La Fiscalía acusa a Calderón de hacer parte de una organización delictiva dentro de la Contraloría de Bogotá, que presuntamente pedía mordidas (sobornos) a contratistas e interventores de obras públicas en las localidades.
Durante una audiencia pública, este viernes en los juzgados de Paloquemao, el organismo investigador le imputó los delitos de concusión en concurso heterogéneo con cohecho propio, prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de particulares.
El juez 38 penal de garantías legalizó la captura del sindicado, que se realizó este jueves a las 11:45 de la mañana en las instalaciones de la Contraloría de Bogotá, en la calle 26 con carrera 32A y le dictó medida de aseguramiento con detención domiciliaria.
Omar Ricardo Calderón Camacho, funcionario de la Contraloría de Bogotá, en los juzgados de Paloquemao. Foto: Hugo Parra
Según el relato de la Fiscalía durante la audiencia, que se ha prolongado por más de siete horas este 30 de diciembre, dentro de la organización de corrupción se acordaban dineros, se distribuían actividades entre los miembros de la organización delictiva, en la que Calderón pactaba las citas, facilitaba las reuniones y coordinaba las entregas de dinero. Era él, según dijo la Fiscalía, quien elaboraba los informes sobre los hallazgos o presuntas irregularidades, pero sin firmar. Calderón Camacho no aceptó los cargos.
El sindicado, que está vinculado a la entidad desde 1986, fue capturado en presencia de sus compañeros de trabajo que lo vieron salir acompañado de los funcionarios de la Fiscalía que lo llevó al bunker, sede principal del organismo investigador.
La Fiscalía lo señala como coautor de los delitos imputados por considerar que se asoció con otras personas para acordar sumas de dinero a cambio de solucionar procesos fiscales a los contratistas. Calderón era la persona encargada de enviar mensajes de texto para coordinar y citar a Hermelina. También es señalado de ayudar a ingresar 30 millones de pesos en efectivo a la Contraloría, como parte uno de los sobornos.
En la mira de la Fiscalía hay otras dos personas señaladas de corrupción. Una de ellas es Hermelinda del Carmen Angulo Angulo, que tiene 29 años como funcionaria en la Contraloría y al parecer es la persona que habla en una grabación de audio que tienen los investigadores. En ella, la mujer le pide 60 millones de pesos al interventor de una obra vial en Usme, Humberto Bohórquez.
La otra persona que está en la mira de la Fiscalía es Gabriel Alejandro Guzmán Useche, exasesor y exdirector de la Oficina de Participación, a quien los denunciantes señalan de ser uno de los capos de los contratos y quien dirigía las investigaciones o hallazgos fiscales en los contratos para luego pedir dinero a cambio de limpiar los procesos.
Guzmán trabajó hasta el 2011 en el Concejo de Bogotá como asesor de una concejal y en mayo del 2012 ingresó como contratista a la Contraloría en cargos directivos.
Para la Fiscalía se trató de un plan criminal en el que los participantes se enriquecieron ilícitamente, recibieron millonarias sumas de dinero.
En un aparte del audio que involucra a Angulo, la mujer que habla reconoce que ya en otro ‘negocio’ recibió 30 millones de pesos de manos de Bohórquez para su organización.
El caso estalló luego de que el contralor distrital, Juan Carlos Granados Becerra, interpusiera la denuncia penal contra los tres funcionarios, el pasado 21 de diciembre. El 22 los investigadores llegaron a revisar la documentación del caso. En las diligencias, que llevan siete días de investigación, la Fiscalía ya tiene a un capturado y está tras los otros dos miembros de esa presunta organización.
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