De los 45 concejales que tiene Bogotá, apenas un pequeño grupo no ha aceptado el esquema de seguridad que les proporciona el cabildo distrital y la Policía.
Quienes han tomado esa decisión lo han hecho de manera voluntaria, ellos son: Luis Carlos Leal, Martín Rivera, Diego Laserna, Diego Cancino y Lucía Bastidas, de Alianza Verde; Marisol Gómez, de Bogotá para la Gente, y María Susana Muhamad, de Colombia Humana.
Cada cabildante tiene asignados dos policías motorizados, lo cual significa que en total son 90 uniformados, cada uno con moto. Según una fuente oficial, cada policía y su moto le pueden costar cerca de 40 millones de pesos al año a la ciudad.
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Los cabildantes bogotanos tienen además una camioneta blindada, que les entregan a través de un convenio con la Unidad Nacional de Protección (UNP). El valor del alquiler de cada vehículo es de 14,8 millones de pesos mensuales.
A esto se suma el costo del conductor, que es cubierto por la unidad de apoyo normativo (UAN) que tiene cada concejal.
Creo que para que los políticos podamos representar bien a los ciudadanos necesitamos movernos como ellos
Diego Laserna considera que no tiene riesgo de seguridad y que los dos policías que le habían asignado son “más útiles para la ciudad, haciendo su trabajo en los barrios que acompañándome”.
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Y frente a la camioneta blindada, señaló que los recursos destinados para el alquiler se pueden “usar mejor en las prioridades sociales de la ciudad”.
“Creo que para que los políticos podamos representar bien a los ciudadanos necesitamos movernos como ellos. Caminando, en bus o en bici. No en camioneta blindada y con dos policías detrás. No por ser concejal voy a dejar de ser un ciudadano común y corriente”, le dijo a este diario.
Otro de los concejales que decidió entregar el esquema de seguridad es Marisol Gómez. Ella, precisamente, es la autora de un proyecto de acuerdo que busca que los concejales de la ciudad que no tienen problemas de seguridad entreguen los dos policías motorizados que tienen a cargo.
Así, de acuerdo con Gómez, se liberarían 90 policías, con sus respectivas motocicletas. Con ellos se podría conformar, por ejemplo, un grupo de reacción inmediata para atender los casos de inseguridad que se presenten en las estaciones de TransMilenio.
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Otro caso es el de Lucía Bastidas, quien dice que desde que ingresó al Concejo capitalino, hace seis años, decidió no tener escoltas “porque no necesito”.
Bastidas, quien cuenta con un carro blindado, dice que no ha aceptado el esquema de la policía aunque para la época de los debates sobre la venta de la ETB fue víctima de “agresiones” personales y por redes, y le recomendaron aceptar la protección.
Cabe recordar que en el pasado, el hoy exconcejal Juan Carlos Flórez, tampoco aceptó el esquema de seguridad. Él prefería movilizarse en TransMilenio.
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Y si bien algunos concejales que sí necesitan un esquema de seguridad, no todos lo requieren. Eso solo lo puede determinar, como lo ha expuesto Gómez, un estudio de nivel de riesgo, que es realizado por la UNP.Sobre este tema, Yefer Vega, concejal de Cambio Radical, le dijo a este diario que la iniciativa es procedente si se establece y analiza cada caso de los 45 concejales.
Cada uno tiene la autonomía, pero Bogotá es complejo. Algunos no conocen la verdadera Ciudad
“Cada uno tiene la autonomía, pero Bogotá es complejo. Algunos no conocen la verdadera Ciudad”, afirmó Vega.
Por su parte, Nelson Cubides, concejal del partido Conservador, le ha dicho a EL TIEMPO que la propuesta de su colega Marisol Gómez tiene que analizarse con cuidado para no dejar desprotegido a algún concejal y que es necesario evaluar si todos los ediles tienen el mismo nivel de riesgo.
“Tiene que haber un examen a profundidad por parte de la UNP, no se podría tomar una medida de plano, porque se podría correr un riesgo, y luego son cosas que no se pueden reparar”, aseguró Cubides.
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