La construcción de un corredor verde en lugar de una troncal de TransMilenio por la carrera 7.ª ya tiene vía libre. Un acuerdo entre el demandante en una acción popular y el Distrito le pone fin a la discusión que en agosto del año pasado frenó la adjudicación.
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El Juzgado 23 Administrativo del Circuito de Bogotá aprobó el pacto entre la Alcaldía, el IDU y la empresa TransMilenio con el senador Rodrigo Lara, demandante en la acción popular contra la troncal por esa avenida, lo que le da luz verde a la Administración para que continúe adelante con el nuevo proyecto. El pacto se acordó el pasado 15 de octubre en una audiencia.
En ese juzgado se encuentra el último recurso contra la troncal que faltaba por resolver, pero que con la decisión de la administración de Claudia López de hacer en esa vía un corredor verde perdió todo su sustento.
De hecho, la Alcaldía logró que el nuevo proyecto quedara en el Plan de Desarrollo 2020-2023 y revocó la licitación de la troncal en julio pasado, con la anuencia de las firmas que se habían presentado. Este proyecto se encuentra en un proceso de consulta con los ciudadanos y cuenta con los recursos originalmente asignados a la troncal: 2,1 billones de pesos.
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La sentencia aprobatoria del pacto de cumplimiento sobre el corredor verde, expedida el miércoles pasado, aprueba el acuerdo entre el Distrito y el demandante, el senador Rodrigo Lara, y ordena conformar un comité de verificación en el que tendrán participación las partes y la Fundación Natura Colombia y la Secretaría de Ambiente.
Lara, en un comunicado, dijo que así se “da por finalizado el último problema de la obra de la carrera 7.ª” y aclara que el comité de verificación le hará seguimiento a la implementación de la nueva política de transporte de la alcaldesa Claudia López.
El congresista había interpuesto, el 5 de marzo de 2019, una acción popular en contra del Distrito, la empresa TransMilenio y el IDU, considerando que el proyecto de adecuación de la carrera 7.ª al sistema TransMilenio “vulneraba los derechos colectivos a la moralidad administrativa por desconocimiento al principio de planeación, al medio ambiente sano de los bogotanos y al patrimonio público”.
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Diego Sánchez, director del IDU, dijo ayer que el fallo que acepta el pacto de cumplimiento es una “excelente noticia” para el proyecto y “para poder seguir adelante con su ejecución”.
Agregó que así se están resolviendo las pretensiones del senador Lara en la acción popular. “Una era la revocatoria de la licitación; otra, la presentación de estudios que demostraran los beneficios de la obra, y la tercera, que se debía estructura y planificar una política pública de infraestructura de transporte para el corredor de la 7.ª”, explicó.
Sánchez dijo que en la audiencia del 15 de octubre se demostró que “existe una política clara sobre cómo intervenir la carrera 7.ª”, y señaló que el artículo 105 del Plan de Desarrollo da línea sobre las características que debe tener el corredor, los modos alternativos de transporte, el uso de tecnologías limpias y del espacio público, y que todo se enmarcará en un proceso de participación ciudadana.
REDACCIÓN BOGOTÁ@BogotaET
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