Cuatro días antes del robo, el mayor Andrés Alberto Salazar Barrero dio por terminada su etapa en la Policía Nacional, se jubiló. Se desempeñaba como comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Metropolitana de Bogotá, pero hoy está en medio de un proceso judicial en el que se le vincula como presunto responsable en un millonario asalto a un comerciante en San Andresito de San José, en el centro de la ciudad.
Ese día, el pasado 19 de enero, dos patrulleros de la Dipon habrían interceptado a la víctima, quien llevaba una gruesa suma de dinero (casi 800 millones de pesos); lo habrían trasladado por distintas zonas de la capital en un taxi –aduciendo que se trataba de un operativo legal–, hasta una estación de gasolina en la avenida Boyacá con calle 26.
En ese lugar, el mayor Salazar, al parecer, estaba esperando la maleta con el dinero. Lo habría recibido y, finalmente, la víctima habría sido conducida metros más adelante a una oficina de correspondencia y envíos, donde fue abandonada.
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El ciudadano reportó estos hechos el mismo día en que ocurrieron en la sede de la Sijín de la Policía, y de inmediato funcionarios de la unidad de investigación criminal de la Mebog empezaron a adelantar las acciones urgentes: tomar entrevistas en el centro comercial, analizar imágenes de cámaras de seguridad, entre otras labores.
En total fueron unas 30 cámaras de vigilancia las que revisaron y en las que se detectó el movimiento de dos horas de los uniformados con el ciudadano, quien al parecer traía ese dinero desde Villavicencio para la compra de una propiedad. Esta investigación aún no termina, no se ha establecido si hubo más personas detrás del robo y los imputados, que fueron capturados dos meses después por uniformados de la Policía de Bogotá, no aceptaron los cargos pese a la fuerza de las evidencias contra ellos.
Como estos tres, en la capital del país, durante la gestión del comandante saliente de la Mebog, el general Óscar Gómez Heredia, 70 integrantes de la institución fueron capturados por distintos delitos, principalmente por concusión y cohecho, a través de órdenes judiciales y también por hechos cometidos en flagrancia.
En la Metropolitana opera un grupo especializado, integrado a la seccional de investigación criminal, que se encarga de investigar a los uniformados que se desvían de su responsabilidad y cometen delitos, manchando el nombre de la Policía. Se trata de investigadores con amplia experiencia en estos casos y que operan bajo la misma metodología que lo hacen unidades que enfrentan delitos como los homicidios o que persiguen bandas delincuenciales dedicadas al hurto y otros delitos.
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Todo esto bajo una política de anticorrupción y transparencia policial que se lidera desde la dirección general de la Policía Nacional.
“Hay muchas maneras en que la institución tiene conocimiento de un acto irregular. Lo principal es la denuncia ciudadana, hay una línea de transparencia (166) –la política de transparencia busca incentivar la denuncia ciudadana–, hay una oficina de atención al ciudadano en todas las estaciones de policía, y está la página A Denunciar. Este es un tema en que la institución se ha preocupado por afrontar, no por ocultar”, explicó la oficial que está al frente de este grupo en la Metropolitana.
Pero también se investigan hechos por fallas disciplinarias, no solo por delitos. Es así que en el último año se han aplicado 162 sanciones disciplinarias y 126 retiros de uniformados de la Mebog por voluntad de la dirección general de la institución, para mejorar la calidad del servicio.
¿Reforma a la policía?Pese a que existe una amplia estructura interna de la Policía que busca poner freno a las acciones ilegales o de exceso de la fuerza que pueden cometer en medio de sus labores los uniformados, hay sectores que exigen que haya una reforma estructural de la institución.
Recientemente fue presentado por la ONG Temblores un informe denominado ‘Bolillo, Dios y patria’, en el que se analizaron cifras de violencia policial, como las reveladas por Medicina Legal, y que señalan que entre el 2017 y el 2019 la policía sería responsable de 289 asesinatos en todo el país. Por estos hechos, según la ONG, hay 143 indiciados, 127 investigaciones, dos condenas y cuatro procesos archivados.
También analizaron cifras de violencia sexual. “Entre los años 2017, 2018 y 2019, Medicina Legal registró 102 hechos de violencia sexual cometidos por la Policía Nacional contra la ciudadanía. En este mismo periodo, la Fiscalía reportó que abrió una investigación por el delito de acto sexual violento, seis por el delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, seis por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivos con incapacidad de resistir y 29 por el delito de acoso sexual, para un total de 42 investigaciones”, se lee del documento de Temblores.
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Dentro de las recomendaciones que da la ONG está que se prohíba el uso de armas de ‘letalidad reducida’, que los crímenes cometidos por policías sean juzgados por la justicia ordinaria, no por la Justicia Penal Militar; que la formación en derechos humanos, civiles y ciudadanos sea la prioridad en el entrenamiento de los agentes, eliminar los incentivos o sistemas de cuotas y ascensos a cambio de comparendos, entre otras.
Por su parte, el concejal de Bogotá por la Alianza Verde Diego Cancino, y quien lidera el movimiento #PorUnaPolicíaALoBien, insiste, básicamente, en lograr que el Congreso trámite una reforma a la institución.
“Que sea una policía a lo bien, una policía como lo dice la Constitución, una policía transparente, que cuida la vida y respeta los derechos humanos, una policía cercana a la ciudadanía, que está para proteger, trabajar y cuidar a la gente. Lo que pasa muchas veces es que generan miedo, alejan, intimidan y generan repudio. La idea es que la policía inspire confianza y el proyecto estaría girando alrededor de esos aspectos”, señaló el cabildante.
Mientras tanto, las labores de control interno se siguen fortaleciendo en la Policía y hay investigaciones en curso en contra de uniformados que han manchado el uniforme con actuaciones delictivas. Las 70 capturas que se reportaron en el último año es posible que sigan aumentando en los próximos meses.
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Óscar Murillo Mojica
Twitter: @oscarmurillom
EL TIEMPO
