En los casos de los colegios Marymount y Ciudadela Colsubsidio, lo primero que debo reconocer es el valor de las familias y las mujeres que salieron a denunciar a un abusador sexual. Lo segundo es repetir el principio fundamental que cualquier institución y adulto responsable debe tener presente: ningún niño o niña dice mentiras para meterse en problemas; siempre dicen la verdad, por más incómoda que sea para salir del problema. Línea final, a la niñez se le cree.
Después de tener estos dos elementos presentes, quisiera profundizar en un concepto que venimos trabajando desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el marco de la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes: el cambio de normas, culturas y valores que han normalizado conductas violentas hacia la niñez, que en ninguna circunstancia pueden considerarse propias de un Estado que tiene como principio constitucional la preponderancia de los derechos de los menores de 18 años.
Violentar física, psicológica o sexualmente a un niño o niña claramente cercena y vulnera los derechos individuales, pero también genera un impacto nocivo para la sociedad en general, le pone frenos al desarrollo social pleno de todos quienes hacemos parte de este colectivo llamado Colombia.
En un momento de tanta polarización, creo que este es un elemento que nos debe unir como sociedad; la niñez se respeta porque es claramente la única esperanza que tenemos para forjar una humanidad distinta. Durante 2021, el ICBF abrió 37.567 procesos administrativos de restablecimiento de derechos por causas violentas; de estos, 18.616 fueron por violencia sexual. Hay casos que nos estremecen y nos generan indignación porque los medios de comunicación nos los muestran de manera clara y franca; sin embargo, olvidamos que son 51 casos diarios por violencia sexual en nuestro país.
Las instituciones, las empresas, los colegios, las entidades públicas y privadas tienen en su interior gente. Talento humano que trabaja para hacer viable cualquier propósito, misión y visión; pero esas personas son el reflejo de una sociedad que ve como normal golpear a una niña o a un niño para corregir acciones que aún desconoce como errores. Adultos quienes, aprovechándose de la inocencia de los años y del poder que ostentan por sus cargos, cometen abusos contra la dignidad física, moral y sexual.
Y si desagregamos las estadísticas, que no son meros números, es evidente que esta sociedad tiene un odio marcado por sus mujeres: de todas las cifras y de todas las violencias, en su mayoría son siempre las niñas las que ven sus derechos maltratados.
En cuanto a violencia sexual, en el 86 % de los casos la víctima es una mujer; una niña que busca seguir abriéndose camino en un modelo de sociedad patriarcal arcaico, que limita la capacidad de crecimiento y desarrollo pleno al no permitir que las mujeres seamos sujetos activos de la innovación y la transformación social de nuestro país.
Las violencias se apalancan de la permisividad de una sociedad que ve con ojos ponderados acciones y comportamientos que deben ser rechazados en todo momento.
Somos corresponsables del cuidado y la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia. Sociedad, familia y Estado debemos garantizar en todo momento que nadie pueda vulnerar el presente y el futuro de una nación. En este sentido debemos denunciar ante las autoridades competentes y se deben activar los protocolos que ya existen en la ley; pero, sobre todas las cosas, se debe cambiar la cultura y debemos insistir en formar ciudadanos plenos y conscientes de sus derechos, empezando por sus derechos sexuales y reproductivos, con criterios de respeto por sí mismos y por los otros, con el ánimo de tomar decisiones autónomas que siempre protejan el bienestar individual y colectivo.
LINA ARBELÁEZ
Directorta general del ICBF