El Concejo de Bogotá se sumó a la discusión sobre los recientes hechos de inseguridad que se han registrado en distintas localidades, y que han obligado a la Alcaldía y a la Policía, a implementar acciones de choque para contener la oleada de violencia de las últimas semanas.
El asesinato del patrullero Edwin Caro a manos de un falso domiciliario, el sicariato de un esmeraldero en el centro de Bogotá, el homicidio de un taxista que le cerró el paso a dos ladrones, en Kennedy, y tres campesinos ultimados en Sumapaz han sembrado la incertidumbre.
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Desde el Distrito se han tomado algunas decisiones, como la restricción de los acompañantes de domiciliario en moto, el aumento de puestos de control que ahora cuentan con presencia militar, así como la compra de detectores de metales para identificar armas de fuego en medio de las requisas de los uniformados en la calle.
Estos temas se mencionaron ayer en el cabildo en un debate de control político liderado por las bancadas de la Alianza Verde, Cambio Radical, y Bogotá para la Gente. También abordaron asuntos como la capacidad de la Policía para operar, hurtos en todas las modalidades, violencia contra la mujer y homicidios. Sustentados en cifras pocas alentadoras, hicieron el llamado a las autoridades para solucionar este fenómeno.
Los primeros en hacer su intervención fueron los de la bancada de la coalición Bogotá para la Gente, integrada por los concejales Carlos Fernando Galán, Marisol Gómez y Juan Baena. Los tres fueron enfáticos en asegurar que hay un “fracaso” en la política de seguridad de la Alcaldía, y criticaron las declaraciones de Claudia López sobre el rol de la delincuencia de venezolanos, tras el asesinato del patrullero Caro, argumentando que estas generaron xenofobia.
Para esto, Marisol Gómez se basó en las cifras de la Secretaría de Seguridad que evidencian que los delitos cometidos por migrantes son muy pocos en relación con la población total de estos en Bogotá (2 por ciento se dedican al hurto). Además, señaló que solo 33 venezolanos fueron capturados por homicidio, de un total de 439 detenidos, entre enero y noviembre de 2020.
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Añadieron que para medir las cifras de reducción de hurtos y delitos en Bogotá, no se están teniendo en cuenta los efectos de la pandemia. Además, exigieron a la Alcaldía un instrumento propio para medir la inseguridad de la capital, y así no depender de las estadísticas de la Cámara de Comercio. Estas cifras indican, por ejemplo, que no obstante la reducción de casi todos los delitos, la percepción de inseguridad en la ciudadanía aumentó del 60 al 76 por ciento entre 2019 y 2020.
“Decir que hay una mejora en la disminución de hurtos es engañoso por la pandemia”, dijo en la sesión Galán, y añadió que el Distrito destacaba la disminución de delitos sin tener en cuenta las cuarentenas y toques de queda producto de las medidas de contingencia, que evidentemente redujeron el número de personas en las calles.
El concejal Yefer Vega, de Cambio Radical, dijo que la inseguridad se le salió de las manos al Distrito, y agregó que el aumento de los casos de justicia por mano propia contra la delincuencia es alarmante.
Por su parte, Carolina Arbeláez, también de Cambio Radical, dijo: “A la alcaldesa le quedó grande enfrentar a la delincuencia. En campaña prometió que Bogotá sería una ciudad libre del miedo. La realidad demuestra que ganaron las elecciones con mentiras y populismo”. Algunos concejales de la bancada de Alianza Verde también se mostraron preocupados con esta situación. Varios centraron su discurso en la influencia de las bandas delincuenciales y armadas en la ciudad, además de criticar la violencia policial.
Los funcionarios públicos citados a esta sesión fueron los secretarios de Seguridad, Hugo Acero; de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, y de Movilidad, Nicolás Estupiñán. También el director de TransMilenio, Felipe Ramírez, la seccional Bogotá de la Fiscalía General de la Nación y el comandante de la Policía Metropolitana, el general Óscar Gómez Heredia, quien no asistió y en su lugar envió al subcomandante, el coronel Nelson Quiñones.
Sin embargo, la sesión fue levantada sobre las 6:15 de la tarde, y no hubo tiempo para que alguno de ellos se defendiera de las acusaciones y argumentos presentados por los concejales.
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BOGOTÁ
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