¿Cuáles son los argumentos que enredan la troncal de la 7.ª?

¿Cuáles son los argumentos que enredan la troncal de la 7.ª?

Son tres: estudios de suelos, el ancho del andén y el ancho de la vía. IDU habló con EL TIEMPO.

Gremios hacen un llamado para no paralizar el desarrollo de Bogotá

Foto del conjunto residencial altos de la Cabrera, que puso una acción popular contra TransMilenio por la carrera 7a.

Foto:

Cortesía IDU

Por: Bogotá
25 de mayo 2019 , 07:42 p.m.

Cada vez que una administración asume las riendas de la ciudad está expuesta a una serie de demandas, como tutelas, acciones populares, de cumplimiento, de grupo, reparación directa y una infinidad de derechos de petición, entre otros procesos legales que son utilizados no solo para defender a los ciudadanos sino también para torpedear la gestión y sacar réditos políticos.

La del alcalde Enrique Peñalosa no ha sido la excepción. De hecho, desde antes de que se posesionara ya le habían anunciado una revocatoria a su mandato que no prosperó.
En la actualidad, contra el Distrito hay más de 33.000 procesos de toda índole: desde los funcionarios que reclaman por sus derechos laborales, pasando por la del conductor que protesta porque a su juicio le cobraron un comparendo de forma irregular, hasta las 44 que hay de alto impacto y buscan frenar los megaproyectos que se tienen pensados para el desarrollo de la ciudad. Entre esa cascada de procesos hay 87 interpuestas por políticos, la mayoría de oposición.

En promedio, de cada 100 demandas que se presentan, 11 se pierden, según la información oficial. La última en contra, y por la que Peñalosa se pronunció, fue la decisión del juez 49 administrativo de oralidad, Jorge Luis Lubo Sprockel, que frenó la adjudicación de TransMilenio por la 7.ª e hizo que el mandatario lanzara la alerta sobre la inestabilidad institucional en el país, puesto que según él, se estarían aprovechando de la justicia para buscar réditos políticos.

EL TIEMPO se reunió con el equipo jurídico de la Alcaldía y con la directora del IDU, Yaneth Mantilla, para hablar sobre las decisiones del juez y la manera como se defenderán.

La decisión que tomó el juez ¿es el fin de la troncal de la 7.ª?

Este proceso tiene instancias y vamos a apelar ante el tribunal. Decisión que podría demorar tres meses. De ser así, podríamos estar adjudicando en diciembre, porque el proyecto ya está listo. Cuando se frenó estábamos a cinco días de adjudicar. Desde el primer día que llegamos empezamos a actualizar los diseños, a buscar la plata, la financiación, el Concejo aprobó el Plan de Desarrollo, adjudicamos los diseños. Dos años y medio fueron de ajustes.

Inicialmente, la discusión del juez era por los puentes…

El juez dice, ese puente que ustedes van a construir no se puede hacer porque vulnera el derecho de los residentes del edificio. Nosotros le explicamos que en Colombia no existe norma que diga a qué distancia de una casa o una urbanización se debe hacer un puente. Técnicamente, y de acuerdo con los diseños, es permitido, y el ancho de la vía nos da para hacer los dos puentes y caben perfectamente los vehículos. Entonces, él nos contesta en la providencia, sí, es verdad. Ahora se va al ancho de la vía y al ancho de la acera, que hoy es de 60 cm, y con el proyecto quedaría de 1,75 m y 2,40 m.

¿Se podría decir que la troncal de la 7.ª está en suspenso por 60 cm?

Ese es todo el argumento.

Nosotros le entregamos todos los diseños que se hicieron durante tres años y que costaron 13.000 millones de pesos

¿Cuáles son los tres puntos claves de la decisión del juez, y ustedes qué responden?

