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Bogotá

Distrito denuncia explotación de menores emberás con fines económicos

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La Secretaría de Gobierno denuncia malos tratos a mujeres y niños indígenas. 

Carol Malaver
La Secretaría de Gobierno  realizó graves denuncias de explotación de menores emberás con fines económicos en la ciudad de Bogotá. Hay que recordar que un amplio grupo de esta comunidad indígena está asentado en las inmediaciones del Parque Nacional desde hace varios meses. 
Según la entidad, los voceros políticos condicionan el avance en los diálogos para el traslado de este  pueblo a contratos con el Distrito y financiación de ollas comunitarias.  Explicaron que hay 290 niños en riesgo y 29 menores trasladados a centros hospitalarios. 
En este momento cuatro niños y dos adultos continúan hospitalizados, 26 mujeres embarazadas están en riesgo y hubo tres partos en condiciones precarias. El Distrito les ha ofrecido traslado a lugares en mejores condiciones donde cuentan con todos los servicios de alojamiento, alimentación, salud, agua potable y energía, y además los menores tienen acceso a educación y recreación.
También  denuncia vulneración de los derechos de niños y niñas  y exigencias de contratos y otras financiaciones de actividades por voceros políticos de estas comunidades. "Los voceros políticos de la comunidad que ocupan ilegalmente el Parque Nacional le exigen al Distrito contratos de prestación de servicios para ellos mismos y la financiación de 4 ollas comunitarias, por valor de $218 millones de pesos."
La entidad denunció ante la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) la presunta vulneración de derechos de esos niños y solicitó que se proceda  a verificar y a restablecer los derechos de los menores. 
El Distrito puso en conocimiento que los voceros políticos (que no son emberá) de las comunidades que están ocupando de manera ilegal el Parque Nacional y poniendo en riesgo la salud y la vida de casi 290 menores de edad, están condicionando el avance del diálogo para el traslado de los mismos  a otros lugares.
Por un lado a cambio de contratos para ellos mismos por un valor de $114 millones de pesos y por otro con la financiación de ollas comunitarias por $104 millones, para un total de $218 millones de pesos. 
A través de un correo electrónico, enviado el domingo 7 de noviembre al subsecretario de Gobierno y en mesas de diálogo, los voceros políticos de esta comunidad (que no son emberás) solicitaron esos contratos de prestación de servicios con el Distrito; listado que incluye a la señora María Violet Medina Quisque, quien actualmente ejecuta dos contratos en diferentes entidades y exige otro más. En ese mismo correo exigieron el dinero para las 4 ollas comunitarias, cada una por un valor de $26 millones. 
Así mismo, el subsecretario de Gobierno, Daniel Camacho, denunció:  “Lo que estamos viendo allí es una clara vulneración de derechos, combinada con intereses políticos y económicos, exponiéndolos a todo tipo de enfermedades, al sol y al agua y condicionando su traslado a cambio de contratos y ollas comunitarias como si estuvieran en campaña. Ayer mismo hicimos la denuncia ante el ICBF y la Policía de Infancia y adolescencia. No vamos a permitir que en Bogotá instrumentalice a ningún menor” , indicó Camacho.

¿Qué ha ofrecido el Distrito? 

Desde el Distrito se han adelantado cinco mesas de diálogo con sus voceros políticos y la participación del Ministerio Público, donde se les ha ofrecido traslado a dos lugares en mejores condiciones y los cuales se han negado a aceptar, agudizando la precaria situación: 
1. A La Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida donde cuentan con todos los servicios de alojamiento, alimentación, salud, agua potable y energía, y además los menores tienen acceso a educación y recreación, entre otros. 
2. A un inmueble de la Empresa de Renovación Urbana (ERU) ubicada en la localidad de Santa Fe que se acondicionaría para que pudieran recibir los servicios básicos esenciales.   
El Subsecretario de Gobierno fue enfático en afirmar: “seguimos abiertos a las mesas de diálogo, mientras la Unidad de Víctimas del Gobierno Nacional hace su proceso de reubicación o retorno a sus lugares de origen, pero nunca vamos a ceder a exigencias de contratos ni actividades donde se instrumentalicen a los menores, ni a chantajes durante el proceso”.
REDACCIÓN BOGOTÁ
Escríbanos a carmal@eltiempo.com 
Carol Malaver
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