458.298 multas por violar el Código de Policía en el 2018

458.298 multas por violar el Código de Policía en el 2018

El Distrito dice que la norma ha generado que se reduzcan algunas conductas delictivas.

Multas

Por invadir de manera indebida el espacio público en la ciudad, durante el 2018 se impusieron 41.975 multas. De estas, solo 230 fueron pagadas.

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Abel Cárdenas / EL TIEMPO

Por: Redacción Bogotá
01 de enero 2019 , 08:26 p.m.

El porte de armas de fuego y blancas es el comportamiento del Código de Policía más sancionado en Bogotá. Desde el primero de agosto del 2017 (cuando se empezaron a cobrar las multas) hasta el pasado 15 de diciembre se impusieron 112.104 sanciones por esta conducta. En el 2018 fueron 99.981. (Vea gráfico)

El segundo comportamiento más sancionado el año pasado fue consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas en lugares comunes (88.611 multas), seguida por la ocupación de manera indebida del espacio público (41.975) y la evasión al pago del pasaje en el sistema de transporte (33.972).

El secretario de Seguridad de la ciudad, Jairo García, dijo que esta norma ha sido un instrumento útil de relacionamiento con el ciudadano y añadió que se ha priorizado el control a comportamientos como el de los colados en TransMilenio y el porte de armas blancas. Sin embargo, no hay claridad sobre la influencia que ha tenido esta norma en la reducción de la criminalidad en la capital del país.

“Para determinar el impacto sobre la efectividad del Código de Policía en el comportamiento delictivo, tendríamos que hacer una evaluación, pero por ejemplo las riñas y los homicidios se redujeron; no podría decir en qué medida la norma tiene que ver con esto, pero sin duda ha sido importante”, explicó el funcionario.

Para ser precisos, en la capital del país, las riñas pasaron de 1.677 casos en el 2017 a 1.050 en el 2018. De otro lado, los homicidios pasaron de 1.137 casos en el 2017 a 1.041 en el 2018.

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) publicará en pocas semanas un análisis sobre la implementación de esta norma, su impacto en la convivencia ciudadana y en el comportamiento criminal en las ciudades del país.

Según explicó Jerónimo Castillo, director de Seguridad y Política Criminal de la FIP, la hipótesis de la que partieron para realizar este estudio fue que el Código de Policía se había prestado para que el abuso policial se incrementara. Sin embargo, no pudieron demostrarlo, pero tampoco rechazarlo.

No obstante, el análisis realizado por la FIP (que consistió en la interpretación de cifras y entrevistas realizadas en las principales capitales del país) permitió inferir que el código tiene más impacto en el desarrollo de las labores policiales que en el comportamiento de la ciudadanía.

“Hicimos un ejercicio estadístico donde no se encuentra ninguna relación entre el código y el comportamiento delictivo. Se supone que en la medida que aumente el control de contravenciones, el comportamiento de la actividad delictiva disminuye, pero eso no se encuentra”, argumentó Castillo, quien agregó: “La mayor queja de los ciudadanos es por riñas y el ruido de los vecinos; sin embargo, el Código no está respondiendo a eso”.

De otro lado, la FIP advirtió que los mecanismos de protección de la ciudadanía no están funcionando adecuadamente y que los uniformados no están haciendo un correcto uso del poder discrecional que tienen de aplicar medidas correctivas.
“El Código es un catálogo de conductas y sanciones dirigidas contra la gente. Además, los mecanismos de protección de los ciudadanos, como el comité de convivencia que evalúa un potencial abuso de la Policía, no está en funcionamiento, como lo pudimos comprobar”, concluyó Castillo.

Cobros coactivos en el 2019

De los 99.981 comparendos por porte de armas de fuego o blancas en la ciudad, solo 414 fueron pagados. Lo mismo sucedió con otras conductas (vea gráfico). Para combatir esto, Jairo García, secretario de Seguridad, dijo que este año se empezarán a realizar cobros coactivos y embargos.

“Hay una gente que está pagando, pero para que se cierre todo el modelo se debe enviar un mensaje claro; que la ciudadanía entienda que esto no es una medida pedagógica, que tiene efectos jurídicos y financieros”.

BOGOTÁ
Escríbame a: oscmur@eltiempo.com

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