Luz Esmilda Bernal tenía 48 años y trabajaba cosechando café en la vereda Arayón del municipio de San Francisco, Cundinamarca. Era madre de cuatro hijos y había tenido una relación sentimental de tres años con José Alfredo León, de 52 años. Él decía quererla, pero no tenía problema en golpearla y maltratarla sicológicamente con frecuencia.
Eso colmó la paciencia de Luz Esmilda, y el día que reunió el valor suficiente decidió denunciarlo ante la Comisaría de Familia de su regional; así, le otorgaron una medida de protección restrictiva para que León no se le acercara. Pero, como ocurre la mayoría de las veces, el papel con la orden no logró protegerla.
El pasado 27 de abril, en pleno aislamiento, León la siguió mientras ella regresaba a su casa y, antes de que pudiera entrar, le disparó en repetidas oportunidades, causándole heridas de gravedad.
Luz Esmilda fue llevada al centro de salud de San Francisco y luego fue trasladada hasta el Hospital San Rafael de Facatativá. Allí murió.
Gracias a la presión de los habitantes, los testimonios de la gente y el apoyo de las autoridades locales, José Alfredo León fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad, la primera semana de mayo.
Cuatro hijos y una familia la lloran, la extrañan y esperan justicia real. La misma que claman las madres, hijos, hermanos y amigas de otras 98 mujeres y niñas, que han sido víctimas de feminicidio en 2020.
Ese es el número de casos, con rostros y nombres, que la campaña No Es Hora De Callar ha documentado entre el primero de enero y el 18 de junio de este año. Son 99 mujeres y niñas asesinadas en nombre del amor, porque ese es el argumento que esgrimieron sus victimarios cuando fueron capturados o a través de cartas y mensajes, desde la clandestinidad.
Y ni siquiera en un crimen tan atroz hay unidad en las cifras. La Fiscalía solo tiene registrados 76 feminicidios, con un 96 por ciento de investigación preliminar –como indica un informe de la entidad que habla de “esclarecimiento”–, lo que no significa que los casos estén resueltos ni que vayan a terminar en una judicialización y condena del victimario.
Prevención y justicia, las deudas
“El feminicidio es la expresión más grave de la violencia contra la mujer y es la culminación de un ciclo de violencias basadas en género. Esta conducta no es un hecho aislado. Desde la Defensoría del Pueblo hemos podido identificar que los feminicidios presentan comportamientos anteriores de violencia contra la mujer. Por eso es fundamental que las autoridades nacionales y regionales puedan prevenir esta conducta a tiempo”, señaló en diálogo con EL TIEMPO el defensor del Pueblo, Carlos Negret.
Él hace énfasis en la necesidad de revisar las medidas de protección y de prevención, que es lo que está fallando, y reitera su preocupación por “el aumento de las violencias basadas en género en el marco de esta cuarentena; no podemos dejar que la pandemia las invisibilice”.
De acuerdo con Carolina Mosquera, investigadora de la Corporación Sisma Mujer, más de una tercera parte de las víctimas de los feminicidios ocurridos entre el 2014 y 2017 había pedido protección y justicia. Para ella, esto evidencia que el Estado no está garantizando la seguridad de las mujeres con alto riesgo de feminicidio.
Lo mismo opina Yamile Roncancio Alfonso, directora de la Fundación Feminicidios Colombia, quien además señala que la poca capacitación en asuntos de género en el país lleva a que las violencias denunciadas se reduzcan y se consideren exageradas.
“Las administraciones, a través de sus comisarías de familia, no han entendido que cuando hay una denuncia debe responderse rápidamente y proteger a las mujeres y a sus hijos e hijas”, señala Yamile.
Esto, sin contar la falta de acción del aparato de justicia. De la cifra total de casos (76) que tiene registrada la Fiscalía, solo en cuatro hay condena contra el agresor y apenas 13 han tenido una audiencia de imputación de cargos.
Los demás están en etapa de indagación o de juzgamiento, lo que no implica un avance sustancial en los procesos.
