Fiscalía imputó cargos a exdirectivos de ETB por elefante blanco

Fiscalía imputó cargos a exdirectivos de ETB por elefante blanco

Los imputados son Paulo Antonio Gómez y Martha Lucía Martínez, quienes no aceptaron cargos.

Data Center de la ETB

Imagen del Data Center de la ETB, carrera 33 con calle 12, localidad de Puente Aranda.

Foto:

Mauricio Moreno / Archivo EL TIEMPO

Por: Redacción Bogotá
01 de febrero 2019 , 04:58 a.m.

Los exfuncionarios de ETB Paulo Antonio Gómez, exvicepresidente de Estrategia y Desarrollo, y la exgerente del proyecto Data Center, Marta Lucía Martínez deberán responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos y peculado. 

Según la directora seccional de Bogotá, Carmen Torres, el caso está relacionado con una denuncia que hizo la administración del alcalde Enrique Peñalosa en el 2017 cuando encontró que la construcción del muy mencionado Data Center de la entidad terminó convertido en un elefante blanco.

La directora seccional indicó, en rueda de prensa, que a los dos funcionarios se les imputaron los cargos el miércoles, y seguirán vinculados a la investigación que, por ahora, arroja un detrimento patrimonial de 45.000 millones de pesos. Ese dinero se pagó en su totalidad pero la obra quedó inconclusa.

La investigación determinó que la firma costarricense que fue contratada para la obra presentó unos estudios que se hicieron con base a las normas de su país y por tanto la licencia tramitada ante las curadurías nunca fue aprobada. 

En esas condiciones, dijo la directora seccional, “la obra no se puede continuar y es por esta razón que el dinero que se había invertido está perdido”.

En la tarde de este jueves, tras la rueda de prensa de la directora seccional, la oficina de abogados Navarrete Consultores expidió un comunicado, como defensa técnica, en el que asegura que Pablo Antonio Gómez Mora no suscribió los contratos a los que hace referencia la Fiscalía y que no fue imputado en la forma que dijo el boletín oficial. No precisó más detalles.

También negó que hubiera estado vinculado a la ETB en el 2013, porque ese dato fue suministrado por Torres en la rueda de prensa, al parecer por un error de digitación en el boletín porque los hechos son del 2015.

Los antecedentes del elefante blanco

El 24 de agosto del 2017, EL TIEMPO divulgó los pormenores de este caso, que ahora está siendo investigado como un asunto de corrupción.

Según la información conocida en ese momento, en la ETB se contrató la construcción e implementación de un centro de datos llamado Data Center Alma
, cuyo costo, en el 2013, fue estimado en 60.000 millones de pesos y para el cual la ETB destinó un predio de 6.870 metros cuadrados, en la carrera 33 con calle 12, localidad de Puente Aranda.

EL TIEMPO conoció que la construcción del centro comenzó sin licencia, quedó en obra negra un año después de contratado y los equipos tecnológicos que debían entregarse en funcionamiento, terminaron almacenados en una bodega y en ese momento seguían sin prestar ningún servicio.

La actual administración de la ETB se percató de la existencia de este proyecto el 4 de abril del 2016, cuando le llegó un aviso de interventoría en el cual se informaba que en los últimos cuatro días no había maquinaria ni hombres trabajando en Puente Aranda.

En ese momento, la entidad supo que el 28 de mayo del 2015, la ETB contrató a la firma brasileña Aceco TI S. A. para implementar el nuevo Data Center, que implicaba hacer la obra civil, suministrar bienes y servicios de instalación, configuración, pruebas, estabilización y puesta en funcionamiento. El valor fue por alrededor de 31.000 millones de pesos y el plazo de entrega, de 33 meses por etapas, la primera de las cuales era de seis meses para entregar la obra civil, el suministro de equipos, la instalación y puesta en marcha del centro.

Cuando EL TIEMPO consultó a fuentes de la ETB sobre el particular, estas le aseguraron que se tenía documentado el abandono de obra por la firma brasileña, que en su momento tuvo que registrar una sucursal en Colombia para ejecutar el contrato.

Un informe de auditoría de la Contraloría Distrital, de julio del 2017, documentó que el contrato se comenzó a ejecutar el 11 de junio del 2015 (seis meses antes de que terminara la administración Petro), sin licencia de urbanismo. Por la obra, que desde abril del 2016 está paralizada, se alcanzaron a pagar 5.787 millones de pesos.

Consultada por EL TIEMPO, Aceco TI dijo que los pagos los recibió por trabajos ejecutados y negó que haya abandonado la obra. En un comunicado afirmó que “fue la misma ETB la que no autorizó el ingreso del personal de Aceco TI al proyecto”, pero, por ahora, no ha precisado nombres, fechas ni funcionarios.

Cambiaron el contrato

A tres meses de vencerse el plazo de seis que tenía Aceco para entregar la primera fase de la obra, el 2 de septiembre del 2015, la ETB firmó un segundo contrato con la firma colombiana Compufácil, por alrededor de 27.000 millones de pesos.

Esta empresa debía entregar en funcionamiento y estabilizado el Data Center, pero su trabajo dependía de que Aceco cumpliera.

Sin embargo, el 7 de diciembre del 2015 se modificó el contrato y, en lugar de entregar los servicios funcionando y estabilizados, se acordó que dejara los bienes en bodega. Después de este cambio, el contratista recibió pagos por alrededor de 8.290 millones de pesos, según la Contraloría.

La auditoría verificó que aunque los equipos se recibieron en diciembre del 2015, los manifiestos de aduana tienen fechas del 28 y el 29 de enero del 2016, lo cual indica que se entregaron después de certificar que habían sido recibidos.

REDACCIÓN BOGOTÁ

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