Como apoderado del alcalde, el exmagistrado le solicitó a la Registraduría Nacional y al Consejo Nacional Electoral que revoquen las resoluciones que autorizaron el proceso para promover la revocatoria.
Al sustentar por qué considera que se le vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso a Peñalosa, Sierra indica que “no se le notificó del inicio de dichos trámites administrativos, ni tampoco se le dio la oportunidad de exponer los ejes de su programa de gobierno para que no se vulneraran su derecho político y los derechos de los ciudadanos que respaldaron en las urnas su plan de gobierno".
Entre los argumentos también señala que las motivaciones con las cuales se promueve la revocatoria son falsas, inexactas y tendenciosas, que constituyen en ocasiones verdades a medias y un desconocimiento del programa de Gobierno.
"Es preciso aclarar a las autoridades electorales que es de público conocimiento que sus promotores vienen trabajando en ella mucho antes de que Peñalosa tomara posesión del cargo, como lo han reconocido abiertamente a varios medios de comunicación", dice el exmagistrado.
Para Sierra, el haber promovido la revocatoria con anterioridad “solo demuestra que estas iniciativas no se han centrado en la finalidad de la revocatoria del mandato, que no es otra distinta a un mecanismo participativo mediante el cual la ciudadanía determina si el alcalde o gobernador electo ha venido cumpliendo con el programa de gobierno por el cual fue elegido.
"No se puede solicitar una revocatoria del mandato sustentada en declaraciones de prensa aisladas y descontextualizadas de Secretarios de despacho, como lo han hecho en Bogotá", señaló Sierra Porto.
El exmagistrado cuestiona que la causal que la fundamenta la promoción de la revocatoria sea la “insatisfacción general” de la ciudadanía, y recuerda que por ley, los alcaldes y gobernadores "están cobijados por el voto programático. Ello implica que la revocatoria se restringe a la estricta verificación del cumplimiento del programa propuesto, y no a otras causas de insatisfacción relacionadas con la gestión del gobernante.
