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Bogotá

Jueces se defienden de quienes los culpan por dejar libres a detenidos

En Bogotá, que cuenta con 82 jueces de control de garantías, uno de ellos explicó cómo es su trabajo.

En Bogotá, que cuenta con 82 jueces de control de garantías, uno de ellos explicó cómo es su trabajo.

Foto:César Melgarejo / ELTIEMPO

Dicen que toman decisiones de acuerdo con la Constitución, la ley y los tratados internacionales.

En Bogotá hay 82 jueces de control de garantías que trabajan en tres turnos y a diario pueden atender unas ocho audiencias. Ellos son los responsables de recibir toda suerte de delincuentes que son capturados por la Policía y la Fiscalía en la ciudad.
En las últimas semanas, el alcalde Enrique Peñalosa y su secretario de Seguridad, Daniel Mejía, han culpado a estos 82 funcionarios de buena parte de la inseguridad que tiene azotada a la capital del país. Se les cuestiona, entre otras acciones, que han dejado en libertad a reincidentes y a quienes son sorprendidos en flagrancia.
Gabriel Lara Garzón, juez 68 de control de garantías de Bogotá, habló con EL TIEMPO desde su oficina en Paloquemao sobre las acusaciones de la Administración Distrital y de cómo es su trabajo.
¿Por qué dejan libres a capturados en flagrancia?
Aunque hay muchas capturas en el acto, hay otras investigaciones que requieren más intervención de parte de la policía judicial, como reunir elementos para hacer la imputación a las personas. Cuando se trata de gente con delitos como hurtos u homicidios, que son los que comúnmente se ven en la calle, la Fiscalía los lleva de inmediato o, en las 36 horas siguientes, ante un juez de control de garantías. No solo hay que resolver la legalidad del procedimiento de la captura; se debe mirar si fueron respetados los derechos y la dignidad humana.
¿No se están cumpliendo esos procedimientos?
En ocasiones, y desde ahí se puede declarar ilegal la captura. Por ejemplo, que la persona sea golpeada por el policía al momento de detenerlo, o que en la estación de policía no se respeten sus derechos al no ponerlo a disposición de un abogado, eso hace que el procedimiento sea ilegal.
¿Por qué se falla en esos procedimientos?
Todos conocen los requerimientos, pero lo que pasa es que la dinámica en el terreno es difícil. A veces, un policía tiene que ejercer violencia para controlar al detenido, y ahí el juez tiene que verificar si las acciones del uniformado fueron acordes con lo que era necesario para capturar al sujeto. También hay casos de enfrentamientos con la policía en que puede resultar lesionada la gente, pero no siempre significa que la detención sea ilegal por resultar herido, sino que era necesario ejercer la fuerza.
¿Por qué es difícil enviar a un capturado tras las rejas?
Para poder imponer la medida más grave, que es la detención preventiva, la cárcel como tal, se necesita mayor argumentación, mayor demostración de elementos. Se necesita una fortaleza superior, porque las normas que tenemos y cumplimos los jueces son muy exigentes para poder privar a una persona de la libertad. La persona que se trae, así se haya capturado con el cuchillo en la mano y esté untado de sangre, así todo el mundo lo haya visto cometiendo el asesinato, es inocente hasta que no pase un proceso, hasta el final. La gente no entiende que la garantía de presunción de inocencia hace que se tenga que mirar a la persona desde otro punto de vista.
¿Qué pasa con los que entran y salen de prisión?
Cuando son reiterativos, uno los coge y los asegura; de hecho, hay tantos asegurados que usted no se puede imaginar. Lo que pasa es que quieren que los mandemos a todos a las cárceles, pero uno libra una boleta en La Picota y no hay cupo, en la Distrital tampoco, a las URI no se pueden enviar porque se les están violando los derechos. Son cosas que no deben ser así, pero eso no es culpa de los jueces sino de la política criminal. De un lado, quieren prisión y salen diciendo: ‘queremos cárcel para todos’, pero no crean condiciones para que las personas puedan estar detenidas.
La gente está perdiendo la confianza en sus jueces...
A veces nos tratan muy mal, incluso los medios de comunicación no se miden, pero esto es un problema que viene de tiempo atrás, y ahora hay que revisar la política criminal, porque los congresistas crean leyes que son muy garantistas, que tienden a garantizar los derechos de la persona, sobre todo el derecho a la libertad, para evitar que una persona inocente pueda sufrir los rigores de una detención preventiva, porque estar privado de la libertad es lo peor que le puede pasar a un ser humano.
¿Qué opina de las críticas y llamados de atención de la Administración Distrital?
No son solamente una intromisión, sino que está afectando la imagen de la justicia. Esas declaraciones hacen que la comunidad no tenga confianza en su justicia, pero se olvidan de la cantidad de condenas que a diario saca la Rama Judicial. Le diría al secretario de Seguridad de Bogotá que respetara la autonomía judicial y que tenga la certeza de que los jueces siempre tomamos la decisión de acuerdo con la Constitución, la ley y los tratados internacionales, y buscando garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
ÓSCAR MURILLO MOJICA
EL TIEMPO
@oscarmurillom
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