182 indígenas han vuelto a sus regiones tras salida del parque Nacional

Tras completarse 50 días de la salida definitiva de más de 1.500 indígenas del parque Nacional y luego de que se firmó un acuerdo con 10 puntos entre autoridades distritales y nacionales y líderes de las Autoridades Indígenas en Bakatá (AIB), solo 182 personas han retornado a sus regiones.

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Los compromisos fueron el resultado de dos días de negociaciones –5 y 6 de mayo– en la sede del Centro Nacional de Memoria Histórica, conversaciones en las que representantes de la Defensoría del Pueblo, la Comisión de la Verdad, la Procuraduría y la Personería fueron garantes.

Allí, el Distrito y la Nación se comprometieron a trabajar en siete acciones para ampliar los procesos de participación de las AIB. Además, se incluyó un punto relacionado con la entrega de ayudas y dos con la reubicación de indígenas. Por último, uno más en donde los líderes de las comunidades se comprometen a que los acuerdos se verán reflejados en la población que hace parte de las Autoridades Indígenas en Bakatá.

Luego de la firma, la población fue trasladada a las Unidades de Protección Integral de La Florida, en Engativá, y La Rioja, en Antonio Nariño, donde han permanecido tras su traslado definitivo desde el parque Nacional.

Para los líderes de las comunidades indígenas, aunque hay voluntad de las entidades, los avances no han ocurrido en los tiempos que esperan. “Sabemos que se está haciendo una gestión con los temas de la política pública, que se logró el tema del recurso y del financiamiento, pero una cosa es que se logre y otra, que se entregue o que se materialice”, señaló Jairo Montañez, coordinador técnico de las AIB.
Ante las inquietudes de los indígenas, desde el Distrito han manifestado que trabajan para dar cumplimiento a cada uno de los acuerdos firmados; no obstante, no entregaron cifras de cumplimiento sobre los acuerdos.

“Nos comprometimos a varias cosas, el primero es sacar adelante el plan de choque de nuestras medidas afirmativas que están incluidas en el plan de desarrollo, y esas medidas ya tienen recursos y están presupuestadas en los diferentes presupuestos de las entidades distritales”, explicó días atrás el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, en entrevista con EL TIEMPO.

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Hay dos puntos sobre los cuales se centra el clamor de los indígenas: la entrega de kits de alimentación –dicen que solamente han recibido 16 mercados– y el retorno a las regiones.

“Lo que más nos preocupa es la salud de las personas, principalmente de los niños por el tema del hacinamiento y la alimentación, que generó un pico de enfermedades en menores y varias hospitalizaciones. He de decir que el tema de los retornos ha sido un fracaso desde todas las partes. La Unidad para las Víctimas ha hecho presencia para hacer la caracterización, pero no sentimos que realmente exista un plan en donde las comunidades se vean incluidas”, agregó el representante de los emberás.

El líder indígena se refiere al octavo punto del acuerdo, en el que las secretarías de Gobierno y de Desarrollo Económico, el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas (Uariv) se comprometieron a realizar un proceso de transición “para el retorno digno, seguro y con garantías” con las personas que tuvieran el deseo de regresar voluntariamente a sus territorios.

De acuerdo con datos de la Unidad para las Víctimas, durante la cuarta fase de retornos –la primera desde la firma de los acuerdos–, que se llevó a cabo el 9 de junio, 65 familias confirmadas por 182 regresaron a los municipios de Pueblo Rico, en Risaralda, y a Carmen de Atrato, en Chocó.

“La Unidad para las Víctimas aportó al cumplimiento del principio de dignidad brindando el traslado de la comunidad en temas de operación logística, ayudas humanitarias para las familias retornadas y receptoras”, explicó la entidad.
Asimismo, la Unidad señaló que durante el proceso de manifestación de intencionalidad –en el cual se les pregunta cuántas personas desean retornar– se identificaron solo 115 hogares y 335 personas con voluntad de regresar a sus territorios (ver gráfico).

De acuerdo con Montañez, la falta de celeridad en estos retornos ha ocasionado que las condiciones de habitabilidad sean “extremas”. “La cantidad de personas por salón sobrepasa las 150, entre niños, personas de la tercera edad y adultos, quienes duermen en su mayoría en el suelo”, dijo.

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Uno de los temas más polémicos aparece justamente en ese octavo acuerdo. Tiene que ver con la vivienda en las regiones. “El Ministerio de Vivienda y la Alcaldía tendremos una mesa para cuando se dé el retorno, para poder trabajar en temas de vivienda en territorio”, se lee en el documento. No obstante, sigue sin dejarse claro cómo se realizará ese proceso y cuántos recursos asignará el Distrito.

Finalmente, sobre el punto que tiene que ver con la política pública indígena en la capital y su participación en espacios locales, la entidad señaló que antes de finalizar el 2022 esperan finalizarlo.

“Nos comprometimos a sacar adelante la Dirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno, que es un proceso a cero costo; nos comprometimos también a fortalecer el tejido social de las comunidades indígenas con las demás secretarías, que es un proceso que normalmente hacemos y no tiene costos adicionales, y nos comprometimos con las comunidades indígenas a incluirlas en el proceso de reformulación de la política pública indígena, que ya empezó y esperamos que termine a final de año”, puntualizó Felipe Jiménez.

REDACCIÓN BOGOTÁ