CAR tiene ocho días para acoger plan para la reserva Van der Hammen

CAR tiene ocho días para acoger plan para la reserva Van der Hammen

Ambientalistas señalaron que impugnarán la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Van der Hammen

Imagen panorámica de la reserva Van der Hammen.

Foto:

Archivo particular

11 de octubre 2018 , 09:17 p.m.

Después de la polémica que se ha desatado por la propuesta de la Alcaldía de Bogotá de intervenir la reserva Thomas van der Hammen, en el norte de Bogotá, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio ocho días a la Corporación Autónoma Regional (CAR) para acoger dicho proyecto.

La decisión de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar se dio dentro de un incidente de desacato a órdenes que impartió el Consejo de Estado en el fallo del río Bogotá, del 2014, relacionadas con la obligación del Distrito y la CAR de tomar medidas para garantizar la conectividad de ese afluente con los cerros orientales.

Al llamar al Alcalde a rendir cuentas sobre el cumplimiento de esa orden, Enrique Peñalosa expuso ante el tribunal su propuesta sobre la reserva Thomas van der Hammen (ver nota anexa), y en las audiencias de seguimiento, el tribunal llegó a la conclusión de que la decisión estaba en manos de la CAR.

Ante esta autoridad ambiental radicó la Alcaldía de Bogotá el proyecto de realinderamiento de la reserva, en abril de este año, pero seis meses después no se había pronunciado sobre su aprobación o no.

Por su parte, la magistrada hizo una visita y recorrió los terrenos del actual trazado de la reserva y sus zonas aledañas. Allí, con todos los funcionarios involucrados en el proceso, exigió explicaciones y sustentaciones sobre las distintas posiciones.

Al final, concluyó que el camino para acatar las órdenes del Consejo de Estado es la aplicación de la propuesta del alcalde Enrique Peñalosa.

Este fallo es polémico, pues desde que el mandatario llegó a la administración ha sido contrariado por grupos de ambientalistas, expertos y ciudadanos, quienes hoy conforman la Veeduría de la Reserva y se oponen a su proyecto, el cual contempla, entre otras acciones, la ampliación de la zona de reserva de 634 hectáreas –con las que cuenta hoy– a 1.104, así como la construcción de 350.000 unidades de vivienda.

La decisión de la magistrada causó revuelo este jueves entre los diferentes sectores (ver recuadro), principalmente, porque le ordena a la CAR que “de manera inmediata” convoque a su consejo directivo, en un término no superior a ocho (8) días hábiles, y en esa audiencia se debe “acoger un proyecto de acuerdo mediante el cual se acoja completamente la propuesta presentada por el Distrito Capital”, dicta el auto.

EL TIEMPO consultó a la CAR de Cundinamarca, pero la entidad señaló que hasta este jueves fueron notificados de la decisión, y que por esa razón comenzarán a estudiar el fallo para proceder a actuar conforme lo ordenado.

El fallo también faculta a la Alcaldía para que “proceda de manera inmediata a realizar las gestiones y apropiaciones necesarias para la realización de los diseños paisajísticos, de corredores ambientales, recuperación de humedales, vallados, bosque andino, bosque de maleza, juncos, chucuas y demás especies vegetativas, quebradas y nacimientos de agua, diseños de vías y demás obras que permitan el objetivo propuesto de conectividad de los ecosistemas”.

Aún quedan recursos jurídicos

María Mercedes Maldonado, exsecretaria de Hábitat y de Planeación de Bogotá y una de las integrantes del grupo ciudadano que está en contra de la propuesta de la Alcaldía Mayor, señaló que esta decisión puede ser impugnada ante el Consejo de Estado.

“Este procedimiento pue
den hacerlo el grupo de ciudadanos que le hace seguimiento al cumplimiento de la sentencia para recuperar el río Bogotá. Nosotros entraremos en contacto con ellos para conocer también de qué manera urbanizar 6.000 hectáreas de la reserva llega a beneficiar a este río”, explicó Maldonado.

En redes sociales, los ambientalistas que se oponen a la propuesta de la Alcaldía en la reserva rechazaron el auto emitido por la magistrada, y señalaron que no se explican cómo una decisión jurídica pasa por encima de una autoridad ambiental.

BOGOTÁ

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