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Bogotá

La multimillonaria fortuna que una joven no ha podido heredar

Esta es una de las tres fincas que integran la hacienda Hato de Canaguay.

Esta es una de las tres fincas que integran la hacienda Hato de Canaguay.

Foto:Archivo particular

Asesinaron a sus padres y abuelos, que le dejaron siete fincas que están en manos de invasores.

Óscar Murillo
A las 9:30 de la mañana, un domiciliario llegó con un ramo de flores al conjunto residencial Caminos de San Roque, en la calle 165 B con carrera 13, en Usaquén. Era el 17 de enero del 2017 y el repartidor le informó al celador del edificio que el pedido era para el apartamento 1005 de la torre 1, donde vivía Sandra Patricia Pérez con su hija, Carolina*.
El guarda de seguridad le pidió la cédula a este hombre para permitirle el ingreso, pero no la traía. Llamó a Sandra y le informó que por esta razón, ella debía bajar personalmente a recoger las rosas. Pero se iba a bañar, por lo que le pidió ayuda al celador para que, por favor, dejara entrar al domiciliario. Además, no era la primera vez que le llevaban flores.
El hombre entró y se dirigió hasta el apartamento. Duró 10 minutos en el conjunto y luego salió por el mismo lugar que ingresó. Se despidió del guarda y desapareció. A las 3 de la tarde llegó hasta la recepción del edificio el cuadrante de la Policía número 14, alertado por la supuesta presencia de un hombre armado en el apartamento 1005. Algún vecino vio algo extraño y lo informó.
De inmediato, vía citófono, intentaron comunicarse con Sandra, pero no contestó. Luego subieron a la casa, golpearon por algunos minutos, la llamaron al celular, pero no hubo respuesta. Cuando iban a dejar una anotación de lo sucedido, Carolina –con 15 años en ese momento– llegó con su novio y encontraron a su madre sin vida. Había sido asesinada con un arma de fuego con silenciador, por eso nadie escuchó nada.
El domiciliario sicario sabía que el edificio estaba lleno de cámaras, por lo que ocultó su rostro con una gorra. No hubo forma de identificarlo. Cuando investigadores de la Fiscalía empezaron a indagar este caso, se dieron cuenta de que el único problema que tenía la víctima, una diseñadora de modas, era que desde hacía varios años se había apersonado de un multimillonario proceso de sucesión que beneficiaba a su hija.
Sandra Patricia tuvo una relación sentimental con Iván Darío Mariscal, de la que nació Carolina. Los padres de Iván eran Darío Mariscal Merino y Cecilia Beltrán de Mariscal, dueños de tres sociedades propietarias de tres fincas, cada una de 400 hectáreas, que conforman la hacienda Hato Canaguay, en Vista Hermosa, Meta. También tenían dos fincas en Silvania y una más en Fusagasugá, además de un apartamento en Bogotá.
El 8 de abril del 2004, Iván Darío fue asesinado en extrañas circunstancias, y la investigación por ese caso fue archivada. El 30 de diciembre del 2007, en la hacienda Hato Canaguay, Darío Mariscal y Cecilia Beltrán fueron ultimados por hombres armados que irrumpieron en su propiedad. Es por esta razón que las tres sociedades, y todos sus inmuebles, pasaron a manos de Carolina, la única heredera.
“La sucesión de mis abuelos la adelantó el juzgado 22 de familia del circuito de Bogotá con el radicado número 2008-00366-00, la que terminó con sentencia de adjudicación de bienes a mi favor, con fecha 10 de agosto del 2008”, se lee de una acción de tutela interpuesta por Carolina ante el Tribunal Superior de Bogotá, en la que pidió justicia por los asesinatos de sus padres y abuelos, y auxilio para poder recibir los bienes que heredó, pero que hoy están en manos de invasores.

