Hildebrando Rivera Gantiva falleció en la mañana de este miércoles en el hospital de Engativá debido a las lesiones ocasionadas por un grupo de personas de las comunidades indígenas del parque La Florida, en un caso de justicia por mano propia.
(Le puede interesar: La dramática llamada de auxilio del conductor linchado tras accidente)
Rivera conducía un camión de basura de la empresa Ecosiecha y se dirigía hacia el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo para descargar los desechos del municipio de Guasca. A eso de las 8:30 p. m. del martes, cuando transitaba por la vía Funza-Siberia, atropelló a Ermilda Tunay Sintua, de 36 años, y a su hija Sara Camila García Tunay, de 21 meses.
La mujer katío de 38 años, gestante, y su hija murieron luego de que las arrollara un vehículo de basuras que se movilizaba por la vía Funza-Siberia.
CityTv
No hay en Colombia ningún amparo de justicia propia para grupos étnicos donde puedan cometer un homicidio.
Minutos después del accidente, miembros de las comunidades indígenas que desde octubre se encuentran asentados en la UPI La Florida llegaron al lugar de los hechos. Al ver el cuerpo de la menor y de su madre, quien estaba embarazada, la emprendieron con palos y piedras en contra del conductor del vehículo. “Uy, Dios mío, acabaron con el carro, tuve un accidente. Dios mío, van a acabar el carro. Ayúdenme”, dijo Hildebrando en un audio que compartió por WhatsApp.
“No hay en Colombia ningún amparo de justicia propia para grupos étnicos donde puedan cometer un homicidio, por eso está en manos de la Fiscalía la investigación”, aseguró el jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá, Luis Ernesto Gómez.
Miembros de la comunidad indígena emberá hablaron de este suceso y justificaron su comportamiento. “Cuando a los emberás se nos va una persona, no la dejamos morir porque nuestras resistencias son diferentes. A nosotros nos duele cuando muere una persona de nuestras poblaciones, de nuestra etnia. Nuestras mujeres son primordiales”, señaló uno de los miembros de la comunidad emberá.
“La familia de ella lo hizo por el dolor profundo de lo que pasó. Para ellos, lo que ocurrió fue un acto de irrespeto”, dijo Mariano Campo, líder de la comunidad en la UPI La Florida.
(Para seguir leyendo: ¿Quién era el conductor que murió tras ser agredido por comunidad emberá?)
En primer lugar, acá no hay una condena penal ni una sanción social o moral frente al linchamiento.
Este caso se suma a una larga lista de hechos en que los ciudadanos ejercen justicia por mano propia en situaciones de inseguridad e intolerancia.
Para Rosembert Ariza Santamaría, profesor de la Universidad Nacional y doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, estos comportamientos obedecen a dos fenómenos que guardan relación entre sí.
“En primer lugar, acá no hay una condena penal ni una sanción social o moral frente al linchamiento. Los medios de comunicación, las iglesias y las universidades seguramente hacen alguna alusión al respecto, pero parece que hay una suerte de consenso para justificar en ciertos casos este ejercicio del homicidio colectivo”, explicó.
Según Ariza, estos comportamientos están ligados a una reacción poco eficiente de las autoridades y a la legitimación de este tipo de comportamiento. “Tenemos frentes de seguridad que avalan la mal llamada justicia por propia mano y otros mecanismos en donde se concentran múltiples expresiones relacionadas con estos casos”.
Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, añadió otro matiz a la conversación. “Detrás de este hecho, y de otros que se han presentado, hay un elemento en común y es la desconfianza generalizada que existe entre los ciudadanos con relación a las autoridades de seguridad y justicia. Es decir, las personas sienten que no va a haber castigo y deciden tomar la justicia por mano propia”, explicó.
Felipe Fernández, abogado experto en reducción de violencia y seguridad ciudadana, coincide con Acero y agrega: "Sin duda, la indignación social, la sensación de inseguridad, el punitivismo, la cuestión del ajusticiamiento por mano propia y las otras formas de vigilantismo tienen algo en común: son efectos indirectos e indeseados de la sociedad sobre la respuesta institucional al fenómeno del crimen. En esta misma vía, factores como la pobreza, el delito y la deshumanización del delincuente empiezan a convertirse en un problema de doble vía".
(Además: Ella era la mujer emberá fallecida en accidente de tránsito en Funza)
Según un estudio del Grupo de Investigación Estado y Usos Sociales de la I-legalidad (Eilusos), del que hace parte Ariza, entre 2004 y 2015, el promedio de homicidios colectivos en Bogotá estuvo entre 70 y 143 casos por año.
“Hay que entender que esto no ocurre porque sean indígenas, estas situaciones las vemos a diario en barrios de Bogotá y del país. Aquí es fundamental el rechazo de las instituciones y de la sociedad frente a todos y cada uno de los casos; además, es clave trabajar en una política pública que eduque a la ciudadanía y que ante la posibilidad de un homicidio colectivo se priorice la vida”, concluyó Ariza.
Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá.
Twitter: @SeguridadBOG
¿Cómo deben proceder las autoridades en el caso del linchamiento del conductor que arrolló a dos mujeres indígenas?
El derecho a la vida es inviolable, y cualquier acto de justicia por propia mano debe ser rechazado y sancionado. Las autoridades deben proceder conforme a lo estipulado en la Constitución y la ley. La Fiscalía Seccional Cundinamarca está al frente de la investigación y esperamos que se esclarezcan los hechos y, si hay lugar, se castigue a los responsables.
¿La Secretaría de Seguridad adelantará algún tipo de seguimiento a la investigación?
La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en el marco de la colaboración armónica que tiene con los entes judiciales, se puso a disposición de la Fiscalía para facilitar cualquier información que pueda aportar en dicha investigación independientemente de que los hechos ocurrieron fuera de la jurisdicción del Distrito Capital.
¿No le parece que se ha exacerbado el nivel de intolerancia en Bogotá?
Uno de los rezagos que nos ha dejado la pandemia es el aumento de la intolerancia y de los conflictos sociales. En Bogotá hemos tenido un incremento del hurto violento, riñas, lesiones personales, entre otros comportamientos. Por ello, desde la Secretaría de Seguridad hemos enfocado los esfuerzos en la prevención y la cultura ciudadana, en búsqueda de mejores condiciones para quienes vivimos en la ciudad.
¿Por qué que ha sido tan difícil un acuerdo con los indígenas para lograr el retorno a sus lugares de origen?
Esta situación tiene muchas aristas jurídicas, económicas y sociales que han dificultado las acciones efectivas del andamiaje estatal. La Administración Distrital ha volcado toda su institucionalidad para satisfacer las necesidades de la población indígena que ha llegado a la capital. En los últimos tres meses ha contribuido al tránsito de aproximadamente 700 personas a la UPI La Florida y se trabajó en el retorno de 1.185 personas a Pueblo Rico, Dobaku y Mistrató.
¿Por qué cree que ha sido tan difícil un acuerdo con los indígenas para garantizar el retorno a sus lugares de origen?
Esta situación tiene muchas aristas jurídicas, económicas y sociales que han dificultado las acciones efectivas por parte del andamiaje estatal, tanto desde el ámbito nacional, como desde el distrital. El Distrito ha volcado toda su institucionalidad para satisfacer las necesidades de la población indígena que ha llegado a la capital. Es así como en los últimos tres meses ha contribuido al tránsito de cerca de 700 personas a la UPI La Florida, en donde llegaron a estar aproximadamente 1.200 personas, en su momento de mayor aforo. También, se trabajó en el retorno de 1.185 personas a Pueblo Rico, Dobaku y Mistrato. Esto demuestra que el Distrito está comprometido con las poblaciones indígenas que habitan su territorio y que continuará brindando todos los apoyos que en el marco de su competencia sean necesarios para satisfacer sus necesidades.
Minutos después de que se registró el accidente de tránsito que les costó la vida a una mujer indígena y a su bebé, y de la violenta reacción en la que fue asesinado el conductor del vehículo, agentes del CTI de la Fiscalía iniciaron los actos urgentes para avanzar en la investigación correspondiente.
Esa situación es clave para determinar que, según el ente acusador, el hecho corresponde a la justicia ordinaria y no a la jurisdicción indígena.
El CTI se desplazó al hospital de Engativá, donde recolectaron la epicrisis del conductor del vehículo e hicieron entrevistas al coordinador de la Secretaría de Salud y al conductor y enfermera de la ambulancia que movilizó a los involucrados en dicha situación. Al tiempo, la Policía de Carreteras realizó la recolección de videos de la zona del accidente y ahora efectúa entrevistas con residentes.
El penalista Oswaldo López Santos dio luces sobre el rumbo que debe seguir el caso en la justicia ordinaria o en la jurisdicción indígena. “El lamentable hecho deberá ser investigado y juzgado por los punibles de homicidio, conforme lo dispone la ley ordinaria (L-599/00 y L-906/04), la cual desplaza a la jurisdicción especial indígena, toda vez que los hechos revisten gravedad, no se produjeron en el interior de la comunidad en la que viven y una de las víctimas no es sujeto de sus normas ancestrales”, aseguró López Santos.
A su turno, el abogado Carlos Gilberto Gómez Cifuentes coincidió en que este caso de justicia por mano propia debe ser procesado en la justicia ordinaria. “(los indígenas involucrados) Deben ser juzgados por homicidio y por la justicia ordinaria. Aunque resulte polémico, ninguna posibilidad hay de que se alegue su diversidad étnica, porque una cosa es que sus tradiciones ancestrales permanezcan con ellos en sus comunidades y territorios indígenas y otra muy distinta, que cuando migran pueden imponerse estas a las sociedades mayoritarias mestizas, como la nuestra”, señaló Gómez Cifuentes.
REDACCIÓN BOGOTÁ Y JUSTICIA
Comentar