todos estaban dentro de los buses y camiones facilitados por el Distrito. Un grupo arribó en la noche a la UPI La Florida, el otro fue ubicado en un albergue temporal en la localidad de Ciudad Bolívar, mientras se resuelve su retorno a los departamentos de Chocó y Risaralda.
Sobre las 10 de la noche, muchos de los cambuches ya habían sido desmontados por trabajadores de la empresa de aseo Promoambiental. Con el paso de las horas, decenas de habitantes de la calle se acercaron al lugar. Allí estuvieron hasta la madrugada escarbando y adueñándose de todo lo que los indígenas desecharon.
A las 7 de la mañana de ayer, nuevamente llegó el equipo de trabajo de la Uaesp. Cien personas y 22 vehículos de limpieza sacaron durante la jornada 49 toneladas de residuos y repararon 76 luminarias.
“Cueste lo que cueste, vamos a hacer una pronta recuperación del parque Nacional. Primero es la recolección de escombros; luego, lavado y desinfección; posteriormente, la Secretaría de Salud hará operación de vectores y salud pública, y para finalizar, con todo el equipo institucional del Distrito, liderado por la Secretaría de Ambiente, el Jardín Botánico y el Idiger, se hará la recuperación del material vegetal y zonas verdes”, explicó Felipe Jiménez, secretario de Gobierno.
Aún no se sabe cuánto costará reparar todo el parque.
Mauricio Moreno
Destruyeron patrimonio, destruyeron árboles, acabaron con el canal, hay invasión de roedores e impidieron el uso del parque a deportistas y vecinos
Justamente, el estado en que quedaron el parque y sus alrededores despertó varias críticas.
Lucía Bastidas, concejal de la Alianza Verde, lamentó que el Distrito haya tardado en resolver el tema y criticó la poca capacidad de la Administración para evitar que se tomen el espacio público.
“Los defensores del patrimonio y del ambiente guardan silencio frente al desastre del parque Nacional. Destruyeron patrimonio, destruyeron árboles, acabaron con el canal, hay invasión de roedores e impidieron el uso del parque a deportistas y vecinos”, dijo.
La alcaldesa Claudia López también se refirió al asunto, pero hizo énfasis en la crisis humanitaria que vivieron los indígenas. “Lo material lo vamos a recuperar en un mes. La vida sagrada es lo primero. Increíble que toque recordarlo. (...) Personalmente iré a acompañar el retorno de los indígenas en dos semanas, porque me comprometí a servir de garante para que esta vez sí les cumplan. Los que creen que toda inconformidad se responde a plomo y bolillo o los que creen que el uso legítimo de la fuerza es un abuso solo son extremos ruidosos”, señaló la mandataria.
Al cierre de esta edición continuaban las labores de recuperación del parque. Aún no se conoce la cifra que costará reparar dicho espacio. Con respecto al regreso a sus territorios, la labor estará a cargo de la Unidad para las Víctimas, entidad que en un plazo de 25 días, a partir de la firma de los acuerdos, coordinará los retornos.
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Vladimir Rodríguez, alto consejero para la Paz, aseguró que el Distrito espera que el Gobierno “garantice las condiciones de seguridad y dignidad para que las comunidades indígenas permanezcan en sus territorios y no se vean obligadas a desplazarse a las ciudades”.
Por su parte, Ati Quigua, quien representa a los indígenas en el cabildo distrital, recalcó que es clave que estas comunidades puedan vivir en paz en sus regiones. “Las garantías de no repetición dependen de la Unidad para las Víctimas en particular y del Estado en general. Por ello, antes de un retorno debe existir un concepto de seguridad que permita tener tranquilidad sobre la situación para las comunidades. Las garantías deben provenir de la Fuerza Pública, el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas”, manifestó.
En las cifras más recientes, entregadas el 3 de mayo de este año, la Administración distrital explicó que desde principios de 2020, cuando la crisis empezó, se han invertido más de 9.116 millones de pesos para la atención de esta comunidad en temas de salud, alimentación, educación, cultura y actividades para las mujeres y personas de la tercera edad.
A eso habrá que sumarle lo que costará la recuperación del parque –cuya cuantía aún no ha sido establecida– y el gasto necesario para cumplir el acuerdo firmado con los indígenas, el cual incluye un plan de choque con 61 acciones a cargo de diversas entidades tanto distritales como nacionales.
“En el caso de la Secretaría de Gobierno se han brindado ayudas por más de 270 millones de pesos para atender a los emberás con el servicio de baños, transporte y acompañamiento, las 24 horas, de lunes a domingo, de 43 gestores de diálogo”, explicó la entidad.
Por su parte, la Unidad para las Víctimas ha reportado una inversión cercana a los 2.307 millones de pesos.
REDACCIÓN BOGOTÁ
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