Una multa es por 40.000 millones de pesos y está relacionada con la compra de camiones de aseo que terminaron embodegados. Según el Contralor Juan Carlos Granados, hubo fallas de planeación porque se compraron camiones para cubrir el 100 por ciento del aseo de la ciudad y al final solo se cubrió el 52 por ciento y 116 camiones no se usaron.
La segunda multa es por 90.000 millones de pesos (con intereses) y está relacionada con una sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por violar la libre competencia con el modelo de aseo que Petro impuso por decreto en su gobierno y que implicó que el Acueducto pagara esa sanción con recursos que debió usar en prestar servicio a los bogotanos.
Como responsables fiscales solidarios están involucrados, además del exalcalde, funcionarios del Acueducto y de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) que en su momento participaron en las decisiones que llevaron al detrimento patrimonial, según la Contraloría.
En el caso de los 40.000 millones, relacionados con el no uso de los camiones comprados para el aseo, la sanción es contra Gustavo Petro como alcalde y presidente de la Junta Directiva del Acueducto, y contra Diego Bravo como gerente de esa entidad.
En el proceso de los 90.000 millones de pesos, además de Petro, deberán responder solidariamente Alberto Melarno, y Diego Bravo como gerentes del Acueducto, y Gerardo Ardila, María Mercedes Maldonado y José Orlando Rodríguez, como miembros de la junta directiva del Acueducto. Y Nelly Mogollón, directora de la Uaesp y Henry Romero Trujillo, director encargado de la Uaesp.
Al ser cuestionado por el hecho de imponer sanciones mientras está siendo investigado por la Fiscalía en el caso Odebrecht, el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, explicó que como funcionario público está obligado a cumplir con sus funciones mientras esté en el cargo, porque de lo contrario podría ser acusado de prevaricato.
Además, informó que la defensa de Petro lo recusó y la Procuraduría General de la Nación se pronunció diciendo que no estaba impedido para fallar.
Según Dagoberto Quiroga, abogado del exalcalde, la multa de la SIC, estando suspendida, fue pagada por el actual alcalde Enrique Peñalosa en el 2016 para que el contralor considerara que es un detrimento de patrimonio público y es así como el contralor abre un proceso de responsabilidad fiscal y emite la sanción.
La actual administración explicó en su momento que cuando llegó y encontró la multa sin pagar decidió hacerlo para evitar que siguieran subiendo los intereses.
Hay que recordar que por esta misma situación la Procuraduría destituyó al exalcalde, pero en su momento el Consejo de Estado y la sala del contencioso administrativo la revocó argumentando que lo que había hecho Petro estaba ajustado a la constitución y a la ley.
La multa impagable puesta hoy por el Contralor busca quitarme los derechos políticos, de acuerdo al cambio de doctrina que hicieron 5 magistrados de la corte constitucional.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) 20 de noviembre de 2018
Solicito a todos los nodos de la ColombiaHumana organizar la movilizacion para el 28 de noviembre
La defensa del exalcalde y los demás funcionarios sancionados pueden solicitar el control jurisdiccional para la revisión de los dos fallos de segunda instancia, y el caso podría terminar en el Tribunal de Cundinamarca y en el Consejo de Estado.
Sobre si Petro quedaría o no inhabilitado para ocupar cargos públicos, el abogado Quiroga aseguró que según la Corte Interamericana, en un tratado internacional suscrito con Colombia, señala que no se puede inhabilitar una persona por decisión de un funcionario administrativo (en este caso el contralor Distrital Juan Carlos Granados) sin mediar una sentencia judicial.
“Esto es exactamente lo está en el artículo 98 de la Constitución Nacional, que dice que el ejercicio de la ciudadanía o sea elegir y ser elegido no se puede suspender sino por decisión judicial y por eso mismo el Consejo de Estado revocó la destitución de Petro”, aseveró el abogado.
Gustavo Petro tiene otra condena fiscal que en este momento está suspendida por una medida cautelar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Se trata de una sanción de la Contraloría de Bogotá por más de 200.000 millones de pesos porque cuando fue alcalde tomó una decisión para bajar los precios de TransMilenio.
El Tribunal aún no ha tomado una decisión de fondo frente al caso. Ese proceso está en el despacho del magistrado Óscar Armando Dimaté, quien lo tiene listo para fallo desde el pasado 17 de agosto.
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