Las decisiones judiciales que ponen en riesgo obras clave para Bogotá

Las decisiones judiciales que ponen en riesgo obras clave para Bogotá

44 demandas se han interpuesto desde el 2016. Alcalde dice que es una estrategia de políticos.

Embalse San Rafael

Este es el embalse San Rafael, en sus alrededores se construirá el parque ecolóogico.

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Hugo Parra

Por: Bogotá
08 de mayo 2019 , 09:56 p.m.

Desde el 2016 a la fecha, la Alcaldía de Bogotá ha tenido que enfrentar 44 procesos judiciales, entre demandas de nulidad y acciones populares, que han buscado tumbar o paralizar obras claves para la ciudad.

Y aunque el equipo jurídico de la Administración ha logrado fallos favorables en 14 de ellos, otros 27 siguen activos y se han convertido en un desgaste para las entidades afectadas, pues, al tiempo que adelantan los procesos de estudios, diseños y contrataciones, enfrentan la defensa de las iniciativas ante los estrados judiciales.

Las demandas son en todos los frentes: la reestructuración del sistema de salud, la propuesta de exonerar del pico y placa a quien pague una sobretasa, el sistema de tabletas inteligentes para los taxis, la política de siembra de árboles, las obras para adaptar los humedales para que puedan ser usados por el público, el proyecto de Lagos de Torca y hasta la renovación de redes de alcantarillado en el CAN por el traslado o la tala de árboles que implica. Y claro, el metro, TransMilenio por la 7.ª y el parque San Rafael, estos dos últimos los casos más recientes.

Todas las demandas, sin excepción, le han apuntado a que los jueces decreten medidas cautelares de suspensión, mientras se produce un fallo de fondo, alegando la vulneración de derechos fundamentales, patrimoniales o ambientales.

Y lo han hecho porque los fallos definitorios pueden tardar, como mínimo, uno o dos años. Esta estrategia, la de apelar a la justicia, les ha funcionado a los detractores de la Administración en varios frentes.

La venta de la ETB, por ejemplo, que fue aprobada tras varios debates en el Concejo, enfrentó seis demandas y fue suspendida por un juez cuando la Alcaldía se disponía a iniciar el proceso de enajenación. La suspensión se mantuvo hasta diciembre de 2018, cuando finalmente se cayó el proceso.

La construcción de TransMilenio por la carrera 7.ª, el proyecto más reciente que fue paralizado por una decisión judicial, tiene cinco demandas, de las cuales cuatro están activas y una ya fue fallada a favor del Distrito. En una de las activas prosperó la medida cautelar de suspensión que dejó en vilo la licitación, a solo ocho días de su adjudicación.

El proyecto del metro junto con el de la carrera 7.ª son los más atacado en los estrados judiciales

A la primera línea del metro también le han apuntado a tumbarla con la misma estrategia. De cinco demandas, cuatro fallaron a favor del Distrito y una sigue activa. Ese es el proyecto, junto con la carrera 7.ª, más atacado en los estrados judiciales, y en el que la Alcaldía ha tenido que trabajar con filigrana para sacarlo adelante, hasta ahora.

Los demandantes reclaman la victoria de obras y proyectos suspendidos, muchos de ellos esperados por décadas. Por ejemplo, la concejal María Fernanda Rojas, de la Alianza Verde, y que ha apoyado varias demandas, dijo sobre el parque San Rafael que “las medidas cautelares del juez protegen el ambiente y defienden la legalidad”.

Sin embargo, un tema clave que ha pasado de agache es el impacto que esa arremetida judicial tiene sobre la ciudad, en el costo de las obras y en la oportunidad de los proyectos que buscan beneficiar a los ciudadanos.

“Un proceso judicial, independiente del fallo, tiene efectos en el tiempo para la ejecución de las obras, en los costos estimados y en la planeación proyectada”, advierte Ómar Oróstegui, director del programa Bogotá, Cómo Vamos.

Para Juan Carlos Pinzón, presidente de ProBogotá, “frenar obras a través de este tipo de procesos influye negativamente en el desarrollo de Bogotá y la región. Este tipo de decisiones generan inseguridad jurídica y el fracaso de procesos técnicos y presupuestales participativos que han tomado años”.

