El alcalde Enrique Peñalosa presentó este lunes en el Congreso su plan de inversión para los habitantes de la calle: se pasará de 80.000 millones a 162.000 millones de pesos (en cuatro años).

“A diario vemos historias de personas que se están recuperando y se reencuentran con sus familias (gracias a las acciones del Distrito)”, remarcó el mandatario, cuyo anuncio coincidió con la socialización que hizo la Secretaría de Salud sobre sus cifras de atención a esta población vulnerable (2016) y su “nuevo plan de atención”. (Lea también: Así será el modelo de salud para los habitantes de la calle)

El secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, dijo que la ciudad tiene una oferta disponible para atender a los habitantes de la calle de 10 consultorios ambulatorios de psiquiatría y 10 de psicología.

Según el informe, hay 176 cupos por día en las Unidades de Servicios de Salud de los hospitales Centro Oriente (para mitigación de sustancias psicoactivas), Santa Clara (centros móviles de atención integral), La Victoria y San Blas (consulta externa de psiquiatría y psicología para niños y adultos), y 50 cupos en el Centro de Atención en Drogadicción (CAD).

También se pronunció la Secretaría de Integración Social (SIS) al aclarar que sus acciones se ejecutan enmarcadas en la Ley 1641 del 2013, que establece lineamientos para planear y formular la política pública de atención de los habitantes de la calle.

En ese punto, analistas sostienen que falta una política que una la acción de las instituciones distritales y las monte en el mismo bus. “La solución debería ser transversal a las entidades y no una solución de seguridad por un lado, de salud por el otro y de tensiones sociales por otra parte”, expuso Thomás Ordóñez, director de la maestría en estudios sociales de la Universidad del Rosario. (Además: Tras los pasos de los habitantes ambulantes de Bogotá)

En otras palabras, apuntan que si no se coordinan todos los actores distritales para reducir los problemas de esta porción de ciudadanos y las consecuencias que traen al resto de los habitantes, será una lucha perdida.

Por ejemplo, un dato que llama la atención es el de los 50 cupos que ofrece Salud (a través del hospital Santa Clara) para rehabilitación de drogadictos. En la actualidad, 45 personas hacen uso de esta opción, pero al revisar la cifra disponible (censo del 2011) sobre habitantes de calle, se encuentra que estos llegan por lo menos a 10.000, de tal manera que 50 vacantes representan opciones para el 0,5 % de quienes están en las calles y son adictos (94 %). En contraste, la SDIS ha señalado una meta de rehabilitación del 15 % de los habitantes de la calle consumidores, al incluirlos en sus planes y lugares especializados de atención (es decir, casi 1.500 personas al finalizar el 2019).

“Los procesos de la SDIS sí están encadenados a las intervenciones de la Secretaría de Salud. Con las atenciones y revisiones que se ofrecen en los centros móviles (antes Camad), por ejemplo, se identifican problemáticas y sirven como puente para que los habitantes de la calle se acojan a las ofertas de Integración”, defendió Salud. (Lea: Sellan paso a los habitantes de la calle en Los Mártires)

Para Juliana Mejía, representante de la fundación Nuevos Rumbos (que trabaja con prevención del consumo de sustancias), “todo lo visto hasta hoy (tras la intervención del 28 de mayo pasado en la olla del ‘Bronx’) indica que esto debe ser un proceso de largo plazo. Faltan redes de trabajo intersectoriales e interinstitucionales”, recalcó la experta, quien reclamó más vinculación de privados en la búsqueda de soluciones.

“El basuco es tal vez la sustancia más difícil de rehabilitar, además de que muchos son policonsumidores. Esto genera serios problemas y desafíos de salud”, complementó Mejía.

Freddy Suescún, representante de la fundación Libérate, enfatizó en la necesidad de que la ciudad entienda que muchos de los habitantes de calle tienen un problema de salud y que “abandonar su consumo no es una decisión cualquiera. Muchos quisieran, pero son incapaces. La ciudadanía debería ser más reflexiva antes de decir que son un lastre para la sociedad”. (También: En Puente Aranda exigen medidas por llegada masiva de indigentes)

Y si bien Suescún advirtió que encuentra una política ineficiente, “porque no parece estructural”, destacó que los centros de acogida y rehabilitación son valiosos. “Con uno que se rehabilite, hay ganancia. No todo el habitante de calle es delincuente o adicto: muchos han tenido dolores emocionales terribles”.

En lo que coincidieron los consultados es en la urgencia de un censo que revele las características y ubicación precisa de esta población, toda vez que una georreferenciación ayudaría a estructurar mejor las intervenciones y disponer de forma óptima los recursos. Además, sería un primer punto de arranque para evaluar con cifras la efectividad o no de las políticas públicas.

EL TIEMPO consultó a la SDIS para saber qué gestión se adelanta con el Dane (entidad nacional encargada de los censos), y ésta indicó que ha habido acercamientos y que para el 2017 habría unos $ 2.000 millones para realizar dicha labor. (Lea: Alertan sobre politización en el tema habitante de la calle)

Aunque el censo no es responsabilidad de Salud, se le preguntó a esa Secretaría qué conocía del mismo, debido a que anunció “un proceso de caracterización sociodemográfica y de necesidades en salud, canalizando a la población de acuerdo a sus condiciones”. Sin embargo, la respuesta fue que este punto no era una de sus tareas. La Secretaría de Salud tampoco tiene claro por ahora cuál es su presupuesto para habitantes.

FELIPE MOTOA FRANCO
Redactor de EL TIEMPO
En Twitter @felipemotoa