Al menos 460 migrantes venezolanos firmaron ayer el manual de convivencia que les permitió ingresar al campamento humanitario de carácter transitorio en el barrio Luis María Fernández de la localidad de Engativá.
El arribo al albergue, ubicado en el hogar El Camino –carrera 69 n.º 47-87–, se dio en medio de la protesta de un puñado de vecinos del barrio y algunos residentes del conjunto Entre Verde.
Al firmar el manual de convivencia, los migrantes se comprometieron a cumplir una serie de derechos y deberes que van desde horarios de entrada y salida, mantenimiento de baños, respeto por sus vecinos y compañeros, así como no vender ni consumir sustancias sicoactivas, ni portar armas ni hacer fogatas, entre otros.
Los que incumplan serán expulsados del albergue, e incluso podrían ser deportados, advirtió la secretaria Social, Cristina Vélez Valencia.
Anoche, funcionarios de las entidades encargadas del traslado explicaron a los residentes del barrio la situación que viven los migrantes venezolanos. Además, señalaron que se trata de un albergue temporal, mientras se busca uno permanente.
Según la administración, los ciudadanos extranjeros estarán allí hasta enero próximo, cuando se iniciarán obras de infraestructura en ese terreno para la ampliación de los servicios sociales del Distrito.
En un comienzo, los venezolanos estuvieron ubicados en un espacio público conocido como El Bosque –carrera 68D con calle 23, a un costado de la terminal de transporte– por cuatro meses.
Allí se pasó de tres cambuches, con unas 12 personas, a más de 80 con 300 migrantes. Con el paso de los días, la situación se fue volviendo más complicada por asuntos de salubridad, atención, seguridad y control, lo que llevó a la Administración Distrital a trasladarlos al campamento transitorio de El Camino.
Expertos consultados por EL TIEMPO coinciden en destacar la gestión que ha hecho Bogotá para la atención de los migrantes, pero hicieron un llamado a la Nación para que se articulen planes integrales de inclusión social tanto a la vida laboral como a acceso a servicios básicos de salud y educación, entre otros.
La docente e investigadora Gilma Ballesteros, doctora en estudios para la paz, considera que uno de los puntos por tratar es la sensibilización desde los medios de comunicación para romper los paradigmas de la migración que se dan con los venezolanos. Además, advierte sobre el temor de que algunas personas estén manifestando actitudes no solo de xenofobia sino de aporofobia o rechazo a los pobres.
Martha Lucía Márquez, doctora en Ciencias Sociales y Humanas y directora del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, opina que la llegada masiva de población joven se puede aprovechar para que la integración al país sea favorable.
La Administración Distrital estima que en la ciudad hay no menos de 230.000 venezolanos, de los cuales 113.000 cuentan con permiso para poder trabajar.
La tercera parte de los bogotanos tiene claro que los venezolanos migrantes deben recibir atención en salud, educación, albergue y alimento; incluso, algunos están de acuerdo con que la Alcaldía los vincule plenamente a toda la oferta distrital en servicios sociales.
La cifra hace parte de los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana del programa Bogotá Cómo Vamos 2018, la cual consultó a los bogotanos sobre qué debería hacer la Administración Distrital para atender la creciente llegada de venezolanos a la capital y que ayer, con motivo del traslado de quienes estaban alojados cerca de la terminal de transporte a un nuevo albergue, fue dada a conocer.
Entre el 2017, cuando se preguntó por primera vez, y hoy, quienes consideran que hay que prestarles servicios de atención en salud y educación pasaron de un 32 a un 35 por ciento, mientras que quienes piensan que hay que ofrecerles albergue y alimento son el 30 por ciento.
Además, el 13 por ciento de los encuestados consideran que se debe integrar plenamente a los inmigrantes en la oferta social del Distrito. Un 18 por ciento opina que no se debe hacer nada.
Ómar Oróstegui, director del programa Bogotá Cómo Vamos, señala que la encuesta evidencia que los bogotanos siguen abiertos a la atención de los venezolanos, lo que se debe aprovechar para que entre los ciudadanos “se entienda bien qué es el fenómeno de la migración, aprender las lecciones de otros países y ciudades que lo han vivido y entender que va a perdurar en el tiempo”.
De hecho, ayer, el alcalde Enrique Peñalosa invitó a los vecinos del albergue –que no se verán afectados por el traslado, según dijo– a solidarizarse “con nuestros hermanos venezolanos”.
BOGOTÁ
