Un hombre compra con 10.000 pesos una papeleta de cocaína en un expendio de drogas de cuadra alegre, en la localidad de Kennedy. En el mismo sector, al frente de una discoteca, lo revende en 20.000 pesos. De acuerdo con un reciente estudio de la fundación Ideas Para la Paz (FIP), si esta persona decide llevar esa misma papeleta a Chapinero podría ofrecerla hasta en 110.000.
Esto es apenas un asomo del millonario negocio del microtráfico en la capital, que solo en cocaína, marihuana y bazuco, en once meses, puede mover unos 45.000 millones de pesos. Según el informe de la FIP, se estableció la existencia de 405 expendios que están regados por la ciudad y que, de acuerdo con la zona en la que estén, se comportan de manera diferente.
La presencia de ollas en áreas residenciales, escolares y parques provoca que estos sitios se vuelvan susceptibles al crimen. Es decir, los puntos de venta de estupefacientes generalmente traen consigo los homicidios, los hurtos, las lesiones personales y otros delitos.
Atender una problemática de semejantes proporciones, con métodos de comercialización, precios y sustancias que varían por localidad –incluso barrios– es un esfuerzo que por años han hecho las autoridades, pero que, a todas luces, no ha arrojado resultados determinantes.
Uno de los primeros obstáculos que encuentran las autoridades en el momento de combatir el consumo y venta interna es la falta de información. Precisamente, a esta necesidad es a la que responde la investigación de la FIP, que logró, entre otras, ubicar los sectores de la ciudad con más riesgo de tener uno o varios expendios, tras mapear los costos promedio de las sustancias por localidades y la cantidad de incautaciones. (Ver mapa Riesgo de existencia de un punto...)
“Las únicas fuentes de información que existen para conocer el número de incautaciones son los decomisos que realiza la Dijín, la Policía Antinarcóticos, la del aeropuerto y la policía de vigilancia, que son los uniformados que patrullan la ciudad por cuadrantes. Lo que hicimos fue basarnos en los datos que arrojan estos últimos”, manifestó Boris Ramírez, uno de los realizadores de la investigación.
La FIP logró georreferenciar los 405 centros de venta que hay en la capital en un ejercicio en el que participaron 108 comandantes de CAI de los 111 que tiene la ciudad, gracias al apoyo de la escuela de educación superior de la Policía Nacional.
En un mapa de su jurisdicción, los uniformados señalaron las zonas en las que ellos sabían, de primera mano, sobre la existencia de puntos de narcomenudeo. Además, indicaron qué sustancia se comercializaba allí y sus costos, si se conocían.
Con esto se logró hacer una radiografía del 97 por ciento del territorio de la ciudad. El ejercicio, que se realizó en el 2015, pero cuyos resultados fueron presentados hace poco, es el segundo que se ejecuta bajo esta metodología, tras uno hecho por esta misma fundación en el 2011.
Comparando los resultados tras cinco años, se concluyó que en promedio los centros de venta de droga se movieron 300 metros de su posición inicial y que permanecen los mismos 400 expendios aproximadamente. Sobre la incautación, se estableció, por ejemplo, que los lugares de venta del bazuco se concentran en el sur, occidente y centro mientras que la cocaína se desplaza hacia las localidades del norte.
“Nos enfocamos en marihuana, bazuco y cocaína porque sobre estas es que más información hay y porque son las que más se consumen. Notamos que no todos los expendios venden de todo”, precisó Ramírez, quien agregó: “Los tres tipos de sustancia tienen comportamientos distintos en el espacio, por lo que no se puede hacer una intervención igual en todos los sectores”, dijo.
Los tres tipos de sustancia tienen comportamientos distintos en el espacio, por lo que no se puede hacer una intervención igual en todos los sectores
De los números que arroja el documento –que fue publicado por la revista internacional Crime Science– se desprende que de 2.166 kilogramos de marihuana incautados en Bogotá en once meses, 1.348 fueron aportados por los patrulleros de policía que detienen en las esquinas y parques a pequeños traficantes de alucinógenos. Para el caso del bazuco, de los 366 kilos incautados 300 cayeron en recorridos de uniformados de un cuadrante.
Finalmente, para la cocaína la situación es muy diferente. De los 276 kilogramos interceptados durante un año, solo 21 fueron hallados por policías en sus patrullajes por las calles de la ciudad.
Otro de los elementos que buscó desenredar la fundación Ideas Para la Paz, una vez se hizo una aproximación a la cantidad de sustancias que se mueve, fue establecer los precios.
Para eso se idearon una tabla de costos por localidad (basados en la información que proporcionaron los comandantes de los CAI) que dejó en evidencia, por ejemplo, que solo en la venta de marihuana las diferencias en los precios son significativas.
Mientras en Ciudad Bolívar un cigarrillo de cannabis puede costar 1.600 pesos, en algunos puntos de Chapinero y Usaquén puede ascender a $ 5.000. El comportamiento del precio de la cocaína se mostró particularmente costoso en las localidades del norte; mientras que en el sector de la calle 85 –en la zona rosa–, por un ‘pase’ (gramo de cocaína) pueden cobrar más de 100.000 pesos, en Engativá, Barrios Unidos o Suba, se puede adquirir desde 10.000 pesos.
Para el caso del bazuco sucede una situación especial con Fontibón. Es en esta localidad del occidente de la ciudad donde más caro se consigue. Mientras que en Rafael Uribe Uribe o Ciudad Bolívar una ‘bicha’ cuesta 2.000 pesos, allí puede ascender a los 6.000.
