Este martes vuelven las talas y traslados de árboles en la carrera 68

El director del IDU, Diego Sánchez, se refirió al levantamiento de la medida cautelar que había detenido los tratamientos silviculturales que eran parte de la obra de TransMilenio por la 68. Habrá espacios de comunicación con los vecinos.

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En un proyecto como este es entendible que tiene que afectar de alguna manera los árboles que hay, incluso las zonas verdes. Pero lo que queríamos hacer es reducir ese efecto. En las nueve resoluciones del 2019 se preveía talar 2.027 árboles y solamente se iban a trasladar 951.

Lo que hicimos con la propuesta de modificación fue talar 1.375. De pronto alguien dirá que sigue siendo mucho, pero lo que pasa es que esos 1.375, por sus condiciones fitosanitarias, por la ubicación que tienen, es casi imposible salvarlos. Y de los 951 que había en las resoluciones para traslado, logramos pasar a 1.405. Por último, al final del proyecto, cuando ya terminemos la 68, este va a tener un total 4.734 árboles sembrados, eso es un 33 por ciento. Y la jardinería aumenta a 54.000 metros cuadrados, cuando lo que estaba en el 2019 como compensación eran apenas 900 metros cuadrados.

Actuamos de manera muy responsable con ese ejercicio ambiental. El IDU fue muy consciente del ejercicio de participación ciudadana y lo hizo con todos los ciudadanos y lo vamos a seguir haciendo. Ahora que comienzan de nuevo los tratamientos (silviculturales) vamos a pedirle a la ciudadanía que nos acompañe en esos recorridos, vamos a informar a través del sitio web, porque la ciudadanía no puede sentirse desinformada, que eso es algo que también aprendimos: aquí los ciudadanos no pueden ser los últimos en enterarse de lo que va a pasar en el proyecto.

Vamos a invitar a todos de nuevo a una socialización, a unos recorridos, a indicarles que es lo que se está haciendo, a explicarles por qué equis árbol se va a talar definitivamente, cómo vamos a bloquear y a trasladar otros, a dónde los vamos a trasladar. La obligación que tienen los contratistas del IDU es que deben mantenerlos por tres años, es decir, se debe asegurar que un árbol que se traslada no se vaya a morir.

Hoy en día, ningún contratista oficialmente ha pedido plazo adicional en la etapa de construcción de estos contratos, pero sí se afectó el plan de trabajo. Si íbamos a tener en estos meses de agosto y septiembre un 10 por ciento de avance físico; (pero) no avanzamos más de un 4,4 por ciento. Lo que nos limitó bastante es que no podíamos trabajar en los separadores, en las zonas verdes donde hay que hacer un movimiento importante de suelo. Pero ya arrancamos, la alcaldesa nos han pedido que sean obras 24/7.

Hasta ahora ninguna de las empresas contratistas ha pedido un reconocimiento adicional.

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En este momento sacamos 46 procesos que valen 1,2 billones de pesos, están publicados a nivel de prepliego o en pliego definitivo. Esos procesos se van a cerrar entre octubre y noviembre, se adjudican y se suscriben los contratos. Vamos a tener una gran cantidad de inversión a partir del 2022 en obras, incluyendo las obras de valorización, y mucha conservación.

Si todo esto se adjudica en noviembre y se firman contratos, arrancan en los primeros meses de 2022.

Dos empresas que estaban en Centros Poblados: una se llama Mega Building y la otra se llama Intec de la Costa. Se habían ganado, en un consorcio, contratos en diciembre de 2020. Y arrancaron a ejecutar la obra sin problema, y nosotros de verdad no teníamos ninguna alarma, porque la obra iba bien. Cuando se da el problema de la caducidad inmediatamente procedemos a decirles a los contratistas: ‘Ustedes en su consorcio tienen una empresa que está declarada en caducidad por Centros Poblados. Por favor cedan esa participación a otra empresa’.

Ellos presentaron nombres de empresas en tres oportunidades, ninguna de las empresas que se presentaron para ceder la participación cumplió con los requisitos técnicos, financieros, jurídicos de capacidad residual. Entonces lo que dice la ley es “debe renunciar al contrato”. Inmediatamente procedimos a terminar los contratos. Uno de esos contratos iba en el 99 por ciento cuando lo terminamos. No teníamos afán de que la obra quedara inconclusa si era un contrato de mantenimiento. Verificamos la autenticidad de las pólizas y todas son verificadas y auténticas. Verificamos el anticipo; el anticipo está totalmente amortizado en uno de los contratos.

Y el otro contrato –que iba en un 60 por ciento y era de mantenimiento– está suspendido porque no hemos hecho todavía el acta de terminación. Ahí hay un proceso sancionatorio, porque iba atrasado. No me preocupa mucho porque hay un acta de obra que no se ha pagado y de donde se amortiza el saldo del anticipo, y lo que no se hizo de más simplemente lo haremos más adelante.

Esta administración analizó con cuidado si realmente esa sustracción y ese impacto sobre esa reserva era viable y en el momento en que se concertó con la CAR, que es la autoridad competente frente al tema de la ALO, la CAR estuvo de acuerdo con que ese proyecto no debía seguir. Ahora la administración tiene la obligación de plantear una alternativa: estamos trabajando en lo que hemos denominado el borde occidental, que será un gran circuito que permita la conexión de ese sector de la ciudad de manera continua. Entonces vamos a trabajar con la ALO sur, que es un proyecto que se va a adjudicar en noviembre, y la ALO centro, que va de la calle 13 a la calle 80 y la estamos estructurando para poder licitarlo también en esta administración. ¿Qué pasaría de la 80 hacia el norte? Tendríamos que utilizar la concesión que hay afuera de Bogotá, que es la Devisab ampliada y mejorada con una conexión directa a Chía para que se genere todo ese circuito del occidente que sustituye la necesidad de contar con la ALO norte.

EL TIEMPO