La eterna disputa por los parqueaderos del Distrito

La eterna disputa por los parqueaderos del Distrito

Según la Defensoría del Espacio Público, dos empresas privadas sacan provecho de los predios.

Parqueadero del Distrito

Parqueadero en el barrio Chicó.

Foto:

Abel Cárdenas / EL TIEMPO

Por: Bogotá
17 de diciembre 2019 , 10:25 a.m.

A la una y media de la madrugada de ayer, algunos funcionarios del Distrito llegaron a dos parqueaderos del norte de Bogotá e instalaron un Puesto de Mando Unificado.

Bajo la mirada atónita de los vecinos, pusieron letreros en los que les decían que no debían pagar por estacionar sus vehículos en los predios del frente de la parroquia Cristo Rey, sobre la carrera 19 con calle 97, y frente al teatro La Castellana, sobre la calle 95.

La situación afecta directamente a las personas de estos barrios, quienes no saben qué va a pasar con los espacios en disputa. “Nosotros estamos en un limbo”, dijo Liliam Otálora, residente del sector de El Chicó, cerca a la parroquia Cristo Rey. “Llega un momento en el que los señores dicen que esto es de nadie, entonces no sabemos quién va a responder”, señaló.

Actualmente, la empresa Contextus S.A.S. es la que administra el predio de La Castellana y la empresa Forja S. A. es la que tiene a su cargo el predio en El Chicó (que está dividido en dos partes, una de ellas ubicada en la calle 100).

Ambas iniciaron un contrato con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) para administrar los parqueaderos en 2013. Allí se establecieron y se comprometieron a reinvertir los recursos que recibían en las zonas en las que se ubicaron.

“Estamos muy preocupados. Duramos años y años en manos de personas que se apropiaban de los predios y que mantenían un desorden total”, dijo Liliam Otálora, que también sostiene que la adjudicación que hizo la Dadep para que una empresa administrara el parqueadero fue resultado del esfuerzo de los ciudadanos que son parte de la asociación de vecinos del barrio El Chicó.

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Uno de los contratos conocidos por este medio es el que firmaron la directora del Dadep de la época, Blanca Inés Durán, y la entonces representante legal de la fundación Forja, Bernarda Isabel Zúñiga.

El documento tiene fecha del 8 de enero de 2013 y, después de algunas modificaciones, su plazo de cumplimiento era el 6 de febrero de este año.

Diego Vega, abogado y vocero de las empresas, aseguró que hay una cláusula en la que se alarga la vigencia del contrato. “Nuestra postura se sostiene en la cláusula sexta del contrato que es la que habla de la vigencia: ‘Se entiende como el plazo de ejecución del contrato más el término para la liquidación del mismo’. Esa liquidación no se ha dado, por lo cual el contrato sigue vigente”, dijo Vega.

Nadime Yaver, directora del Dadep, argumenta que las empresas no quieren llevar a cabo una liquidación. “Si ellos quisieran liquidar, ya lo hubieran hecho. Nuestros funcionarios han ido hasta los lugares para revisar los libros y realizar todos los procesos, pero ellos se han negado, no los han atendido”, dijo Yaver.

Según el Dadep, estas organizaciones han recibido alrededor de 2.400 millones de pesos desde que terminaron sus respectivos contratos. $ 800 millones en el parqueadero que está ubicado frente al teatro La Castellana y $ 1.600 millones en el que está frente a la parroquia Cristo Rey.

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“Desde enero y febrero de este año hemos ejecutado todas las actuaciones en su debida forma. Se les solicitó a las empresas que devolvieran el predio, pero no quisieron hacerlo. Entonces, adelantamos una declaración de incumplimiento. Después de que se hace esa declaración, se impone una multa. Si ellos no realizan el pago de esa sanción, el cobro pasa a una aseguradora”, explicó Nadime Yaver, directora del Dadep.

Esa entidad instauró una querella por ocupación irregular contra Contextus y Forja ante la Inspección Décima de la Policía de Bogotá, que tomó una decisión hace pocos días. Según el organismo, la presencia de la empresa Contextus en el predio está amparada por el contrato que firmaron con el Distrito y no se le puede expulsar del mismo.

Para el caso de la empresa Forja, Vega afirmó que la inspección de Policía tendrá que fallar de igual manera, pues el inspector que tomó la decisión no puede contradecirse a sí mismo y que esto representa una victoria transitoria para las empresas.

La inspección decidió que el conflicto de interpretación del contrato debe resolverse en otra jurisdicción, por lo cual no emitió un fallo definitivo. Además, había determinado compulsar copias a la Sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura con el fin de que esa entidad investigara “los actos dilatorios y actuaciones temerarias” de los abogados Diego Vega y Gustavo Coronado.

Esto se hizo debido a que ambos juristas habrían tenido la intención de demorar la decisión que debía tomar la inspección décima de la Policía. Según el fallo proferido por esa entidad, los abogados ejecutaron 11 acciones legales que incluyen dos tutelas y tres derechos de petición.

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Sin embargo, la misma inspección repuso y revocó su decisión de compulsar copias al Consejo Superior de la Judicatura como respuesta a otro recurso de los abogados.

Las demoras en los procesos legales han mantenido en vilo a los vecinos, que se quejan de que la Alcaldía no les ha comunicado en qué va este proceso. “Lo que es jurídico lo resolverán los jueces, pero nosotros necesitamos que nos respondan como comunidad”, puntualizó Liliam Otálora.

REDACCIÓN BOGOTÁ
Twitter: @BogotáET

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