El anuncio fue hecho la noche de este viernes, luego de conocida una carta del Procurador, Fernando Carrillo, en la que pedía suspender el proceso para revisar inconsistencias en el proceso.
“Solicito a su despacho la suspensión de la Licitación Pública 030 de 2017 hasta que se aclaren las inconsistencias y anomalías encontradas por la Procuraduría General de la Nación como así se ha advertido desde el pasado 20 de septiembre”, dice el procurador Fernando Carrillo Flórez.
El proceso está relacionado con una licitación de alrededor de 235.000 millones de pesos con la que la administración espera renovar una red de semáforos de más de 40 años de uso.
Lo que la administración ha dicho es que espera que ese sistema inteligente y moderno ofrezca servicios como sensores para saber en tiempo real el comportamiento del tráfico y poder optimizar el manejo de los tiempos de duración de las luces rojas, amarillas y verdes, según las necesidades del tráfico.
En síntesis se busca contar con una red inteligente interconectada y automática, operada desde el Centro de Gestión de Tránsito de la ciudad.
La Secretaría de Movilidad emitió un comunicado refiriéndose al pronunciamiento del Procurador, en el que explica que se han atendido alrededor de 729 observaciones publicadas en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP I).
Además afirmó que en el proceso de licitación ha contado con el acompañamiento permanente de la Procuraduría General de la Nación y de la Veeduría Distrital, al igual que con observaciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Precisamente, el Procurador señaló, en un comunicado en el que hizo oficial la carta que le envió al alcalde que insiste en observaciones que ha realizado sobre problemas en la estructuración del proceso de licitación que está en marcha, en los ámbitos jurídico, técnico y financiero.
El Procurador pide al alcalde una pronta respuesta del secretario de Movilidad a comunicaciones que le ha enviado el ente de control en torno a ese proceso.
El Ministerio Público requirió el informe final de la consultoría contratada, por un valor de $5.499 millones para la elaboración de estudios, estructuración técnica y financiera y legal del proyecto.
Entre las últimas anomalías identificadas está la publicación del 29 de septiembre en el Secop de anexos que introdujeron un replanteamiento general del componente técnico frente al proceso licitatorio inicial.
Redacción BOGOTÁ
