En el 2014 la comunidad LGBTI (lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual) en Bogotá no salía de la indignación, luego de que una pareja gay fuera expulsada de un reconocido centro comercial en el norte de la ciudad por darse un beso en el establecimiento. En respuesta a este acto de discriminación, cientos de personas de orientaciones diferentes a la heterosexual se besaron frente al lugar.
Ahora con el nuevo Código de Policía los sitios que realicen estos actos de discriminación, además del escarnio público al que se verían sometidos, se les sancionará con la multa tipo 4, es decir con 32 salarios diarios mínimos vigentes (a la fecha 786.880 pesos), la más alta que se contempla en la normativa. (Lea también: Denuncian discriminación a pareja gay en bar de Medellín)
Esto se debe a que uno de los pilares del Código reposa en el respeto a los grupos de especial protección constitucional entre los que se encuentran precisamente los integrantes de la comunidad LGBTI.
Una de las garantías más dicientes es el parágrafo contenido en el artículo 33 acerca de los comportamientos que afectan la tranquilidad y las relaciones respetuosas de las personas, donde se señala que: “No constituyen actos sexuales o de exhibicionismo los besos o caricias que las personas, sin importar su género, color de piel, orientación sexual o identidad de género, manifiesten como expresiones de cariño”.
Pero además, en el capítulo II del Código, que trata de los grupos de especial protección constitucional, se indica que limitar la información o suministrar insumos relacionados con los derechos sexuales de los LGBTI se sancionará con la multa tipo 3, es decir con 16 salarios diarios mínimos vigentes (393.440 pesos).
La normativa también contempla la multa tipo 4 a quien agreda a las personas de esta comunidad.
Para esta población, el Código rescata los logros que han obtenido los movimientos que agrupan a las personas con orientaciones diferentes a la heterosexual.
“El Código de Policía tiene un trasfondo proteccionista donde se sancionan las agresiones, y retoma la directiva 006 del 2010 de la Policía Nacional y la Ley 1482 ambas contra la discriminación”, afirmó Alejandro Michells, de la mesa LGBTI de Bogotá.
Sin embargo, Michells hizo la salvedad de que la normativa no está privilegiando a esa comunidad frente a otros ciudadanos: “En ningún momento estas manifestaciones de afecto pueden caer en obscenidades como relaciones sexuales en el espacio público y ahí la autoridad tiene que entrar a mediar”. (Además: Centro comercial en Barranquilla tendrá que pedir excusas a pareja gay)
Mientras que otros representantes de esta comunidad explicaron que con estas garantías del Código se tiene una nueva herramienta para combatir la discriminación a los integrantes de esta comunidad.
“La política pública LGBTI en Bogotá en múltiples ocasiones se queda corta ante las discriminación de las que son objeto las personas en razón de su orientación sexual y el Código, que es una ley de la República, permite darle más dientes a toda esta apuesta del alcalde Enrique Peñalosa en contra de la exclusión”, explicó Juan Carlos Prieto, director de Diversidad Sexual de la Secretaría de Planeación.
De hecho, uno de los problemas para enfrentar la discriminación contra los LGBTI es que el Estado cuenta con pocos datos y en ocasiones poco fiables sobre agresiones o segregación a esta población. “Existe una naturalización de la violencia para las personas con orientaciones diferentes a la heterosexual por lo que hay una baja denuncia. A esto se suma que las políticas públicas para estos sectores son muy recientes y se están posicionando hasta ahora en comisarías de familia y en otros espacios de denuncia”, indicó Prieto.
En este sentido, la Dirección de Diversidad Sexual ha venido realizando mesas de trabajo con las autoridades para capacitarlos en el nuevo Código y así garantizar los derechos de las personas LGBTI.
En la última medición de la Política Pública LGBTI que se realizó en el Distrito, y que fue elaborada en el 2014, el 69,4 % de los consultados expresó haber sido discriminado o que alguno de sus derechos fue vulnerado.
De ellos, las personas transgénero fueron los que más manifestaron ser excluidos por razón de su orientación sexual. Precisamente esta población fue a la que más se le habría vulnerado el derecho a la educación y a la que más se habría agredido en el espacio público.
Esto se contrapone a la baja denuncia por parte de la comunidad LGBTI, un ejemplo es que entre el 2015 y el 2016 se registraron 10 denuncias por agresión y una por discriminación ante la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de Planeación.
BOGOTÁ
