'Regaño' de CIDH por incidentes de Fuerza Pública contra manifestantes

'Regaño' de CIDH por incidentes de Fuerza Pública contra manifestantes

Esto se da tras el video en el que se ve a la policía trasladando a una joven en un vehículo.

Esmad en la Universidad Nacional

La escena del Esmad interviniendo en las protestas se ha vuelto común, sobre todo en el entorno de la Universidad Nacional.

Foto:

Mauricio Dueñas / EFE

Por: Bogotá
14 de diciembre 2019 , 07:26 p.m.

Colombia se ganó esta semana un llamado de atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el incidente, que se hizo viral en redes el 10 de diciembre, en el que se ve a la policía trasladando en un carro que no tiene identificación visible a una joven a la que después deja en la mitad de un aparente procedimiento policial.

La protagonista del hecho fue la joven María Fernanda Pérez Ramírez, quien es grabada mientras denuncia que la están trasladando irregularmente. En un momento del recorrido, la policía la deja en plena calle.

El comandante de la Policía de Bogotá, Hoover Penilla, explicó que el objetivo final era trasladar a la persona para “identificarla y determinar el motivo de su participación dentro del bloqueo”, refiriéndose a las manifestaciones que habían obstruido la carrera 30 y la operación de TransMilenio.

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A raíz de este incidente, la CIDH le recordó a Colombia “que el uso de las fuerzas de seguridad debe centrarse estrictamente a la contención de actos de violencia, así como para garantizar el derecho a la protesta, sin ningún tipo de represión o detención arbitraria de manifestantes pacíficos”. También instó “al Estado a asegurar que los procedimientos de detención se encuentren apegados a las formalidades que establece la ley y a los estándares en materia de derechos humanos”.

El uso de las fuerzas de seguridad debe centrarse estrictamente a la contención de actos de violencia

En el hecho hay al menos dos cuestionamientos: que el carro en el que se subió a la joven no tenía la identificación visible de que era de la Policía y que el procedimiento se abortó en el camino por presión ciudadana. Este último fue reconocido por la misma Policía.

Jerónimo Castillo, director de Estudios en Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), afirma que es tan grave la conducción de la persona en un carro que no está identificado como el haber abortado el traslado. “Cuando la policía comienza un operativo, lo tiene que terminar. Por eso es una irregularidad gravísima”, dice.

Penilla reconoció una “falla en el procedimiento” por cuenta de la “presión ciudadana”, que llevó a los uniformados a interrumpir el operativo. “Tuvo que haber terminado como dicta la norma”, admitió.

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Andrés Preciado, investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad Eafit, no le ve ningún sentido al procedimiento que, en su opinión, era innecesario e inconveniente y genera un costo en la reputación de la Policía. “¿Valía la pena que hoy, de nuevo, como en varias y reiteradas ocasiones, la Policía se pusiera en la palestra pública de esta manera por un procedimiento operativo muy sencillo, que era un traslado?”. En opinión del experto, “eso no tiene ningún sentido”.

Alexandra González, de la Campaña Defender la Libertad, una red de organizaciones de derechos humanos que supervisa procedimientos en la protesta social colombiana, asegura que la figura de “traslado por protección” que se argumentó en este incidente no se está usando para sus fines originales, sino para “castigar manifestantes, para amedrentar”. Afirma que, del 21 de noviembre a la fecha, han contabilizado 1.038 detenciones en el marco de las protestas.

Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, dijo en Citytv que “es ilegal y no se puede subir a ninguna persona capturada a esos vehículos. Para eso hay carros autorizados”.

Andrés Nieto, experto en seguridad, recuerda que “la Policía cuenta con un equipamiento de movilidad que es dotado por la Alcaldía bajo especificaciones técnicas, que, entre otras, llevan los logos y distintivos oficiales de la Fuerza Pública y un código de inventario. Los protocolos son claros en las formas y vehículos oficiales en los que se debe trasladar a las personas, ya sea por protección o por captura. Es irregular que una persona sea trasladada en vehículos particulares”, detalló.

Más allá de los señalamientos a la Policía y al Esmad, Castillo, de la FIP, dice que ha hecho falta un pronunciamiento de la autoridad política de la ciudad, es decir, la Secretaría de Seguridad o el mismo alcalde mayor. En su concepto, como cabeza de la autoridad policial, ha debido salir a poner la cara ya que esta debe velar porque ese tipo de situaciones no se presenten.

“Nos estamos concentrando en el evento de la Policía, que tiene toda la gravedad, pero no se nos olvide que quien tiene el direccionamiento de la seguridad es el alcalde de la ciudad”, asegura Castillo.

Explicación de Hoover Penilla

“Ellos (el Esmad) no disponían de un vehículo en el que pudieran transportar a esta persona para identificarla y determinar el motivo de su participación dentro del bloqueo. Sucede que, en el momento, casualmente iban pasando (los agentes) en ese carro y le prestan el servicio al Esmad para llevar a la persona a una unidad de policía cercana y hacer el proceso. Los vehículos son institucionales, y sus pasajeros eran policías. Podíamos hacerlo (la detención)”, explicó Penilla sobre el carro de placas HCI264 que, como determinó la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, fue adquirido por la Policía en 2009, tiene tres comparendos y la revisión técnico-mecánica vencida.

BOGOTÁ

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