En la incertidumbre y sumidos en la zozobra se encuentran los habitantes del barrio Molinos, sur de Bogotá, luego de que fallos judiciales ordenaron el desalojo de las familias que hoy ocupan dos de los cinco lotes de una antigua hacienda que fue invadida, loteada y vendida por organizaciones de delincuentes conocidos como ‘los Tierreros’.
Las decisiones fueron tomadas por el Consejo de Justicia de Bogotá, que fijó como fecha de desalojo del lote identificado con la matrícula 50S-403355542 el próximo jueves 26 de enero del 2017, a las 8 a. m.
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El terreno, ubicado en la transversal 5J con 49C, es de propiedad de la Universidad Sergio Arboleda, que a través de una querella, interpuesta en el 2008, reclamó los 19.680 metros cuadrados donde hoy se calcula que habitan 350 familias, es decir, unas 1.500 personas.
En otra decisión, la juez sexta penal del Circuito, quien en primera instancia condenó a varias personas por la invasión de estas tierras, amplió la sentencia y ordenó el lanzamiento, a la mayor brevedad posible, de los poseedores del terreno ubicado en la carrera 5L con 49C sur, lote identificado con la matrícula inmobiliaria 50S-40335544. Se calcula que aquí viven 130 familias, unas 400 personas.
Estos fallos, que fueron tomados a mediados del año, podrían ser el camino de lo que se viene para los otros tres lotes privados que también fueron invadidos y vendidos a través de promesas de venta a personas de escasos recursos, las víctimas recurrentes de este tipo de organizaciones.
Una de esas víctimas es Víctor Hugo Ramírez Cifuentes, un electricista, padre de cinco hijos, quien le contó a EL TIEMPO que hace seis años compró su terreno por 10 millones de pesos. Con la voz quebrada, pide que no lo señalen como un delincuente o un bandido que invadió, sino que lo consideren como una víctima más de la venta de lotes ilegales que se mueve en las localidades pobres de Bogotá.
“Yo pasé en repetidas ocasiones por ese terreno. Era impresionante la maquinaria y el movimiento de tierras. Hice muchas visitas y en varias oportunidades vi gente de la Policía, de la alcaldía local y creí que si estaban esos funcionarios, eso era algo legal y fue cuando compré dos lotes y comencé a construir mi hogar”, cuenta Ramírez.
Pero el hombre relata que un día oyó a una funcionaria local involucrada en una discusión con ‘los Tierreros’, al parecer por temas de plata, y “ahí comencé a sospechar de que algo no estaba bien”. Pero ya era demasiado tarde: “Hoy me lamento de haber comprado”.
La historia de Ruth Leonor Cifuentes no es muy diferente. “Hace cuatro años comenzamos desde cero. Un cuñado nos prestó una plata, un amigo también y lo demás se compró a plazos... Dios... 18 millones de pesos invertidos, 64 metros cuadrados y hoy tenemos un piso, una bodega y plancha”, relata la mujer, y agrega que las deudas las pagan con lo que gana su esposo como vendedor ambulante.
“Dios quiera que no nos saquen. Somos muchos los que fuimos engañados”, dice Aleida, quien recuerda que tuvo que cerrar su microempresa de balones porque el contrabando acabó con su negocio y esto la llevó a emplearse en diferentes oficios.
El fallo del Consejo de Justicia, instancia superior a la inspección de policía, se originó en una querella de hace 8 años que fue fallada a favor de los poseedores del terreno por el Inspector 18A Distrital de Policía, quien se abstuvo de declararlos como perturbadores de la posesión. El caso pasó al Consejo de Justicia, el cual determinó revocar la decisión y declarar “perturbadores de la posesión” a todas las personas involucradas en la actuación.
La orden es “dejar libre el predio de personas, animales y cosas para materializar de manera pacífica la entrega del mismo a la Universidad Sergio Arboleda”.
El apoderado de un grupo de personas que habitan en la zona, el abogado Harold Rengifo, advirtió que son más de 4.000 personas, unas mil familias que habitan en los cinco lotes de Los Molinos.
A su juicio, lo que pasó fue por falta de “protocolos en las alcaldías locales, tanto para la asesoría de obras como para las inspecciones de policía. Ahí es donde están los mayores focos de corrupción. No hay protocolos frente a invasiones ni para las ocupaciones de espacios públicos y privados. Y esto es aprovechado por los delincuentes”, dice Rengifo.
El caso de Los Molinos no es el único. Tal y como lo informó EL TIEMPO, en Bogotá hay por lo menos 10 organizaciones criminales que, según la Secretaría de Gobierno, ya están en la mira de las autoridades. Además, hay barrios enteros, como sucede en Ciudad Bolívar, donde las autoridades detectaron que a pesar de haber sido construidos en propiedades del Distrito, aparecen con documentación falsa a nombre de particulares, casos que están en manos de la Fiscalía.
Según las cifras oficiales, en Bogotá se calcula que hay 50.000 predios ilegales, sin contar que existen por lo menos unas 3.700 hectáreas que hoy están en riesgo de ser invadidas, loteadas y vendidas a personas de escasos recursos, como sucedió en Los Molinos, un tema que a lo largo del tiempo fue heredado por distintas administraciones.
HUGO PARRA
Redactor BOGOTÁ
