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No habrá justicia penal militar en caso de Juan Pablo González
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Los 5 policías están siendo señalados de omisión por muerte en UriSegún la fiscalía eso fue lo que hicieron cinco policías ante los golpes y la tortura de que fue objeto Juan Pablo González, el hombre señalado de haber abusado sexualmente de una jovencita de 17 años
Juan Pablo González, presunto abusador de Hilary Castro.

Suministrada por autoridades.

No habrá justicia penal militar en caso de Juan Pablo González

Juez de garantías envió a prisión a los 5 policías que podrían silenciar a otros testigos. 

Por su complicidad con el asesinato de Juan Pablo González, presunto abusador de Hilary Castro, cinco policías de la URI de Puente Aranda han recibido medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Según concepto de la Fiscalía, los uniformados, capturados el pasado lunes 21 de noviembre, tuvieron complicidad en el homicidio de González, porque no habrían intervenido cuando otros detenidos de la URI empezaron a golpear a González hasta causarle la muerte. Debido a esto, el juez 11 de garantías de Bogotá envió a la cárcel a cinco uniformados.

Así, en la noche del miércoles pasado, el juez 11 de control de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento en contra de los policías Bairon Arley González Martínez, Bladimir Sánchez Tarazona, Brayan Humberto Montealegre Angarita, Bayron Andrés Marín Tovar y Yimer Eduardo López, a quienes la Fiscalía les imputó delitos por homicidio agravado en la modalidad dolosa.

Justicia Penal Militar

Aunque en medio de la audiencia uno de los abogados de la defensa argumentó que al ser este un caso que involucraba a policías en servicio debería ser tratado por la Justicia Penal Militar, el juez 11 le negó dicha petición porque consideró que por la relevancia de lo sucedido era la justicia ordinaria la que podría lograr un proceso “más justo y limpio sin intervención de la institución”.

Según el juez, su decisión estuvo marcada por el hecho de que si los policías quedaban en libertad podrían representar un peligro para el proceso judicial, pues podrían influir y silenciar a otros reclusos y uniformados que fueron testigos de los hechos la tarde del pasado 6 de noviembre en la URI de Puente Aranda, donde murió Juan Pablo González Gómez.

Otro componente clave que determinó la decisión del juez 11 fue la contundencia de las pruebas presentadas por el fiscal del caso, Daniel Gómez, quien demostró que los patrulleros estaban a una distancia mínima de donde estaban torturando a González y que, además, no hicieron nada ante sus gritos de auxilio.

REDACCIÓN BOGOTÁ
JONATHAN TORO ROMERO

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