No sé en qué momento ni cuándo ni cómo, pero llegará el día en que esta ciudad tendrá que hacer un pacto de no agresión y un pacto de tolerancia con las decisiones que se toman.
No es dable ni sano para Bogotá que cada decisión importante que adopta el Gobierno sea un juez quien termine avalándola, bien porque la Administración no tiene capacidad de generar consensos o porque grupos de ciudadanos con argumentos más efectistas que reales deciden qué se hace y qué no se hace.
Muchos dirán que esa es la democracia y que en democracia terminan decidiendo las mayorías. Pero ese es el punto: las mayorías en Bogotá no existen, lo que existe es capacidad de hacer ruido, grupos con espacios o con aliados en medios de comunicación para divulgar sus puntos de vista o que son capaces de volver viral una verdad a medias. Y sumen en ese escenario a los profesionales de la política, a quienes no los mueve ni siquiera el interés ciudadano sino los réditos electorales que de una situación como estas se puedan derivar.
Hay varios ejemplos para mostrar: un grupo importante de vecinos se opone a que la Administración intervenga el parque Japón porque les van a cortar varios árboles y a construirles una cancha de microfútbol “para que jueguen los obreros”; otros no quieren que se siembren ciertas especies ni que se toque el parque El Virrey porque son los ‘cuasidueños’ del mismo. Algunos se irritan porque vienen las obras de la carrera séptima “y nos van a traer a la chusma de Usaquén”, calculen.
Y no es solo un tema de estratos. Un grupo de vecinos se opone al puente elevado que se hará sobre el Juan Amarillo para comunicar, en el occidente, dos localidades importantes: Suba y Engativá, con el argumento de que se va a ver afectada la seguridad del sector o se dañará el humedal. ¿Pero han dicho algo de los diez pasos ilegales que ya existen?
En los tiempos de hoy solo el poder de los argumentos y la razón son capaces de salirle al paso a las redes sociales
Por si fuera poco, hay candidatos a la Alcaldía preguntando si existe algún mecanismo legal para frenar la construcción de la troncal de la séptima y el metro, como si a la ciudad ya no le hubiera costado suficiente tanta indefinición.
A otro juez también le valió cinco una decisión del Concejo –elegido por los mismos bogotanos– y suspendió la venta de la ETB. Se paralizó la enajenación de una empresa que morirá por inanición. ¿Para qué el Concejo?, me pregunto.
De la troncal de la avenida 68 no existen ni siquiera diseños y ya hay políticos azuzando a la gente para que se oponga a la obra.
No se trata de dejar que el Gobierno haga lo que quiera, ni más faltaba. Por supuesto que le cabe parte de responsabilidad si no adopta estrategias a la hora de explicar hasta la saciedad lo que quiere hacer, el impacto que tendrá y cómo actuará en consecuencia. Hay que hacerlo con obras grandes o pequeñas. De lo contrario aparecerán los oportunistas para tergiversar el mensaje.
A veces la palabra consenso genera urticaria entre ciertos funcionarios públicos, incluyendo al alcalde, pero ellos también tienen que entender que en los tiempos de hoy solo el poder de los argumentos y la razón son capaces de salirle al paso a las redes sociales. Y eso solo se consigue hablando, escuchando y aceptando sugerencias. Los tiempos de la imposición son tiempos idos.
Si seguimos en esta tónica, no nos extrañemos de que en la contienda electoral que se avecina sean los mensajes obscenamente mentirosos los que pulularán en el discurso político y en los mensajes a la ciudadanía.
¿Es mi impresión o... la fiebre por las patinetas eléctricas llegó para quedarse, con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva?
ERNESTO CORTÉS FIERRO
Editor Jefe de EL TIEMPO
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