“Al adicto al bazuco le sale más costoso drogarse que al de cocaína. El efecto de esta sustancia dura 20 o 30 segundos, hay adictos que se pueden meter 30 o 40 ‘bichas’ y solo paran cuando el organismo se descompensa tanto que lo noquea y lo manda al piso. Es decir, en 30 papeletas a 2.000 pesos le sale más costoso que uno o dos pases de cocaína”, analizó Ramírez.
Dos decisiones han influido en la propagación del microtráfico en Bogotá, de acuerdo con precisiones que ajusta la FIP. La primera de ellas es la determinación de proceder a la extinción de dominio a inmuebles en los que se establezca que se expenden sustancias prohibidas.
Con esto buscaban acabar el problema; sin embargo, provocaron una mutación en los modos de operación de las bandas que empezaron a ver alternativas de comercialización en vendedores en bicicleta, a pie, a domicilio, en parques, esquinas, en las afueras de colegios, lo que desembocó en disputas territoriales, que generalmente impactan en la seguridad.
La segunda decisión fue la intervención a la calle del ‘Bronx’, que dispersó a los vendedores que ahora transitan por varias zonas de la ciudad e inmediaciones del centro. “Hemos hecho mil intervenciones, capturado mucha gente relacionada con el microtráfico, pero ¿qué impacto tiene? Es necesario contar con información suficiente para medir el cambio del mercado, a dónde se desplaza. Intervenimos el ‘Bronx’, ¿qué pasó con el mercado? Pues bajó solo cinco cuadras”, señaló Ramírez.
Es necesario contar con información suficiente para medir el cambio del mercado, a dónde se desplaza. Intervenimos el ‘Bronx’, ¿qué pasó con el mercado? Pues bajó solo cinco cuadras
Una de las principales conclusiones de este estudio (que tardó dos años en su planeación y ejecución) fue el vínculo que se pudo establecer entre la presencia de expendios de droga y hurtos de motocicletas, homicidios, lesiones personales y presencia de bares.
Es decir, de acuerdo con los resultados presentados por la FIP, en los lugares en donde se concentran estas cuatro condiciones es más probable que exista un expendio de drogas. De hecho, con estos insumos construyeron un mapa de riesgo para la ciudad en el que sobresale que el 10 por ciento del total del territorio urbano está en un alto riesgo de presencia de expendios.
“Se comprobó que a 300 metros de donde se presentan hurtos de motocicletas, lesiones personales o donde hay un bar, las probabilidades de presencia de un punto de venta es más alta. Hemos encontrado también una relación droga-homicidio. Si uno quiere predecir la ubicación de los expendios, hay que ver hacia dónde se mueve el homicidio, porque hacia allí se mueve el mercado”, remató Ramírez.
Para Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, los resultados de este estudio de la Fundación Ideas para la Paz son valiosos porque detecta el comportamiento en la calle del negocio. Advirtió que las autoridades deben actuar de inmediato siguiendo las rutas de incautación y costos revelados antes que las estructuras criminales se reubiquen.
En el 2016, en un gigantesco operativo, las autoridades intervinieron la calle del ‘Bronx’.
Juan Manuel Vargas / EL TIEMPO
Tras un difícil filtro de validación por parte de investigadores de la revista internacional ‘Crime Science’, especializada en temas de seguridad a nivel global, el estudio de la FIP fue publicado como artículo científico el pasado 5 de febrero.
“Este estudio es relevante ya que proporciona a las entidades gubernamentales una alternativa más completa para estudiar los mercados de drogas, diferente a las estadísticas globales que generalizan los precios e ignoran el comportamiento espacial de los mercados”, señalaron sobre los resultados en esta publicación.
De acuerdo con la fundación Ideas para la Paz, el subregistro del mercado ilícito del microtráfico es uno de los principales problemas al momento de atacar el negocio.
Estimaciones internacionales sugieren que las autoridades solo incautan el 10 por ciento del total de lo que se mueve en ciudades como Bogotá.
En un año, sumando todas las fuentes de decomiso (Policía Antinarcóticos, Dijín, policía del aeropuerto y de vigilancia), la Policía en la capital puede hallar unos 2.808 kilogramos de las tres principales drogas. De estos, 276 son de cocaína; 366 de bazuco y 2.166 de marihuana.
Sobre el dinero que mueve este ilícito, que está calculado en unos 45.000 millones de pesos, la investigación permitió establecer que la marihuana es la sustancia más comercializada (y, por ende, más consumida) en la ciudad y que genera unos 26.384 millones de pesos, seguida por la cocaína, con unos $ 9.600 millones; y el bazuco, con alrededor de $ 7.000 millones.
Si de nuevo solo se tiene en cuenta el mercado desmantelado por los patrulleros, la suma asciende aproximadamente a 2.295 millones de pesos.
Sin embargo, argumenta Boris Ramírez, de la FIP, estas cuentas no integran la intermediación que se da en muchos casos durante la comercialización de estupefacientes. “Son 15 millones de dólares en once meses, pero si uno cuenta la intermediación esa cifra puede triplicarse y es difícil medirlo porque uno no sabe si el que la compra la compra para consumo o para venderla, y en qué costo”, concluyó Ramírez. Los resultados de esta investigación están siendo analizados por la Policía Nacional.
ÓSCAR MURILLO MOJICA
EL TIEMPO
En Twitter: @OscarMurillom