Este miércoles, durante la entrega de equipos de seguridad, el alcalde se refirió a TransMilenio por la 7.ª: “Peñalosa va a estar afuera de la Alcaldía en siete meses, pero si no se hace la obra, esta vía va a estar bloqueada por los próximos 40 años”, sostuvo el mandatario.

“Yo respeto profundamente la justicia, pero claramente hay intereses políticos, que además firman acciones populares en contra de proyectos, no de Peñalosa; yo soy irrelevante, en siete meses me voy, es en contra de la ciudad”, dijo el Alcalde en el marco de un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Proyectos que están frenados o se cayeron

Venta de la ETB

Después de cuatro demandas de nulidad y dos acciones populares de concejales de la oposición y del sindicato de la ETB, un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó la venta de las acciones del Distrito en la empresa. La Alcaldía esperaba conseguir dos billones de pesos para construir 30 colegios, cuatro hospitales y atender a la primera infancia.

Política de humedales

El juez cuarto administrativo suspendió el decreto 565 del 2017, mediante el cual la Alcaldía modificó la política de humedales en los temas relacionados con recreación pasiva y uso público de esos recursos naturales. Los demandantes buscaban parar además las obras que se adelantan en el humedal Juan Amarillo, pero el mismo juez dijo que su medida no tenía ese alcance. La Administración, por su parte, señaló que las obras del humedal están amparadas en el POT y no en ese decreto.

TransMilenio por la 7.ª

La adjudicación de la licitación para esta obra, que estaba prevista para el 2 de mayo, fue frenada una semana antes por el juez 49 administrativo, al resolver una acción popular de los vecinos del conjunto Altos de La Cabrera, que alegan que la construcción de dos puentes vehiculares previstos en la calle 85 los perjudicará. Lo que no dice la decisión del juez es que ese conjunto se construyó después de que se declaró la zona de reserva vial. Según le dijo la Alcaldía al juez, esos vecinos sabían que se iban a realizar obras por la 7.ª en ese punto y que además ocuparon 11 metros de la reserva vial.

Parque San Rafael

El juez sexto administrativo ordenó suspender esta semana la licitación para la construcción del parque ecológico San Rafael –estimado en $ 138.000 millones– al aceptar una acción popular del sindicato del Acueducto. El juez dice que hay una “amenaza al ecosistema y a la biodiversidad” de la reserva forestal. El Distrito respondió que de 1.200 hectáreas que tiene la reserva, solo 51 están contempladas en el Plan de Manejo Ambiental, y de ellas menos de tres se van a utilizar en el proyecto. Además, es una deuda de compensación ambiental que el Acueducto tiene con La Calera, pues un antiguo parque se inundó para crear el embalse de San Rafael.

Planta de Wiesner

Con la misma suspensión provisional de la licitación del parque San Rafael, el juez sexto administrativo también paralizó las obras de ampliación de la planta Wiesner, con las cuales el Acueducto busca ampliar de 12 a 20 metros cúbicos por segundo la capacidad de tratamiento de agua potable.

Primera línea del metro, ¿también en la mira?

La última alerta, a propósito de la cascada de fallos que les han caído a los proyectos de infraestructura más importantes de Bogotá, llegó este miércoles de boca del procurador general, Fernando Carrillo, quien ya había pedido suspender la adjudicación de la troncal de la carrera séptima. Vía Twitter, el funcionario se basó en “rumores” para decir que había que “ponerle un semáforo en rojo” a la licitación de la primera línea del metro porque la cuestionada firma Odebrecht podría, “por sí o por interpuesta persona”, meterse en el proceso.

No obstante, dicha compañía no puede participar en la licitación internacional del metro de Bogotá porque desde el pasado 29 de enero está inhabilitada por el Banco Mundial, que la sancionó por “prácticas fraudulentas y colusorias” en un proyecto de control de inundaciones y recuperación ambiental del río Bogotá a cargo de la CAR.

REDACCIÓN BOGOTÁ@BogotaET

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