Un mal negocio

Antes de ser asesinado, Darío Mariscal (abuelo) le informó a las autoridades que lo iban a matar. Desesperado porque el frente 42 de las Farc lo había secuestrado cuatro veces, en las que hubo torturas, vacunas y constantes amenazas, decidió vender las tres fincas de la hacienda Hato Canaguay. Un comprador llegó hasta el lugar y pasó seis días conociendo las tierras y el ganado. Tras negociaciones, se acordó la venta en 5.000 millones de pesos.
Después de una serie de engaños (que le habían robado la plata, que estuvo enfermo, que le cambiaron dólares por pesos falsos, entre otras), el comprador finalmente se desapareció. Días después llegó hasta la hacienda un hombre con la intención de comprar una máquina talladora de esmeraldas. La vendió sin problema. Sin embargo, horas después de esto recibió una llamada.
"Dirigiéndome hacia mi residencia en compañía de mi esposa, fui telefoneado a mi celular por un sujeto que dijo llamarse Rubén, quien me informó que tenía una noticia muy trascendental para darme, que me cuidara, que me habían hecho un contrato para matarnos en mi oficina a mi esposa y a mí, que lo del negocio de la talladora era una disculpa para conocer las oficinas y las vías de escape (…). Me debo cuidar porque lo que me dijo el informante Rubén es que iban a asesinarme con arma con silenciador para quitarnos toda la documentación para suplantarnos y firmar las escrituras de nuestras propiedades”, escribió 23 días antes de ser asesinado Darío Mariscal.
Tras su muerte, todas las propiedades rurales empezaron a ser invadidas. Sandra Patricia contrató a una firma de abogados para recuperar las propiedades de su hija y cuando se avanzaba en esto, fue asesinada. Ahora, asesorada por un togado a quien ya han amenazado de muerte, Carolina está adelantando las acciones judiciales y administrativas correspondientes, pero se ha encontrado con decisiones de juzgados que han favorecido a los invasores.
Por esta razón fue que en el 2019 presentó la tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, ya que considera que tanto entidades públicas como autoridades judiciales la han perjudicado. “Después de 15 años de asesinado mi padre, 11 mis abuelos y 34 meses mi madre, sigo bregando, a efecto, que la institucionalidad ordene se restablezcan mis derechos, aunque sea en forma provisoria, y así recuperar la posesión de mis bienes”, le dijo Carolina al Tribunal.
La tutela fue contra la Fiscalía 40 Seccional de la Unidad de Vida de Bogotá. Al trámite fueron vinculadas las Fiscalías 8, 28, 49, 58, 88, 96, 98, 113, 164, 217, 242, 287, 362 y 393 seccionales de Bogotá; 52 seccional de Vista Hermosa, Meta; la 4.ª y 5.ª seccionales de Fusagasugá, los Juzgados 1.º y 2.º civiles del Circuito, y 3.º y 5.º civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias de esa misma sede; Promiscuo Civil del Circuito de San Martín, Meta; 12 y 46 Penales Municipales con Función de Control de Garantías y 20 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Promiscuo Municipal de Vista Hermosa, Meta, y la Alcaldía Municipal de Fusagasugá.
No obstante, el 30 de enero del 2020, el Tribunal Superior de Bogotá declaró improcedente la tutela interpuesta por Carolina, después de analizar las evidencias presentadas por la joven y tras verificar las actuaciones que los juzgados y demás entidades vinculadas al proceso han adelantado para proteger sus derechos.
No conforme con esta decisión, la joven y su abogado apelaron la decisión, que pasó a manos de la Corte Suprema de Justicia, que el 10 de marzo del 2020 decretó nulidad al fallo proferido por el Tribunal de Bogotá.
“Una vez fue notificado el fallo, la promotora de la acción recurrió la decisión afirmando que es revictimizada por la institucionalidad colombiana, pues se le está avocando a que ella misma defienda sus derechos, en tanto los indiciados, muchos de ellos invasores de sus tierras, han contado con toda suerte de garantías y ventajas durante estos años en que ha tratado de recuperar sus bienes”, sentenció la Corte Suprema.
Con esto, la lucha de Carolina y su abogado continúa hoy. Mientras la mayoría de sus fincas están en manos de invasores, está a la espera que la justicia finalmente llegue a su vida y pueda disfrutar lo que por derecho le pertenece y que, al parecer, le fue usurpado a la fuerza.
ÓSCAR MURILLO
REDACCIÓN BOGOTÁ
@OSCARMURILLOM
*Nombre cambiado por seguridad
Óscar Murillo
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