El defensor del alcalde mayor Enrique Peñalosa, para el tema de la revocatoria, el abogado Humberto Sierra Porto, le solicitó a la Registraduría Nacional que permita la intervención de peritos y grafólogos para que puedan examinar de forma física, una a una, las firmas que fueron dadas como válidas por ese organismo, para el proceso que busca apartar al mandatario de su cargo.
En una revisión exprés de cinco días otorgados por la norma, la defensa encontró que de los 400.000 apoyos validados la semana pasada, 40 firmas son de personas fallecidas. “Son numerosas irregularidades. Las firmas fueron recogidas en formularios no avalados por la Registraduría, es decir que no tienen el visto bueno de ese organismo”, dijo Andrés Villamizar, director de la fundación Azul Bogotá, defensor de la gestión del alcalde y en contra de la revocatoria.
Lo que sospechan es que muchas de estas firmas fueron recogidas desde antes de iniciarse el proceso legal, lo que significaría que el proceso es ilegítimo, según lo expresado por Villamizar. Sumado a esta presunta adulteración, también indican que encontraron firmas de personas privadas de su libertad y que tienen sus derechos políticos suspendidos por ley.
En un documento que tiene más de 300 folios con las objeciones al informe técnico que validó las firmas, la defensa le pide al director Nacional de Censo Electoral, Luis Alberto Martínez Barajas, que les permita la revisión a la luz de los hallazgos.
Sierra Porto señala en el documento, por ejemplo, que en muchos casos las fechas de las casillas de los formatos al parecer “fueron diligenciados por una persona distinta al ciudadano que consignó su apoyo”.
En ese mismo sentido advierte “que todas las firmas no fueron recogidas en el formulario que diseñó la Registraduría”, es decir que no tiene el visto bueno de ese organismo. Y “en varios renglones no se diligenciaban los nombres y apellidos completos de los ciudadanos”.
En videos entregados a la Registraduría, la defensa del alcalde Peñalosa argumenta que “se constató que en el proceso de recolección de firmas se presentaron casos en los que no se les informó adecuadamente a los ciudadanos en qué consiste la iniciativa de la revocatoria, ni las razones para promoverla, con lo cual se desconoció lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1475 del 2015”.
Según la documentación de la fuente, la casilla de la fecha se dejaba en blanco o se tapaba con una calculadora para llenarla después.
Estas son, entre otra razones, las que llevaron a Sierra Porto, quien trabajó con el apoyo de la fundación Azul Bogotá, a pedir que se les deje cotejar los formatos originales, pues lo que ellos tienen son documentos que fueron escaneados, lo que a su juicio no permite hacer una revisión ni análisis exhaustivos.
El alcance de estas objeciones busca también que los grafólogos puedan confrontar las firmas consignadas en los formularios con las firmas que reposan en las bases de datos de las tarjetas de preparación decadactilar que maneja la Registraduría Nacional.
BOGOTÁ