El pasado 23 de noviembre la Personería Distrital denunció que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) pagó 2.940 millones de pesos por la compra y puesta en servicio de un radar meteorológico Doppler –que ayudaría a prevenir emergencias por fenómenos climáticos–, el cual no opera. Además, según lo advirtió la entidad, el contrato fue liquidado sin tener las cuentas claras con el contratista.
El sofisticado radar cuenta con una tecnología que permite monitorear en tiempo real la generación y desplazamiento de nubes, tormentas eléctricas o granizadas, además de hacer seguimiento a incendios forestales, apoyar el pronóstico del tiempo y verificar la presencia de agentes contaminantes atmosféricos.
La licitación de la obra fue adjudicada en el 2014 a la empresa Unicom SAS, quien se comprometió a “entregar, instalar y poner en servicio un sistema de radar meteorológico Doppler”.
EL TIEMPO conoció el documento que el Idiger entregó a la Personería en respuesta al Informe de Seguimiento a la Gestión Pública, que hizo el órgano de control en relación al proceso de contratación para la puesta en servicio del radar.
Según el Informe de la Personería, el equipo que ya está instalado, “funciona pero no opera”, sin embargo, y pese a que la entrada en funcionamiento hacía parte de los compromisos del contrato, este fue liquidado el 13 de septiembre de 2016.
En principio, cuando fue anunciada la compra del radar, el entonces director de Idiger, Javier Pava Sánchez, dijo que el equipo comenzaría a operar en agosto de este año, sin embargo, los avances en ese sentido son pocos, hasta el momento el radar está ubicado en el parque San Cayetano, en la localidad de Engativá y funciona, según el Idiger, en fase uno, de las tres que están contempladas.
No obstante, el contrato liquidado no hace mención de ninguna fase para la operación de dicho equipo, sino de “fabricación, entrega, instalación y puesta en servicio de un sistema de radar meteorológico”.
Además, también se presentaron demoras para definir el sitio de ubicación del radar, producto de la ausencia de planeación de la obra. El Instituto tenía un estudio técnico en el que contempló inicialmente tres lugares para ser instalado: el Cerro Samper, en el embalse de San Rafael en La Calera; el Tanque Sierra Moreno en la localidad de Ciudad Bolívar; y el Cerro Sucre, en la localidad de Chapinero.
Sin embargo, los análisis resultaron no ser óptimos, desvirtuando la calidad de los mismos. Así, las demoras en decidir el sitio generaron dos prórrogas que el contratista asoció a situaciones ajenas a su labor.
Sin embargo, Idiger negó dicha apreciación y señaló que “el sitio de ubicación del radar se estableció desde el pliego de condiciones porque el mismo debía ser el resultado del diseño del radar”.
Otro de los vacíos en el proceso de contratación que denunció la Personería, tiene que ver con la etapa de capacitación para el manejo tecnológico del aparato. Frente a esto el Idiger asegura que “cumplió con la capacitación solicitada”, y en cumplimiento de ella varios de sus funcionarios participaron de cursos de formación en los que se involucró personal de la Fuerza Aérea y del Ideam.
Sin embargo, el Instituto admite que no cuenta con meteorólogos para la interpretación de los datos suministrados por el radar que permita hacer pronósticos del estado del tiempo, para lo cual ha suscrito un convenio con el Ideam, entidad que según el Instituto “tiene el personal, la experticia y la competencia dada por la Ley para prestar este servicio”.
Otro de los factores que preocupan es que la obra no tiene previsto el tiempo de su funcionamiento, cada cuanto se debe hacer el mantenimiento y en caso de requerirse alguna reparación cómo debe ser el procedimiento a seguir.
La respuesta del Instituto es que de acuerdo con la propuesta presentada por la empresa Unicom SAS, la vida útil del radar es superior a diez años, –aunque no mencionan un número de años en particular–, periodo en el cual se garantizará el suministro de repuestos requeridos. Además, cada seis meses, se adelantará una visita de mantenimiento preventivo que es “obligatoria e independiente de una eventual visita de mantenimiento que se realice.
Finalmente la Personería denuncia que pese a que el contrato fue liquidado hace varios meses y a que el Distrito canceló el 95% del valor del mismo, a la fecha no hay claridad sobre si el radar y los elementos que lo componen, están exentos del impuesto del IVA.
En ese sentido el Idiger afirma que actualmente se están realizando los trámites legales ante la Dian para proceder a la devolución del Rete IVA del 15% retenido, declarado y pagado. Además señala que se comunicó con la empresa contratista para que hiciera lo propio con el 85% del IVA declarado y pagado.
Entre tanto la actuación disciplinaria que interpuso la Personería Distrital ante la Fiscalía General de la Nación sigue su curso, y se espera contribuya a aclarar la situación y a determinar los responsables de las demoras en la obra.
DEISY ALEJANDRA ÁVILA
ELTIEMPO.COM