Incertidumbre y preocupación son los sentimientos compartidos de secretarios de Gobierno y Seguridad del país frente a la implementación del nuevo Código Nacional de Policía.
Así lo manifestaron durante el Primer Encuentro Nacional de Secretarios, donde se reunieron los representantes de las principales capitales y debatieron sobre los impedimentos que tiene cada territorio en la implementación de este código.
No saber a ciencia cierta en qué se va a destinar el dinero recaudado de las multas, no tener claro en qué tipo de servicio social o cursos podrán participar los ciudadanos multados para no pagar el comparendo ni tener personal suficiente que se dedique a resolver las tareas que antiguamente se les destinaban a los inspectores de policía son los tres puntos sin resolver que preocupan.
“Es fundamental una serie de reglamentaciones de orden nacional que permitan dar los lineamientos correspondientes para que todas nuestras administraciones puedan hacer lo propio e iniciar o complementar la implementación del código”, afirmó el secretario de Gobierno de Bogotá, Miguel Uribe.
Desde la secretaría de Gobierno, el llamado es para que el Ejecutivo expida el decreto cuyo borrador está listo desde enero, y deje claro específicamente a qué se debe destinar el dinero recaudado y cómo será la conmutabilidad de las multas.
“En el código dice que el 60 por ciento de lo que se recaude va para actividades de promoción de convivencia ciudadana y el 40 por ciento restante, para fortalecimiento institucional, pero no está tan claro el detalle. Entonces la pregunta es: ¿qué hacemos con la plata? ¿Creamos más espacio en las antiguas UPJ, les damos más recursos a los inspectores de policía o qué hacemos?”, señaló el subsecretario de gestión local.
Otro de los temas que generan incertidumbre en todo el país es la manera correcta como cada entidad territorial deberá conmutar las multas a los ciudadanos, es decir, qué actividades específicas deberá preparar cada ciudad para que los infractores participen en ellas y con eso salden la deuda de su comparendo.
Según el balance de las autoridades sobre esta primera etapa de implementación del código, los homicidios en peleas callejeras se redujeron en 139 casos (9 por ciento menos) en todo el país, y solo en Bogotá la reducción durante el último semestre fue del 12 por ciento.
El próximo 31 de julio culmina la primera etapa de implementación del nuevo código, con su componente pedagógico, lo que quiere decir que a partir del primero de agosto entran en vigencia los cobros por comparendos.
Por eso el llamado urgente que hacen los secretarios para que les entreguen el marco reglamentario y sepan cómo actuar.
Aun así, si de aquí a agosto no hay respuesta del Gobierno, cada ciudad tendrá que recaudar el dinero de las multas y esperar hasta que se les indique qué hacer con él, y así mismo para la conmutación de dichos comparendos.
La Secretaría de Gobierno anunció que por decreto distrital empezarán a cobrar y a hacer efectivo el código, y esperarán hasta que a nivel nacional determinen en qué invertir el dinero que recaudarán de los comparendos impuestos a los infractores.
Otro de los aspectos sobre los que llamaron la atención los secretarios fue el de los inspectores de policía y sus nuevas labores.
No solo les preocupa el proceso de capacitación para estos funcionarios, quienes desde ahora asumen un rol definitivo a la hora de decidir si el ciudadano debe pagar o no la multa, sino que no se ha definido quién o quiénes asumirán sus antiguas tareas.
Por ejemplo, si un ciudadano tiene un problema porque su arrendatario no quiere desalojar el inmueble, antiguamente los inspectores se encargaban de resolver ese asunto. Con este nuevo código, los jueces quedaron a cargo, pero, debido a la sobrecarga en sus funciones, les asignaron esta tarea a los alcaldes locales o municipales.
“Hay ciudades que no han resuelto este problema, quién va a hacer estas diligencias entonces. Creemos que el Gobierno y el Ministerio de Justicia se deben meter en ese tema y darle solución. Dotar a los jueces de un equipo que se encargue puede ser una solución”, afirmó el subsecretario de Gestión Local de Bogotá.
Clemente Fajardo (secretario de Gobierno de Barranquilla)
“Hacemos un llamado al Gobierno para que reglamente la implementación de este nuevo Código de Policía”.
Samir Jalil Paz (subsecretario de seguridad de Cali)
“Estamos capacitando a los inspectores de policía, fortaleciendo la tecnología e invirtiendo en las comunas”.
William Mayorga (secretario de Gobierno de Soacha)
“Hemos logrado avances en la implementación del código y continuamos trabajando para lograr el cumplimiento óptimo”.
BOGOTÁ