El juez dice que para construir los dos puentes que allí se diseñaron, la vía debería tener 28 metros y no 17, como los tiene hoy, y como lo evidenció en Google Earth. Entonces consideramos que él no puede equiparar el concepto técnico derivado de estudios sofisticados y rigurosos realizados por firmas especializadas en construcción y diseño con los resultados de esta herramienta tecnológica. En este caso, el juez desestima que la vía tiene ese ancho justamente porque se permitió que el edificio invadiera la zona de reserva; si no se hubiera invadido, sería de 31 metros. Además, interpreta de manera equivocada las normas porque esta es una vía consolidada que hace parte de la reserva vial de la 7.ª, y por eso tiene unas condiciones diferentes que no obligan a tener ese ancho de 28 metros.

Volviendo a la tecnología, ¿no es válido que el juez haya consultado Google?

Son instrumentos que utiliza todo el mundo. Nosotros le entregamos todos los diseños que se hicieron durante tres años y que costaron 13.000 millones de pesos. Maquetas, planos, un computador con el programa Autocad, estudio de topografía, para que tomara una decisión técnica.

¿Cuáles son los otros dos puntos claves?

Dice que, hoy, aunque el andén tiene 60 cm, y nosotros queremos ampliarlo entre 1,75 y 2,40 m, no se puede porque la norma dice que debería tener 3,5 m. No es cierto que se incumpla una norma de andenes, pues al ser una vía consolidada y según el decreto nacional 1077 de 2015, que define los estándares de los andenes, en los perímetros urbanos como Bogotá, el ancho mínimo es de 1,20 m, y el proyecto cumple con esta norma. En el tercer punto, el juez argumenta que no se cuenta en la actualidad con los debidos y completos estudios del suelo y geotecnia. Los diseños están de acuerdo con todas las exigencias de la Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP14.
Con respecto a los estudios de suelo, el juez los confunde con los diseños. El estudio de suelos es una foto de cómo está compuesto (arcilla, roca, arena), un aspecto que no cambia en miles de años. Una cosa es el diseño y otra, el estudio de suelos. Ambos documentos técnicos se tienen.

¿Cuál sería el impacto de no hacer la 7.ª?

Es un efecto dominó: afecta la integralidad de la conexión de la 7.ª con la 68. El que venga de occidente a oriente y no se pueda conectar con la 7.ª, corta el circuito. También se afecta el acceso norte.

Para esta licitación hay 26 propuestas de siete firmas. ¿Ellos qué dicen?

Están preocupados por la incertidumbre jurídica.

Ahora, ¿qué esperan?

Lo que vamos a pedir básicamente es prioridad a esta clase de asuntos. Porque sería muy triste para los bogotanos que estas decisiones de los jueces, que en muchos casos se demoran, no nos permitieran adjudicar y adelantar este proyecto como debe ser.

Habla curadora que autorizó modificaciones a las licencias

Uno de los puntos claves de esta controversia tiene que ver con la licencia expedida para la construcción de Altos de La Cabrera y que, según el IDU, invadió la reserva vial.
María Esther Peñaloza Leal, curadora 3 provisional de la época y quien aprobó las modificaciones a la licencia de construcción, dijo que “sí se pueden expedir licencias en zona de reserva, siempre y cuando no estén registradas en el folio de matrícula inmobiliaria. Eso lo dicen el artículo 178 y el 179 del POT, es decir, mientras no se registre la reserva del predio se puede construir así sea temporalmente”.

Agregó que aunque no recuerda bien, al parecer el IDU, para esa época, no tenía diseños ni presupuesto para la obra, por lo que se autorizó la construcción. “Yo no aprobé la licencia, solo unas modificaciones”, concluyó.


A toda esta polémica se suma el hecho de que el representante a la Cámara por el Centro Democrático Edward Rodríguez es propietario de un apartamento en el edificio Altos de la Cabrera. En debates y en medios ha mencionado a TransMilenio por la 7.ª, y aunque ha dicho que no son pronunciamientos de fondo, hay quienes sostienen que el político debió declararse impedido.

REDACCIÓN BOGOTÁ
En Twitter: @CeronBastidas

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