El inesperado trancón que se presentó en la mañana de este viernes a la altura del cerro de Monserrate sobre la avenida Circunvalar fue el anuncio de un gigantesco operativo de desalojo y recuperación de 5 hectáreas de reserva forestal invadida de forma ilegal hace 10 meses por más de 250 personas, entre adultos y menores de edad.
Televisores plasma, neveras, lavadoras, grabadoras, planchas, entre otros electrodomésticos que se conectaban a través de cables que bajaban de forma ilegal de los postes de la luz, así como muebles de comedor, juegos de sala, bicicletas, colchones y bolsas de ropa fueron sacados del cerro, inventariados y llevados a una bodega para que los propietarios los recojan de forma oficial.
El operativo se hizo luego de varias ofertas de servicios institucionales que los invasores, argumentando ser desplazados, en principio rechazaron. Pero luego de varios hechos de violencia entre ellos, algunos decidieron abandonar esa invasión ilegal y aceptar la ayuda. Otros decidieron permanecer allí.
El trasfondo de esta invasión se comenzó a revelar el pasado 2 de agosto, a eso de la 1:45 de la tarde, como en su momento lo publicó EL TIEMPO, cuando quedó en evidencia parte del conflicto interno entre dos bandos que se disputaban el poder del terreno para quedarse con la mejor tajada de los cerros y, al parecer, con el pago de sumas de dinero que exigían a quienes allí residían.
En un informe oficial que conoció este diario, dos hombres identificados como Urbalit Mendoza Tolosa, alias la Araña, y Harold Rodríguez Medina, alias el Caleño, se tranzaron en una disputa a machete, palo e incluso bala, por tener el control de la zona y de las familias que allí habitaban. Según el reporte oficial con el radicado 2016-032-008533-2, ese día los propios habitantes de ese asentamiento ilegal pidieron auxilio al CAI de Monserrate por una riña entre los dos bandos. (Lea también: Debate sobre incumplimiento de fallo que regula cerros orientales)
Cuando los uniformados se aproximaron al sitio, comenzaron a sonar varias detonaciones con arma de fuego, lo que puso en evidencia la disputa de ese territorio y al mismo tiempo, el riesgo y la zozobra de los habitantes. Según el reporte policial realizado con las versiones entregadas por los habitantes, el arma fue accionada por alias el Caleño.
Los del otro bando tomaron venganza: se armaron con palos, piedras y machetes, ingresaron al cambuche de Rodríguez Medina –a quien, al parecer, le robaron sus pertenencias– y luego lo agredieron en la cabeza con un arma blanca. La Policía le prestó protección, custodia y el traslado al Cami de la Perseverancia para que fuera atendido por las heridas.
Esa no fue la única vez que estos grupos se enfrentaron. Amalia Díaz Rivera, esposa del ‘Caleño’, había solicitado una medida de protección ante las amenazas del otro bando, las cuales se concretaron a comienzos de agosto, cuando los sacaron a machete, palo y piedra de la zona.
Esta era tan solo una parte de la problemática que se vivía dentro de esa invasión ilegal.
Según el relato de las autoridades, el poder se concentró en la ‘Araña’, quien presuntamente comenzó a pedir dinero y a presionar para no aceptar ayudas del Distrito, con tal de quedarse con la zona, enmarcada en el cruce sentido sur-norte y norte-sur de la avenida Circunvalar entre calles 22 y 23.
El operativo de este viernes se prolongó por más de 12 horas y, al caer la noche, el impacto de lo que allí pasó salta a la vista. Cálculos extraoficiales señalan que en esas cinco hectáreas, los invasores podrían haber destruido más de 20.000 árboles e impactado la zona de forma negativa: se tardaría hasta 20 años devolverla a su estado nativo.
Durante las próximas horas, las autoridades ambientales realizarán un balance de los daños causados a esta reserva forestal, que, además de ser un predio público de propiedad del Distrito, está protegido, al igual que el resto de las áreas forestales de los cerros orientales, por el fallo del Consejo de Estado de noviembre del 2013, el cual ordenó su protección y preservación.
Las autoridades distritales señalaron que de las 250 personas que estaban viviendo en ese sitio, identificado como el polígono 218, este viernes en el operativo había solo 100. Dos estaban en alto estado de exaltación y fueron conducidas a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ). Once familias fueron reportadas dentro del régimen contributivo de salud, es decir, tienen ingresos económicos.
En dos casos no hay coincidencia del número de cédula de los invasores con el nombre que entregaron a las autoridades. Hay 12 familias que reciben ayudas en el proyecto 730 ‘Mi vital alimento’. Otra persona en situación de discapacidad está en el proyecto 721 y recibe alimentos en un comedor comunitario y otras ayudas. Diez personas están en el proyecto 743 para la generación de su desarrollo por tratarse de habitantes de la calle.
En total fueron desmontados 98 cambuches con la intervención de 12 instituciones del Distrito como la alcaldía local de Santa Fe, la Defensoría del Espacio Público (Dadep), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensa Civil, la Empresa de Acueducto y las secretarías de Integración Social, Salud y Gobierno, con el apoyo de la Policía, incluido el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), el cual acordonó el área para prevenir desmanes.
Las medidas tomadas este viernes fueron la última etapa de un proceso que comenzó el 23 de agosto, cuando el Distrito notificó a los habitantes para que desalojaran de forma pacífica en los días siguientes. A esta población se le ofertó una feria social de servicios entre esa fecha y el 27 de agosto, en la Casa de la Participación de Santa Fe. Allí les ofrecieron kits de emergencia y aseo, cupos escolares para los menores de edad, alternativas de empleo con el Instituto para la Economía Solidaria y Aguas de Bogotá, información sobre cómo acceder a vivienda y, además, el servicio de trasteo.
Como 36 de las familias caracterizadas fueron identificadas como víctimas del conflicto armado, también hubo acompañamiento de la Alta Consejería para la Atención de Víctimas. Al término de esta etapa solo 10 familias, de la etnia embera, se acogieron a las alternativas y a desalojar. Los demás no quisieron salir por sus propios medios.
El alcalde local, Gustavo Niño Furnieles, dijo que “detrás de todo hay un tema amañado, porque algunos de ellos trabajan, y también identificamos que incluso algunos tienen medicina prepagada; 36 de esas familias sí son víctimas, de las cuales cinco han sido indemnizadas completamente, porque entraron a la ruta de la Unidad de Víctimas y se les dio toda la ayuda humanitaria”.
La Alcaldía Mayor anunció que continuará con este tipo de operativos para hacer respetar el espacio público de los bogotanos.
BOGOTÁ
