Niegan tutela de recicladores contra la licitación de aseo en Bogotá

Por considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la igualdad, el juzgado cuarenta civil de oralidad negó la tutela interpuesta por los recicladores Luis Alberto Romero Ocampo y Gustavo Martínez Ceballos, quienes reclamaban la supuesta exclusión de esa población en la licitación del nuevo esquema de aseo para la ciudad.

Este proceso, señala la decisión, está en etapa de observación y de los respectivos conceptos por parte de las entidades territoriales y por tal razón no existe un perjuicio irremediable.

Los recicladores señalaron que en los estudios previos para recolección de materiales aprovechables en la licitación pública 001 del 2016, la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp) no tuvo en cuenta a la población que recicla en la ciudad.

El juez Jhon Erik López Guzmán dijo que ninguna de las partes entregó copia de la licitación en mención y que al revisar la página oficial de contratación (contratos.gov.co) encontró que dicha licitación está en estudio, no ha sido adjudicada y está a la espera de un concepto de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) sobre su viabilidad.

Además, el proceso está en la etapa de observaciones en la que cualquier parte que se sienta excluida puede intervenir. Por su parte, la Uaesp, entidad responsable del proceso, informó al juzgado que el trámite se adelanta cumpliendo las órdenes de las altas cortes, que obligan a vincular la población recicladora.

En este sentido, el fallo de la tutela negada le ordena a la Uaesp que cumpla con las sentencias 724 de 2003 y los respectivos autos emanados de la Corte Constitucional, en los cuales señala que los recicladores deben ser sujetos de especial protección.

Al referirse al tema, la directora de la Uaesp, Beatriz Elena Cárdenas Casas, explicó que la población recicladora sí queda en el esquema de aseo que está en proceso, que su entidad trabaja de la mano con ellos porque son los que saben la realidad del tema de aprovechamiento en la calle, pero aclaró que van a tener reglas claras, acceso cierto y seguro al material.

La funcionaria afirmó que mientras el esquema de materiales no aprovechables, que funciona con los camiones que a diario recogen en los barrios, se va a realizar por Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), es decir que los que ganen la licitación van a recoger en zonas determinadas, para el caso de los recicladores el manejo del tema va a seguir por libre competencia, como operan hoy.

Esto obedece a que en Bogotá solo hay dos o tres organizaciones de recicladores que cumplirían con los requisitos, pero que no cubren ni el 5 por ciento de esos trabajadores de oficio.

Dice el Distrito que si se abre una licitación para el aprovechamiento de materiales, se quedarían por fuera la mayoría de los recicladores y se fortalecería a determinados grupos.

Además, se incumpliría el fallo de la Corte, que obliga a su protección.

Se calcula que en Bogotá hay 21.950 recicladores de oficio de los cuales 6.935, es decir el 31 por ciento, están vinculados en alguna organización. Sin embargo, la mayoría no cumple con los requisitos para iniciar una empresa como tal.

De ahí que el llamado oficial es a la formalización y la organización con el fin de poder crear sus propias empresas y que en el futuro se puedan presentar a una licitación.

En este sentido, la orden de la Corte es que estas acciones afirmativas permitan reducir las desigualdades sociales, culturales y económicas con el fin de alcanzar una mayor igualdad, como lo establecen los pronunciamientos de las altas cortes.

“Desde que llegamos con el alcalde (Enrique) Peñalosa, lo que hicimos fue regularizar todos el tema de pesaje y pago a los recicladores y lo seguiremos haciendo. No podemos favorecer a dos o tres organizaciones y dejar por fuera al 95 por ciento de esa población”, dijo la funcionaria.

Precisamente, el pasado 20 de enero, la Uaesp le envió a la Corte Constitucional un informe de los avances en la inclusión de la población recicladora, en el que señala que en la licitación que está en proceso queda prohibido que los concesionarios (Áreas de Servicio Exclusivo) realicen actividades de recolección y transporte de material aprovechable.

En el 2002, la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB) interpuso una tutela con argumentos similares a la que acaba de ser negada. Para ese entonces la Corte Constitucional falló a favor de estos trabajadores y que dio origen a las acciones afirmativas.

Se espera que la próxima semana la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) se pronuncie sobre la viabilidad financiera del modelo que presentó la Uaesp para las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE).

La propuesta inicial fue presentada a mitad de año, pero luego de varios autos de la CRA, la Uaesp hizo una nueva recomposición de las zonas, así: la primera la integran Usaquén, Chapinero, Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz. Otra es Teusaquillo, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe, Tunjuelito, Bosa y Ciudad Bolívar. La tercera la componen Fontibón y Kennedy. La cuarta sería Engativá con Barrios Unidos. Por último, la localidad de Suba.

A diario Bogotá produce unas 6.300 toneladas de residuos que son depositados en el relleno sanitario de Doña Juana.
Se calcula que la licitación sería del orden de los 5 billones de pesos, garantiza la recolección en áreas rurales y obliga a los prestadores a nuevas obligaciones como mantener todas las áreas públicas limpias.

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