La actual situación que se vive en los predios de El Bagazal, específicamente en el predio El Arrayán, tiene enfrentados a la Personería Distrital y a la alcaldía de Chapinero. Una disputa que incluso ha salpicado a la anterior alcalde, Mauricio Jaramillo.
Para la Personería, la construcción de las megaobras en la Reserva Forestal de los cerros, se dio por una omisión de deberes, pues afirma que la alcaldía de Chapinero, en la pasada administración, malinterpretó las normas, lo que llevó a que los propietarios siguieran construyendo porque el sello que tenían fue retirado y el expediente archivado.
Además, a pesar de que hay nuevas faltas urbanísticas, el actual alcalde ni siquiera ha abierto una nueva investigación. Por lo que en este momento El Arrayán, que desde el 2005 está en la mira de las autoridades por construir sin licencia y afectar la reserva, a este año, no tiene ninguna investigación abierta.
Por ello, la Personería radicó una solicitud de revocatoria de la Resolución 103 de 23 de febrero 2016, (con la que la anterior alcalde de Chapinero, Mauricio Jaramillo, archivó el expediente de El Arrayán) al alcalde actual, Hernando Quintero. A quien también le ordenó el cumplimiento a la normatividad de protección ambiental (no se podrá construir, ampliar, remodelar, ni reforzar un predio que esté dentro de la reserva) y se impulse las sanciones debidas.
“En caso de que el alcalde informe que van a abrir el expediente y no lo haga, en un mes podríamos abrir una investigación disciplinaria”, según la Personería.
A pesar de que hoy continúan los avances de la obra (en la última visita realizada el 12 de enero se evidenció intervención en un techo y un ascensor), la alcaldía de Chapinero dice que están investigando, ya que los propietarios argumentan que la casa estaba a punto de colapsar por lo que tuvieron que hacer “mejoras locativas”, es decir, “aquellas obras que mantienen el inmueble en las debidas condiciones de higiene y adornos sin afectar su estructura, su distribución interior, sus características funcionales y volumétricas”, según el artículo 10 del Decreto 1469 de 2010.
En caso de que el alcalde informe que van a abrir el expediente y no lo haga, en un mes podríamos abrir una investigación disciplinaria
Pero para la Personería no se trata de mejoras locativas, sino de reforzamiento estructural, que se prueba en el material fotográfico y que se refiere a “intervenir o reforzar la estructura de un inmueble con el objeto de acondicionar a niveles de seguridad sismorresistentes”, para lo que se necesita licencia, según se lee en el artículo 7 del Decreto 1469 de 2010.
Razones para archivar el expediente, según la administración del exalcalde Mauricio Jaramillo:Irregularidad: Se selló la obra, pero no ingresaron al inmueble a constatar y notificar, por lo que la propietaria del Arrayán solicitó el levantamiento de medida cautelar de suspensión de obra y archivo definitivo del expediente preliminar por violación al debido proceso.
Mejoras locativas: No es una obra nueva, según las escrituras de la casa datan de 1992. Los propietarios argumentaron que solo adelantaron reparaciones porque la casa estaba deteriorada.
Condiciones de salud: Los propietarios dijeron que allí vivía una adulta mayor
con problemas de movilidad, por lo que necesitaban ajustar un ascensor.
Reserva forestal: Las obras de ampliación, remodelación y reforzamiento están prohibidos en la Reserva Forestal.
No eran mejoras: Para la Personería, lo que se hizo en El Arrayán fue un reforzamiento estructural, porque era evidente que la estructura y las fachadas se intervinieron de manera volumétrica.
Ascensor: Bajo la excusa de reparaciones locativas, instalaron un ascensor, que incluso debe tener licencia.
Así lucía, en el 2015, el ascensor antes de ser intervenido. La Personería pide investigar su legalidad.
Cortesía Alcaldía de Chapinero
Así luce ahora el ascensor. La propietaria asegura que necesitaban un elevador para una adulta mayor con problemas de movilidad que vivía en la casa.
Cortesía Alcaldía de Chapinero
En el 2015 se instalaron tuberías para la conducción de agua. También se reemplazaron redes eléctricas, bajo el concepto de mejoras locativas.
Cortesía Alcaldía de Chapinero
La propietaria solicitó un permiso durante la pasada administración, para trabajar fines de semana y en las noches para terminar rápido con las adecuaciones. El permiso fue otorgado.
Cortesía Alcaldía de Chapinero
En el 2015, la pasada administración evidenció demolición de muros en la casa, también de la ampliación de dos niveles y de más de 10 obreros trabajando en la obra.
Cortesía Alcaldía de Chapinero
En la última visita realizada por la alcaldía de Chapinero, evidenciaron un techo que podría ser una nueva infracción de los propietarios de El Arrayán.
Cortesía Alcaldía de Chapinero
En la solicitud para revocar la Resolución 103 de 23 de febrero 2016, (en la que la anterior administración archivó el expediente de El Arrayán), la Personería le dice
al actual alcalde Hernando Quintero que, a pesar de evidenciar las faltas urbanísticas el pasado 11 de mayo de 2016, aún no haya dado apertura a la investigación, incluso, “ha pasado un año desde que se archivó el expediente y tampoco se han adelantado actuaciones que corrijan esa omisión de deberes”.
Para la Personería, el alcalde Quintero tiene argumentos suficientes
para revocar la Resolución 103, pero, según el alcalde Quintero, esta administración
busca encontrar nuevas infracciones del propietario de El Arrayán, para abrir la investigación.
“Estamos tomando las pruebas para darle la apertura que corresponde, incluyendo las pruebas del expediente anterior, por eso debemos determinar muy bien qué es
lo realmente nuevo, porque son obras que se han hecho en el mismo predio”, dijo el alcalde de Chapinero.
En este momento se encuentran estudiando si un techo y un ascensor se construyeron después de haberse archivado el expediente y si son o no mejoras locativas como siguen argumentando los propietario de El Arrayán.
El desvío de la quebrada Rosales por parte de los predios del Bagazal, fue uno de los impactos más notables que ha recibido la reserva de los cerros. En el caso del Arrayán, la anterior alcaldía, tras una visita ocular, ordenó demoler un muro que captaba este cuerpo de agua, que más tarde se habría secado.
Lo curioso es que en 1984, 1997 y 2008 (según expedientes de la alcaldía) la CAR había
permitido a Fernando Pardo, dueño del Arrayán, en dichas fechas, la captación del agua para el uso doméstico de 32 personas hasta el 2018.
Pero, al parecer, esta licencia se habría perdido, cuando IMACO tomó posesión del predio (artículo 7 del documento de la CAR). Sin embargo, el año pasado todavía había captación de agua lo que generó una multa de 24 millones de pesos para los constructores.
Con todo esto, ni los documentos de la CAR, ni la alcaldía mencionan otros daños a
la quebrada Rosales, como la afectación a una población del pez capitán de la sabana, hecho que denunció la ONG Conservación Internacional en el 2015, a través de EL TIEMPO ZONA.
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