Ya son 234 los casos de extorsión que han sido registrados este año por el Gaula de Bogotá. Ellos, con un equipo de expertos, están empeñados en detectar paso a paso la forma de operar de estos delincuentes para que cese la amenaza, pero hace falta que los ciudadanos sean conscientes de los riesgos a los que se exponen.
“Señora, su sobrino Andrés está preso, acaba de cometer un delito, es grave, necesita que sus familiares lo ayuden...”. Si usted ha recibido alguna vez una llamada como esta, seguro fue víctima de un tipo de extorsión que opera desde una cárcel.
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Llaman a personas corrientes y exigen consignarles determinadas sumas de dinero. Eso se llama el ‘tío, tío’. En este caso se va aumentando el problema, llamada a llamada, hasta que la víctima termina desembolsando fuertes sumas de dinero de hasta 10 o 20 millones de pesos.
EL TIEMPO logró hablar con un grupo de investigadores del Gaula Bogotá cuyos nombres no serán revelados en este informe. Uno de ellos informó que esta modalidad ya registra 58 casos este año. ¿Cómo ubican a sus víctimas? Fácil: con un directorio telefónico, mirando una página de internet, acuden a la publicidad de las empresas; luego actúan como los mejores profesionales. “Piden hablar directamente con el gerente o con el representante legal, simulan ser funcionarios de entidades públicas o miembros de la Policía judicial, y cuando lo logran, comienza la extorsión”.
Amedrentan, esa es la palabra; se autodenominan paramilitares o miembros de bandas criminales y piden dinero, mucho dinero. A veces, señalan que necesitan plata para la limpieza social, es decir, para matar a ladrones y prostitutas. Otras veces piden equipos de comunicación, armas, municiones y hasta medicamentos.
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La extorsión se origina en el interior de la cárcel, pero los delincuentes contactan a diferentes personas que están afuera para que cobren los giros; incluso tercerizan el servicio para confundir a las autoridades. Con esa intención les piden el favor a conocidos, familiares y amigos; muchos sin saber que forman parte de la cadena del delito.
Los engañan diciéndoles que la plata es un pago por un trabajo legal, como venta de ropa por catálogo. Le dicen: “Vaya reclame el giro y yo le doy una comisión de 50.000 o 100.000 pesos”.
“Bajo esta modalidad hay víctimas que han cancelado cuantías de hasta 20 o 30 millones de pesos, por cuotas, de forma cíclica. Cuando la víctima cae, se ensañan con ella”. En ocasiones, esta última se percata del engaño, pero las amenazas se hacen más fuertes y no hay vuelta atrás.
Las redes sociales se han convertido en fuente de primera mano para los delincuentes. “Buscan a familias que tengan allegados en el exterior y les dicen que los viajeros están en el aeropuerto y que necesitan dinero para salir de algún lío”, dijo el investigador. Quienes visitan a los presos se encargan de proveerles toda clase de información, que han consultado previamente en las redes sociales. (Lea: 'Sexting', 'texting' y otros riesgos que hay en la red)
Se conocía como el caso de los 30 millones de pesos. A una mujer la engañaron diciéndole que su familiar, que vivía fuera de la ciudad, estaba privado de la libertad. “El delincuente se inventó una historia como de película. Dijo que habían capturado al familiar con un arma, que estaba en audiencias, que necesitaban pagarles a las autoridades, y así sacaron 10 millones de pesos”.
Luego, cuando la víctima se dio cuenta de que su sobrino estaba bien y enfrentó a los extorsionistas, estos dijeron que eran delincuencia común y agravaron las amenazas, se hicieron más violentas.
Cuando la víctima acabó con todos sus recursos, acudió al Gaula Bogotá, pero ya había entregado 30 millones de pesos.
Afortunadamente, estos delincuentes ya venían siendo investigados por la institución. De hecho, tenían un proceso abierto.
La banda operaba desde la cárcel y estaba formada por varios presos. “Cada uno asumía un papel diferente: uno se hacía pasar por familiar, otro como policía, otro como juez, otro como fiscal; eran como cuatro o cinco personas rotándose las llamadas”, dijo el detective.
La investigación duró casi un año y hubo 57 capturas a nivel nacional.
Para denunciar una extorsión, no importa la cuantía de dinero sino que exista constreñimiento. “Es decir, debe haber una afectación del patrimonio económico, que traten de doblegar la voluntad de la persona y que esto se haga a través de amenazas o de publicación de fotos o videos íntimos. Ahí ya hay un caso de extorsión”, concluyó el investigador.
Los deudores tienen su propio enemigo cuando de extorsión se trata. “Las llamadas ‘oficinas’ lo que hacen es comprar deudas no pagadas para amedrentar a las personas”, dijo el investigador de esta modalidad.
Según explicó, los delincuentes contactan al moroso y si la persona debe 100 millones de pesos, por ejemplo, entra a cobrar 150 millones de pesos o más. “Así le quitan todos sus bienes y se los pasan a terceros bajo amenazas”. En ocasiones, apresan a la víctima en contra de su voluntad y ahí ya hay secuestro extorsivo.
Iván Darío Álzate era el mago de la extorsión carcelaria externa. Lo más irónico es que gozaba de prisión domiciliaria en Ibagué desde el 2012. El 20 de junio del 2015 se hizo la investigación con la primera víctima de Bogotá, a la que le dijo que formaba parte de ‘los Rastrojos’. Le exigía dinero, radios de comunicación, medicamentos y dinero. Era violento.
Luego, aparecieron más víctimas de un hombre con los mismos apellidos pero diferente nombre. La investigación registró 117 víctimas y más de 27.600 llamadas desde el 20 de junio del 2015 hasta que fue capturado el 4 de junio del 2016.
El delincuente, que tenía anotaciones por hurto, extorsión, tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes, exigía sumas de 10 millones de pesos o más, y las llamadas las hacía desde la casa de su mamá y además buscaba la complicidad de la gente de los barrios donde residía.
Para no ser detectado, perfeccionó su técnica: les pedía a sus víctimas que le consignaran de a 100.000 pesos, repartidos en 40 números de teléfono celular que tenía a su disposición. “Luego comercializaba la sim card. Cada 100.000 pesos le significaban 246.000. Montó todo un negocio con el delito”, reveló un investigador.
Oficialmente, hubo pérdidas de por lo menos 75 millones de pesos entre los que denunciaron, pero los investigadores criminales confirmaron que hizo 27.612 llamadas a empresas de Bogotá a través de directorio, con fines extorsivos. Un operativo sin precedentes logró que Alzate fuera capturado. Solo en Bogotá hubo 117 víctimas. Aceptó cargos y le espera una condena mínima de 16 años de cárcel, dijeron los investigadores.
Durante las pesquisas se cambió ocho veces de nombre, pero al fin se logró su captura el 4 de junio del 2016, en un barrio popular de Ibagué.
CAROL MALAVER
REDACTORA DE EL TIEMPO
BOGOTÁ