“El clima de impunidad es un incentivo para que los agresores reiteren y escalen su conducta. El abordaje integral de las violencias contra las mujeres y el oportuno acceso a la justicia pueden salvar y garantizar una vida digna y libre de violencias a muchas mujeres y niñas”, agrega Carolina Mosquera, de Sisma Mujer.
Sin embargo, que no haya suficientes sentencias condenatorias no depende únicamente de la Fiscalía. “Tenemos un aparato judicial que está inmerso en dilaciones y congestión. Y además de eso hay defensores, incluso de la Defensoría del Pueblo, que están dilatando procesos”, asegura la directora de Feminicidios Colombia.
Investigación incorrecta
Además del impacto simbólico y social que tiene no investigar un caso de feminicidio, hay implicaciones de tipo legal.
La Ley 1761 de 2015 o Ley Rosa Elvira Cely, que tipifica este crimen como un delito autónomo, es clara en que el agresor no puede hacer preacuerdos con la Fiscalía y que la rebaja de pena, en caso de que llegue a aceptar unilateralmente los cargos ante un juez, es mucho más reducida que la de otro crimen.
Por eso, no se concibe que en las salas de audiencias, los victimarios sigan argumentando que “era tanto el amor que sentía por ella, que prefería verla muerta que con otro, porque sencillamente ese inmenso amor no lo podía soportar”. Ese fue parte del relato de Vicente González, en abril de 2019, al aceptar que degolló a su esposa.
Para Carolina Mosquera, investigar un feminicidio como lo que es, un crimen de odio, permite sacar de la esfera privada las violencias contra las mujeres, “así como nombrar social y jurídicamente la máxima expresión de las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, en una sociedad patriarcal y discriminatoria”. Cuando no se hace, se está silenciando la violencia de género.
Bajo el mandato del código penal colombiano, una persona que comete un homicidio y acepta los cargos puede acceder a una rebaja de hasta el 50 por ciento de la pena total. En el caso del feminicidio, la Ley 1761 señala que la rebaja máxima será del 25 por ciento.
“Estos feminicidas se ven abocados a una pena de entre 41 años y 60 años de prisión”, afirmó la semana pasada Carmen Torres Malaver, delegada para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía. Sin embargo, la pena máxima de 60 años solo aplica si hay concurso de delitos. Por ello, para que a un victimario se le imponga esa cantidad de años de cárcel debe haber cometido otros crímenes junto al feminicidio.
Según la ley, la primera hipótesis de investigación de la muerte de una mujer siempre debe ser el feminicidio, hecho que recalcan el defensor del Pueblo y la investigadora de Sisma Mujer.
Esa es la principal denuncia de las organizaciones de mujeres, las cuales recalcan que no hay capacitaciones de enfoque de género a las autoridades, con el fin de que entiendan las particularidades del feminicidio y de la violencia en contra de las mujeres. O porque para algunos funcionarios es más sencillo y expedito, en términos investigativos y de justicia, considerarlos un homicidio común.
Lo cierto, al revisar los casos y las historias, es que las víctimas buscaron ayuda, estaban atrapadas por el miedo y el acecho del agresor y solo querían sentirse y verse amadas. Cada feminicidio tiene un rostro. Cada nombre, merece justicia.
Pandemia del feminicidio: 99 mujeres asesinadas en lo corrido del 2020
Pandemia del feminicidio: 99 mujeres asesinadas en lo corrido del 2020
Los casos incluyen empalamiento, incineración, abuso sexual, tortura y descuartizamiento. La mayoría de las víctimas ya habían denunciado las agresiones de sus exparejas.
Bogotá, uno de los puntos neurálgicos para los feminicidios
Durante la cuarentena el único delito que no disminuyó en la ciudad fue el feminicidio, que tuvo un aumento del 8,6 por ciento en comparación con el 2019.
