Investigan a exfuncionarios de Cundinamarca por irregularidades

Investigan a exfuncionarios de Cundinamarca por irregularidades

La Procuraduría puso la lupa en Madrid y Cajicá por cambio de uso de suelos y construcciones. 

Regiones y PIB 5

A la investigación de Cajicá por presuntas irregularidades en expedición del PBOT se suma una nueva emitida por la Procuraduría: una posible gestión ilegal de un proyecto de vivienda en zona agrícola.

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Por: Bogotá
04 de julio 2019 , 09:25 p.m.

El ‘volteo de tierras’ o el cambio de usos del suelo para dar paso a proyectos urbanísticos, a través de modificaciones a los planes de ordenamiento territorial, sigue cobrando cuentas en Cundinamarca.

Esta vez, el turno fue para Cajicá. Este jueves, la Procuraduría General de la Nación hizo público un pliego de cargos contra el exalcalde de Cajicá Óscar Mauricio Bejarano –quien ejerció su cargo entre 2012 y 2015– y 12 exconcejales por presuntas irregularidades y modificaciones del plan básico de ordenamiento territorial (Pbot).

Dicha medida también afectó a los exsecretarios de Planeación del municipio Germán Camilo Bello Zapata (quien hoy se desempeña como director de Gestión del Ordenamiento Ambiental y Territorial de la CAR Cundinamarca) y Leonardo Higuera Espinosa, además de la exdirectora de Urbanismo y Espacio Público Zulma Marcela Santos Santos.

La investigación disciplinaria de estos funcionarios empezó el 16 de noviembre del 2017 por la presunta modificación de uso de 96 hectáreas que en el anterior Pbot hacían parte de la Reserva forestal protectora productora de la cuenca alta del río Bogotá, todo con el fin de destinarlas para vivienda campestre.

Asimismo, se modificó la clasificación de tierras de protección rural para dejarlas como zonas de expansión y utilización suburbana.

Además, se excluyó del plan de ordenamiento la Casa de la entrada de El Banco, patrimonio cultural de la Nación, sin que se hubiera justificado la decisión.

Varios exconcejales también fueron cobijados por el pliego de cargos: Héctor Javier Galindo, Álvaro Andrés Pinzón, Flor María Ruiz Rincón, Benjamín Forero Cuervo, Carlos Javier López Acuña, Juan Carlos Carreño Orjuela, Marco Aurelio Bohórquez Quevedo, Saúl Orlando León Cagua y Nelson Bello Moreno.

La Procuraduría calificó la conducta de los disciplinados como falta ‘provisionalmente gravísima’ y atribuidas a título de culpa gravísima, lo cual podría conducir a la destitución o la suspensión de ejercicio en cargos públicos.

Colectivos denunciantes

Una agrupación de ciudadanos, conocida como Dolientes Pbot Cajicá, denunció estas irregularidades ante la Procuraduría en el 2017.

Otras organizaciones de diversos municipios de Cundinamarca, como Planeando a Mosquera y Primero Chía, también han buscado la forma de sacar a la luz el cambio de destinación territorial agrícola por campestre.

José Parrado es líder de uno de ellos. Según él, la insistencia de modificar los suelos para aumentar la urbanización cada vez es más alta. “Nos vemos afectados por un problema de corrupción al cambiar el uso del suelo, mientras que los funcionarios reciben debajo de la mesa recursos económicos. Es un problema que involucra urbanizaciones de gran cantidad por toda la sabana de Bogotá”, señala.

Se abre una nueva investigación en Madrid

En este caso se abrió una investigación disciplinaria a Jorge Eliécer Ortiz Velásquez, entonces secretario de Desarrollo Urbanístico, Vivienda y Ordenamiento Territorial de Madrid, por presuntas irregularidades en la gestión y ejecución del proyecto Ciudadela Campestre Chauta.

Además, se ordenó trasladar copias para evaluar la actuación del actual diputado Juan Carlos Coy por haber, presuntamente, promovido la obra que buscaba la construcción de 900 viviendas unifamiliares en una zona agrícola que no contaba con viabilidad para prestación de servicios públicos.

El proyecto iba a ser desarrollada por la Asociación de Vivienda Unidos por Madrid (Asvimadrid), a la que se habrían asociado 900 personas que debían pagar 5 millones de pesos por derecho a un lote de 72 metros cuadrados.

El Ministerio Público decretó la práctica de pruebas para verificar la ocurrencia de la conducta y así poder determinar si es constitutiva de falta disciplinaria.

El drama de los POT en Cundinamarca

Las actualizaciones de planes de ordenamiento territorial del departamento han estado bajo la lupa del Estado y de entes de control por cuenta de irregularidades, como fue el caso de Cajicá y Madrid.

A la fecha, la Fiscalía General de la Nación registra 11 municipios con procesos por inconsistencias a la hora de formular o modificar sus planes de ordenamiento.
Ese es el caso de Mosquera, Madrid, Funza, Cajicá, Rosal, Apulo, Nocaima y Tabio.

Varios de ellos fueron investigados por incurrir en ‘volteo de tierras’ o cambios del uso del suelo para beneficiar a urbanizadores. Algunos proyectos que se desarrollaron al amparo de estas normas presentan hoy problemas de alcantarillado, servicio de agua y plantas para el tratamiento de las mismas. Por estos hechos han sido investigados cinco exalcaldes, diez exconcejales y siete antiguos servidores públicos, entre otros implicados.

El de Chía fue el plan más reciente en caer por cuenta de una suspensión temporal y preventiva ordenada por un juez de Zipaquirá. Una acción de nulidad, interpuesta por veedores y ciudadanos, denunciaba que el POT aprobado en 2016 no había sido el mismo que se socializó a la comunidad y que, entre los cambios no conocidos en las socializaciones, aparecía la aprobación de 299 hectáreas de expansión urbana que en realidad eran suelos de clases agrológicas I y II.

BOGOTÁ

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