Los tentáculos del cartel de los refrigerios escolares en el Distrito

Los tentáculos del cartel de los refrigerios escolares en el Distrito

Hace 11 años, según documentos de la Superintendencia de Industria, se impusieron hasta los precios.

Refrigerios escolares

Con el nuevo modelo de licitación, implementado por la administración Peñalosa y que ha sido reconocido en el mundo, el cartel de los refrigerios quedó en evidencia. Ahora tendrán que responder.

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Hugo Parra / EL TIEMPO

Por: Bogotá
26 de enero 2019 , 10:19 a.m.

Desde hace 11 años, los rumores de la operación sistemática de un cartel que se había apoderado del suministro de los alimentos de los niños rondaban no solo los colegios públicos, sino también las oficinas de funcionarios y los corredores del Concejo de Bogotá.

Las investigaciones adelantadas, y que fueron puestas en conocimiento durante esta administración, confirman que se trataría de una organización de alto nivel.

Las autoridades ya tienen identificadas algunas empresas y personas señaladas de participar en este ilícito, en el que se pusieron de acuerdo para subir los precios de las frutas y hortalizas y también para sacar a otras empresas de la posibilidad de competir en franca lid.

El caso fue denunciado por la plataforma Colombia Compra Eficiente (CCE) y la Secretaría de Educación Distrital (SED), quienes, al abrir la licitación para los alimentos en el 2017, detectaron prácticas irregulares en el proceso licitatorio, una inversión que a precios de hoy supera los 300.000 millones de pesos.

Aunque el tema también fue ventilado públicamente en el 2015 por el secretario de Educación de ese entonces, solo hasta ahora se ven los resultados.

El caso se evidenció cuando la administración de Peñalosa decidió apoyar un nuevo modelo de contratación, que consistió en hacer una licitación para los alimentos, a fin de que la mayor cantidad de productores se presentaran, y otra para el almacenamiento, ensamble de productos y distribución.

En uno de los correos que está en poder del grupo élite de investigaciones contra las colusiones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), también se habla de la participación de algunos concejales, asunto sobre el que se esperan resultados por parte de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación.

En las pruebas que le entregó el superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Juan Pablo Herrera, al superintendente, Andrés Barreto González, para las sanciones respectivas que le competen, se evidencia cómo los empresarios se pusieron de acuerdo para presionar el alza de los precios de las frutas y las hortalizas de las más de 700.000 raciones de refrigerios escolares.

En este pacto, dice la SIC, participaron, entre otros, Hugo Nelson Daza, de Alimentos Daza; Juan Pablo Fonseca Sánchez, representante legal de Disfruver; Néstor Alejandro Franco García, de Bestcolfruits, y Stella Téllez Hernández, de alimentos Spress y vinculada con Namasté. Ellos se reunieron en una bodega del barrio Las Ferias para ponerse de acuerdo en elevar los precios y presionar otras condiciones de
la licitación de la comida de los menores.


Según la información, en un tablero de acrílico quedaron las constancias de este pacto, en el que también se incluyeron los gramajes, las órdenes de compras por ciclo, los aspectos microbiológicos, multas y descuentos en la ejecución del contrato y la inclusión de otras frutas, dice la oficina delegada para la competitividad.

“De acuerdo con lo anterior, los participantes en el acuerdo concertaron la presentación coordinada de observaciones con la finalidad de presionar a la entidad contratante (en este caso, la Secretaría de Educación de Bogotá) para que incrementara los precios de dicho grupo de alimentos y modificara algunas condiciones técnicas del pliego de condiciones”, manifestó la SIC.

Como la estrategia no les funcionó, se reunieron de nuevo en el centro comercial Gran Estación para no presentarse a las ofertas y obligar al Distrito a declarar desierto el grupo de frutas y hortalizas, sin importarles la comida de los niños. Con esto buscaban que los llamaran a un proceso de selección, pero con precios que ellos querían.

El caso es que nada de eso salió como ellos lo orquestaron porque la SED y CCE mantuvieron el nuevo modelo de contratación.

Como lo informó EL TIEMPO en su momento, algunos trataron de boicotear el suministro de los alimentos, y al parecer se valieron de politiqueros para frenar el proceso y tratar de tumbar la licitación, pero no lo consiguieron.

Pese a las intimidaciones, anónimos, noticias falsas, presiones indebidas, visita de políticos a funcionarios y a empresas privadas, reuniones de los investigados con fiscales del caso y toda suerte de maromas, el modelo es hoy ejemplo mundial y ha ganado varios reconocimientos internacionales y nacionales.

Además de la investigación por las frutas y hortalizas, la SIC tiene en sus manos el pliego de cargos por la operación que se hizo durante estos últimos 11 años, donde se cartelizó la operación de los refrigerios de los niños, una operación multimillonaria por la que tendrán que responder las empresas que están siendo investigadas.

“En este caso estamos trabajando con todo rigor y compromiso sobre esa investigación, y en los próximos meses entregaremos los resultados. Por ahora expedimos el primer informe motivado que hace alusión a unas prácticas restrictivas de la competencia en la modalidad de colusión en las frutas de la alimentación de Bogotá con pliego de cargos desde el 2018”, dijo el delegado de competencia, Juan Pablo Herrera.

De ser hallados responsables, las multas irían hasta 78.000 millones de pesos para personas jurídicas y 1.500 millones de pesos para las personas naturales. Las penas podrían ser de entre 6 y 12 años de prisión.

‘No permitía un mayor número de participantes’

Según la SIC, en esta estrategia de colusión también aparecen involucrados Andrea Rosas, Geimi Soleimoi Díaz Villar y Néstor Alejandro Castelblanco, a quienes el superintendente delegado solicitó que se les impongan las multas del caso.

Entre tanto, la secretaría de Educación, Claudia Puentes, dijo: “Nos complace el anuncio hecho por la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de su delegado
, recomendando sanciones y multas a las empresas que conformaron un cartel de contratación de refrigerios escolares. Cuando llegamos a la Alcaldía encontramos un modelo de contratación del Programa de Alimentación Escolar que no permitía un mayor número de participantes, así lo dimos a conocer a la Superintendencia, y hoy se ven los resultados de las investigaciones”.

BOGOTÁ

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