Dos empresarios que suministran equipos al consorcio que opera el relleno sanitario de Doña Juana, Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR), prendieron las alarmas luego de las quejas a la Superintendencia de Servicios Públicos por las demoras en los pagos de los créditos que acumulan ya varios meses.
La situación puso al borde de un ataque de nervios a todo el engranaje que tiene que ver con las basuras de Bogotá y de siete municipios aledaños debido al hueco financiero que, según reconoció CGR, es del orden de 18.000 millones de pesos, de los cuales 12.000 millones corresponden a deudas con seis de los más grandes proveedores.
Así lo pudo establecer EL TIEMPO luego de confirmar con la Superintendencia de Servicios que la situación financiera del consorcio está bajo revisión y que por esa circunstancia se están realizando “los correspondientes análisis con el objeto de identificar alertas al respecto y tomar las decisiones que correspondan”.
En una reunión sostenida el jueves pasado y que se prolongó por más de dos horas, el representante legal de CGR, Mauricio Bernal, hizo una radiografía actual de la situación ante los delegados de la Superintendencia y de otras entidades. Allí, contó que tuvo que llegar a un acuerdo con el 95 por ciento de los acreedores, en una movida que busca evitar, a toda costa, que la Superservicios inicie un Plan de Gestión y después una posible intervención de la operación del relleno sanitario.
Los seis acuerdos más grandes van desde los 2.500 millones de pesos hasta los 500 millones. Bernal dijo a este diario que la asfixia financiera comenzó en la pasada administración que les llegó a demorar pagos por 9.000 millones de pesos y una retención para la posterior clausura del relleno, lo que desembocó en una reclamación por 10.000 millones de pesos, entre otros problemas.
A la crisis financiera se suman temas técnicos como la marcha forzada con que trabaja la planta de tratamiento de lixiviados (el agua contaminada que emana de las basuras) y que funciona a su máxima capacidad: 15 litros por segundo, mientras que los miles de toneladas allí depositadas producen 25 litros por segundo. Esto preocupa a todas las autoridades ambientales y a la comunidad en general por el riesgo de contaminación del subsuelo, del río Tunjuelo y de ahí al río Bogotá.
Al respecto, Néstor Franco, director de la Corporación Autónoma Regional (CAR), el ente ambiental responsable de la vigilancia y seguimiento al relleno, afirmó que, en lugar de disminuir, cada día aumenta más y más el ingreso de toneladas de residuos sólidos al relleno, y que se suma a las dificultades contractuales.
Desde que entró en funcionamiento Doña Juana, siempre ha estado “ ‘ad portas’ de una emergencia sanitaria”, afirmó Franco. Cuando no es la lluvia o el sol, es la proliferación de moscas, zancudos, roedores o las continuas fallas de los camiones recolectores, que se pinchan o se entierran en el fango por las llantas lisas y el mal estado de las vías o se les funde el motor en el sitio de disposición final. Se calcula que 800 camiones ingresan al día a este sitio en promedio.
En un recorrido que EL TIEMPO hizo al lugar la semana pasada, encontró al menos tres vehículos varados, más de 20 huecos en la vía principal y un tema que preocupa a toda la comunidad: que el derrumbe del pasado 2 de octubre del 2015 generó una laguna de lixiviados que aún no se sabe, a ciencia cierta, si se está filtrando o no al subsuelo.
También se encontró la ya famosa ‘montaña de la vergüenza’, más de 350.000 toneladas de escombros mixtos (desechos de construcción y residuos sólidos) que están allí de forma ‘provisional’ desde el 2014, sin que se decida qué hacer con todos esos materiales.
Para salir de esta encrucijada, CGR sostuvo que la Unidad Administrativa de Servicios Especiales (Uaesp) ya les normalizó los pagos y que está a la espera de que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) decida sobre la actualización en el reajuste de las tarifas, un tema que desde que se inició esta concesión quedó en entredicho porque los costos de operación son más altos que la tarifa, como lo reconocen diferentes sectores y expertos.
El argumento del consorcio es que mientras en ciudades más pequeñas la tonelada de residuos se paga por encima de los 25.000 pesos, en Bogotá es de 17.000 pesos y 1.700 pesos por los lixiviados.
En la actualidad hay cuatro demandas arbitrales, dos por la planta de lixiviados, una por las vías y otra por los dineros retenidos. Esto, sumado a los acuerdos de pago y la actualización tarifaria, es con lo que cuenta el consorcio para abrir la posibilidad de un nuevo socio estratégico: Suez, que estaría interesado en las acciones de la brasileña Estre Ambiental S. A., que tiene el 51 %.
En todo caso, para evitar decisiones drásticas, la CGR debe cumplir con los pagos y evitar así la intervención que significa que todos los recursos por la operación del relleno, que son del orden de los 2.800 millones de pesos por tonelada al mes, se utilicen para pagarles a los proveedores, lo que dejaría a Bogotá y los municipios de Cáqueza, Chipaque, Choachí, Fosca, Gutiérrez, Ubaque y Une contra la espada y la pared en la disposición de sus basuras.
Mauricio Bernal, representante legal CGR
¿Es verdad que la compañía Suez quiere comprar el 51 % de los brasileños?
Suez tiene un interés por ser experta en saneamiento básico y está haciendo la exploración. Es una compañía gigantesca de ingeniería a nivel mundial. Por la experiencia, hay expectativa y porque han operado rellenos sanitarios en la India, Asia... Sí, es una buena opción en la operación del relleno de Doña Juana.
¿Hay problemas estructurales?
Para la prestación no. El único problema es que es una tarifa deficitaria en disposición de residuos y en tratamiento de lixiviados. No cubre el 30 por ciento de los costos reales. Nunca hemos tenido problemas de índole técnico, ni administrativo ni de capacidad de gestión.
¿Qué pasa con la planta de lixiviados?
No es suficiente y nunca lo ha sido. Desde que se diseñó era insuficiente, con mayor razón 20 años después. A la planta se le pueden hacer mejoras, pero el costo requiere de una inversión de 56.000 millones de pesos. La discusión es ¿quién va a pagar?
¿Quién?
Nosotros no tenemos por qué ni con qué. Eso no está dentro del contrato.
Del derrumbe pasado hay lixiviados acumulados...
Eso fue mala suerte. No hay una sola prueba de afectación real a la salud. Los estudios previos que hemos hecho señalan que la capa de arcilla que ya estaba tendida sobre la zona donde cayó el derrumbe es suficientemente impermeable para que no se filtren los lixiviados. Se va a hacer una tomografía al suelo para establecer la realidad.
HUGO PARRA
Redactor de EL TIEMPO