En Bogotá la situación es alarmante. Durante la cuarentena el único delito que no disminuyó fue el feminicidio, que tuvo un aumento del 8,6 por ciento en comparación con el 2019; esto puso en alerta a las autoridades y obligó a hacer un consejo extraordinario de seguridad para poner sobre la mesa la violencia de género en la capital.
La decisión no es para menos. En lo que va del 2020, según las cifras de No Es Hora De Callar, en la capital se han registrado once feminicidios, pero, en el reporte de la Fiscalía General solo aparecen siete. Los crímenes han sido atroces y demuestran la sistematicidad de la violencia machista naturalizada.
EL TIEMPO habló con Diana Rodríguez Franco, secretaria de la Mujer de Bogotá, quien reconoció que este incremento obligó a que el Distrito se hiciera una autocrítica con respecto al manejo que le están dando a la protección de las mujeres que están en riesgo de feminicidio.
“Tenemos que ser más proactivos, tenemos que salir y llegar a las casas, a los barrios”, señaló. Además afirmó que iniciarán campañas pedagógicas con el personal de las comisarías de familia y de las URI, esto debido a que, en la mayoría de los casos, las mujeres ya habían denunciado a sus agresores por violencia física y psicológica, sin embargo, al presentar su denuncia, los casos son minimizados por las mismas autoridades.
Ante este panorama y gracias a la emergencia nacional por feminicidios, el Distrito decidió tener un comité de violencia basada en género que se reunirá todos los martes. En este espacio participará la secretaría de la Mujer, la secretaría de Seguridad, la Fiscalía, Medicina Legal y otras instituciones, y, según Rodríguez, tendrá las funciones de monitorear cada uno de los feminicidios ocurridos en la capital, hacer seguimiento y proteger a las mujeres que están en alto riesgo de ser asesinadas.
Los feminicidios en la ciudad también han puesto de manifiesto la falta de cultura ciudadana entorno a la violencia de género. En la mayoría de los casos los vecinos de las víctimas han manifestado haber oído los gritos de auxilio o los golpes, sin embargo no hay ninguna reacción.
Según Beatriz Quintero, directora de la Red Nacional de Mujeres, esto obedece a que “la sociedad no ha entendido que la violencia contra la mujer es un problema de todos, se sigue creyendo que es un problema de puertas para adentro”, puntualiza.
Al respecto, la secretaria de la Mujer invitó a la ciudadanía a pensar en que "nunca es una exageración". Señaló que, si bien hay responsabilidad de las autoridades, en Bogotá hay que hacer un ejercicio de desnaturalización de la violencia. "Si la gente se queda esperando a que los gritos sean más fuertes o a que haya más golpes la próxima vez, cuando quieran denunciar, esa mujer puede estar muerta”, aseguró.
Para Beatriz Quintero la cuarentena puso de manifiesto una realidad que se pensaba era un problema de lo íntimo, y con la emergencia nacional por feminicidios, que es un llamado a la sociedad, lo que se busca es “entender que es responsabilidad de todos”, dijo.
Cabe resaltar que solo en el aislamiento, la Línea Púrpura, habilitada para reportar y pedir ayuda en casos de violencia, ha recibido más de 15.000 llamadas; el 25 por ciento fue por violencia física. Este número de llamadas demostró un aumento del 230 por ciento en los reportes, lo que evidencia que tal y como indica la directora de la Red Nacional de Mujeres, “la casa es el lugar más peligroso para las mujeres, en donde más violan y más matan”.
Beatriz y Diana concuerdan en que el aumento de feminicidios dejó entrever el problema que hay en la forma en la que se atienden los casos cuando hay una primer denuncia por violencia. Concluyen en que no hay un ciclo completo en la atención para que cada autoridad haga lo que le corresponde a tiempo.
Créditos:
Laura Andrea Torres
NO ES HORA DE CALLAR
Ana María Montoya Z.
Redacción Bogotá
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Apoyo en contenido multimedia:
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Ilustración:
Rowena Neme
Coordinación:
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Subeditora de EL TIEMPO
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