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500.000 personas están afectadas por los daños a TransMilenio
Daños en Bogotá después de enfrentamientos

Daños en Bogotá después de enfrentamientos

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Mauricio Moreno / EL TIEMPO

500.000 personas están afectadas por los daños a TransMilenio

Gerente explica los costos humanos y financieros de este golpe a un servicio para los ciudadanos.

Incluso si hoy no hubiera más hechos de vandalismo contra TransMilenio (TM) -esos que suceden fuera de la protesta social y que son una minoría con respecto al universo del paro-, no hay certeza de cuándo el sistema recuperaría su operación normal para seguir movilizando los 1,2 millones de pasajeros que requieren cada día el servicio de transporte público.

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A la fecha, el sistema funciona con 52 estaciones, 10 buses troncales y 18 Sitp menos. Esto es tratar de operar con 40 % menos de la infraestructura de la que dispondría normalmente.

Pero, más allá de la infraestructura, lo alarmante, es que la mayoría de los daños están concentrados en las estaciones del sur de la ciudad, donde vive la población estrato 1, 2 y 3 que depende del transporte público para ir a trabajar, a estudiar o a labores de cuidado y trámites personales. Las troncales Américas, Autopista Sur, Caracas Sur y Carrera 10 tienen prácticamente el 100 % de sus estaciones dañadas (y fuera de servicio) y las pocas estaciones que quedan operando -los Portales Américas, Sur, Usme y 20 de Julio y las estaciones Banderas y Comuneros- cierran en cualquier momento por las movilizaciones.

¿El resultado? Los pasajeros de esas troncales quedan varados y buscando, de un momento a otro, un plan B para volver a casa y que, ojalá, no les descuadre el bolsillo.
“Lastimosamente muy pocos hacen un gran daño. El vandalismo no es de quienes están haciendo las manifestaciones, cada quien tiene por qué luchar en esta ciudad y en este país, el vandalismo lo están haciendo unos pocos y están afectando a millones y eso no se puede permitir”, advierte Felipe Ramírez, Gerente de TM, quien conversó con EL TIEMPO sobre una de las peores crisis que ha sufrido el sistema en sus 20 años de historia.

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¿Por qué cree que el sistema se convirtió en blanco del vandalismo?

La razón no van ligada con la protesta social. Son hechos distintos a las manifestaciones legítimas que puede tener la gente, pero esos hechos de vandalismo se enfocan un poco en el transporte público porque nosotros tenemos presencia en toda la ciudad.

Infortunadamente en el imaginario de algunos, el sistema es privado. Y eso es falso: el sistema es algo que se financia con recursos públicos.

Nos preocupa que la prestación del servicio la hacen personas, nosotros tenemos conductores, taquilleros, personal en vía que están exponiéndose ante estas situaciones.

El sistema de Transporte público debe dejar de ser politizado.

Esto ya había pasado en 2019 y 2020, ¿no le preocupa que se vuelva una constante?

Estamos en una época en que las movilizaciones sociales van a seguir sucediendo y eso está bien. El problema es que se vuelva un ejercicio donde exista un grupo de personas que aprovechen la situación para cometer hechos vandálicos.

Felipe Andrés Ramírez, gerente de TransMilenio.

Foto:

Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Tenemos que seguir trabajando con Seguridad, Gobierno y Movilidad para poder determinar en qué momento es necesario suspender o no el servicio para garantizar la seguridad de los usuarios y para garantizar que lo que está dado como un derecho constitucional a manifestarte se cumpla dentro de los límites: todo mundo es libre de expresar lo que piense, pero sin atacar a personas -conductores, taquilleros, personal en vía- ni tampoco la infraestructura de la ciudad.

Hablemos del costo humano, ¿cuántos pasajeros están afectados?

En esta época de pandemia, podemos estar moviendo 1,2 millones de personas en el troncal y otro millón en el zonal. Creemos que cerca de 500.000 personas pueden estarse viendo afectadas por el vandalismo.

Lo más grave es que los hechos vandálicos sucedieron en el sur y suroccidente de la ciudad, donde están las personas que más lo necesitan. Las personas en Soacha en este momento tienen que estrar caminando entre dos y cuatro horas para poder llegar a su destino.

Ya creamos dos rutas en el sector de las Américas para que la gente no tenga que caminar tanto y poderlas acercar a las estaciones que sí funcionan. Vamos a sacar una nueva ruta en Molinos y estamos trabajando para dar soluciones a Soacha.

Muchos civiles han comenzado el retorno a sus hogares a pie y por otros medios debido al cierre de la operación en Transmilenio.

Foto:

Néstor Gómez / EL TIEMPO

¿Cómo están los conductores y el personal?

Afectados, porque da miedo en una situación de esas. Son héroes dándolo todo por servir a los bogotanos y llevarlos a sus casas. Hemos tenido cerca de 72 agresiones físicas a personal en vía. Ninguna ha trascendido a mayores, pero no hay que minimizarlo. Esto no puede pasar.

¿Cuál es el costo estimado de los daños?

Hay un costo asociado a la infraestructura, digamos que está rondando los 10 mil millones de pesos. Por supuesto estos costos, además de haber aseguradoras y demás, algunas cosas sí se deben pagar de nuestros impuestos.

TM ya traía un déficit de 2,4 billones de pesos. Si le sumamos los costos del vandalismo, ¿eso empeora las finanzas?

Yo separaría las situaciones. El déficit del covid afecta la situación financiera y el vandalismo, la movilidad de los usuarios.

Sobre los 2,4 billones estamos trabajando con la Secretaría de Hacienda y con el Gobierno Nacional para poder garantizar esos flujos adicionales que se requieren para que sigamos prestando el servicio.

Con la caída de la Reforma y la salida del Ministro Carrasquilla, ¿ese salvavidas del Gobierno Nacional al déficit de TM tambalea?

La necesidad sigue extiendo. Seguiremos trabajando con el nuevo Ministro y con la Secretaría de Hacienda en que esos recursos existan.

La idea de crear un operador público de transporte en Bogotá sigue avanzando, ¿esa es la solución o parte de la solución para aliviar el billonario déficit del sistema?

Hay dos cosas. Va a permitir que haya un conocimiento mucho más profundo de la operación y trabajar de la mano de los operadores que existen hoy. Lo segundo es resolver la pregunta si esto tiene un costo asociado, mayor, menor o igual, que responda a las necesidades de la ciudad.

Toca rodear ala operador público. No puede permitirse que se politice, o si no vamos a tener un operador no eficiente. Necesitamos lograr mejores resultados, teniendo en cuenta que se está prestando un servicio social.

Ana Puentes y Guillermo Reinoso Rodríguez
Redacción Bogotá
@BogotaET

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