Ahora es la Fiscalía General la que puso en la mira la operación del relleno sanitario de Doña Juana. Un fiscal acompañado de peritos y expertos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron este viernes la diligencia de inspección “para la recolección de muestras y elementos materiales probatorios” para poder determinar si hay delito contra el medio ambiente.
Los expertos en este tipo de delitos deberán establecer si las fallas que se han reportado a lo largo de los últimos días han tenido impacto negativo en el medio ambiente, tanto en el suelo, el aire y las fuentes hídricas como el río Tunjuelo que bordea el relleno sanitario.
La indagación por los presuntos delitos ambientales se inició luego de las denuncias publicadas en los diferentes medios de comunicación.
“En esta inspección se pretende confirmar la gestión ambiental en el relleno y la elevación de vectores en la zona (mosquitos, moscas ratas, etc.) para determinar los daños al medio ambiente. De acuerdo con lo que se encuentre en la diligencia, la Fiscalía proferirá nuevas órdenes de policía judicial”, según el comunicado de la Fiscalía.
Esta situación se suma a las reportadas por EL TIEMPO, donde el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) Doña Juana permanece en el ojo del huracán por las fallas que se han registrado en la operación para la disposición de las 6.500 toneladas que a diario producen los habitantes de Bogotá y algunos municipios aledaños.
Mientras que la Corporación Autónoma Regional (CAR) anunció esta semana que adelanta una investigación también por posible daño ambiental, el Distrito le impuso un incumplimiento con una multa por 110 millones de pesos, lo que puso en la cuerda floja la operación del relleno como quiera que si llegan a ser multada de nuevo, se le aplica el Estatuto Anticorrupción que señala que con dos multas y un incumplimiento se debe declarar la inhabilidad.
Y por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos, también le impuso esta semana una multimillonaria multa de 1.060 millones de pesos porque CGR “no realizó una cobertura adecuada de la masa de residuos desplazada por el derrumbe presentado en octubre de 2015, lo que produjo presencia de vectores (insectos y otras plagas)”.
A todo esto se suma que las deudas acumuladas con los proveedores superan los 30.000 millones de pesos, el mal estado de las vías de acceso de los camiones, la falta de control y fumigación permanente para evitar las plagas así como la acumulación de por lo menos el tamaño de seis piscinas olímpicas en lixiviados (agua descompuesta que sale de la basura), lo que tiene en alerta máxima a las autoridades.
La directora de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp) le puso un ultimátum al operador para que solucione los problemas o de lo contrario se vería en la obligación de multar al relleno y declararle la obligatoriedad de ceder el contrato.
La indagación por los presuntos delitos ambientales se inició luego de las denuncias publicadas en los diferentes medios de comunicación.
Cortesía CTI de la Fiscalía
El representante legal de CGR, Mauricio Bernal, dijo a El TIEMPO que el problema de fondo es el desequilibrio entre la operación y la tarifa. En este sentido pidió a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) un ajuste que por lo menos se asemeje a la que se paga en Medellín que es de 40.000 pesos por tonelada dispuesta frente a los 18.000 que se paga en Bogotá.
Bernal dijo que si la tarifa no se ajusta, le devuelve el relleno a la ciudad. Sin embargo se sabe que CGR no quiere dejar el negocio porque es rentable, y además ya hay varias multinacionales que han mostrado su interés en operar el relleno.
BOGOTÁ
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