Con las fotografías de sus rostros, la Policía de Bogotá aún está buscando a siete reclusos que se escaparon el fin de semana pasado de la estación de Policía de Barrios Unidos. Inicialmente fueron 27 los evadidos, pero se recapturaron 20. Uno de ellos murió por la gravedad de las heridas que sufrió al caer de un muro en medio de la huida.
Este episodio le recordó a la ciudad que el problema de hacinamiento en estos lugares, y las URI de la Fiscalía, aún no está resuelto, aunque se ha avanzado en acciones concretas. Así lo hizo saber en una rueda de prensa el general Eliécer Camacho, comandante de la Metropolitana de Bogotá.
“Tenemos en total 2.930 personas que se encuentran en las unidades policiales. Tenemos adultos mayores, mujeres, hombres, extranjeros en cada una de estas unidades que han sido atendidos de acuerdo a las capacidades que tiene la Policía”, dijo el alto oficial, quien debe sacar a 300 de sus hombres de las calles cada día para custodiar a estos reclusos.
Agregó que hay dos factores que complican la situación. Por un lado, ni las instalaciones físicas de las estaciones de Policía (ni de las URI) están diseñadas para tener a muchas personas privadas de la libertad, y por otro, aunque el Inpec está tratando de llevarse a las prisiones nacionales a la mayor cantidad de reclusos, todos los días están capturando presuntos delincuentes.
Tenemos en total 2.930 personas que se encuentran en las unidades policiales. Tenemos adultos mayores, mujeres, hombres, extranjeros.
Solo este fin de semana fueron detenidos 111 en diferentes zonas de la ciudad. Esta cantidad de personas hacinadas en estos lugares no solo han generado motines y fugas, como la de Barrios Unidos, sino que, de acuerdo a un reciente informe de la Personería de Bogotá, se están presentando violaciones a los derechos de quienes permanecen allí.
“Se evidencia un hacinamiento que supera el 500 por ciento en las estaciones de Policía de Bosa, Teusaquillo, Chapinero y Usaquén, lo que configura una flagrante y permanente vulneración a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”, se lee en el documento del ente de control distrital.
La Personería evidenció que en siete estaciones la comida era de mala o regular calidad, y que de los 2.256 internos que había para la fecha de sus visitas, solo 142 informaron tener al menos una dosis de las vacunas contra la covid–19, lo que representa únicamente el 6 por ciento del total de la población retenida.

Los detenidos contaban con herramientas para romper rejas y barrotes.
Archivo particular
En la estación de Policía de Chapinero se encontró que hay solo un baño para 92 personas, y en Teusaquillo también un baño y una ducha para 63.
“En la estación de Policía de Chapinero se encontró que hay solo un baño para 92 personas, y en Teusaquillo también un baño y una ducha para 63. En Bosa hubo un brote de varicela en julio del presente año que afectó a 11 personas, algunas provenientes de la estación de Policía de Fontibón”, completaron.
Según el profesor e investigador de la Eafit Andrés Preciado, Bogotá tiene una sobrepoblación en establecimientos carcelarios del Inpec de cerca de 2.000 internos, es decir, un hacinamiento del 19,2 por ciento.
“La capacidad carcelaria de Bogotá en el Inpec está en los 10.000 cupos. Más los cupos que tiene la cárcel distrital de la Secretaría de Seguridad, que no presenta hacinamiento”, explicó.
Para atender esta situación, el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, explicó que el nivel de sobreocupación en todas las instalaciones dedicadas a tener a personas (estaciones, URI, CTP, etc.) es del 150 por ciento.
Una de esas acciones fue la visita que realizó este fin de semana al proyecto del centro especial de justicia Campo Verde, en Bosa, en el que se construye un centro de traslado por protección (PTC), una URI, un centro de atención especializada, una casa de justicia, un CAI, entre otros desarrollos.
“Pero, adicionalmente, en el Plan de Desarrollo de la Administración está contemplado construir tres URI: una en el norte, otra en Bosa y otra en Tunjuelito, y también la semana pasada estuvimos en la JAL de Puente Aranda, en torno al proyecto del centro especial de reclusión que se está construyendo allí en esa localidade”, precisó Fernández.
Para esto –explicó el funcionario– es importante que la ciudadanía que suele resistirse a que en sus vecindarios se construyan este tipo de equipamientos entienda que esto es importante para mejorar las condiciones de seguridad.
Según La Fiscalía, en la URI de Fontibón hay 99 privados de la libertad; en la de Barrios Unidos, 113; de Kennedy, 126, y Engativá, 25.
ÓSCAR MURILLO
EN TWITTER: @oscarmurillom
REDACCIÓN BOGOTÁ