Por presuntas irregularidades cometidas en la contratación en cinco alcaldías locales, la Secretaría de Gobierno pedirá este miércoles a la Personería Distrital que realice las indagaciones del caso para establecer por qué la Fundación para el Desarrollo Sociocultural Deportivo y Comunitario (Fundesco) –que dirige la exconcejal Juddy Consuelo Pinzón Pinzón– logró suscribir varios contratos, especialmente en el último trimestre del 2016, superiores a 4.300 millones de pesos.
En el documento –que será radicado ante el ente de control–, el Gobierno distrital pone en conocimiento que las alcaldías de Bosa, Los Mártires, Ciudad Bolívar, Kennedy y Barrios Unidos contrataron con esa misma fundación recursos públicos que van desde la instalación de equipos de cómputo, audiovisuales, televisores y sonido, campañas de prevención contra la violencia sexual, intrafamiliar, consumo de drogas y hasta la celebración del bicentenario de una localidad.
Tras ser examinados los contratos, se encontraron varias coincidencias en los indicadores financieros, de experiencia y también demoras en la publicación de los documentos del proceso, presuntamente, por fuera de los términos de la ley.
Por ejemplo, en la Alcaldía de Bosa, en el sur de Bogotá, en dos procesos de selección para objetos similares la única diferencia que había era el género de la persona.
“En atención de lo anterior, se consideró que debería haberse abierto un solo proceso (licitación pública) y no dos procesos de selección, como en efecto se realizó”, señala Gobierno.
Alcaldías de Bosa, Mártires, Ciudad Bolívar, Kennedy y Barrios Unidos contrataron con la misma fundación recursos para instalar equipos de cómputo, audiovisuales, campañas de prevención, entre otros
En cuanto a los indicadores financieros solicitados a los oferentes, lo que le preocupa al Distrito es que todos los contratos que se firmaron con Fundesco son muy similares. Esto significaría que, presuntamente, se pudo haber limitado la participación de un número mayor de proponentes o en otras palabras que se pudo beneficiar a alguien.
En la Alcaldía de Los Mártires, tres contratos con esa fundación superan los 1.000 millones de pesos y lo que se detectó fue que a los oferentes se les exigió experiencia adquirida únicamente con entidades públicas, en contravía de lo establecido por la Agencia Nacional de Contratación Pública. En otras palabras, la Personería deberá establecer si hubo o no un presunto direccionamiento de los contratos que se adjudicaron a Fundesco.
En la localidad de Ciudad Bolívar se detectó la misma estrategia.
Según el Decreto 1510 del 2013 que reglamenta el sistema de compras y contratación pública, la entidad debe hacer, durante la etapa de planeación, el análisis del sector desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. Y debe dejar constancia de ese análisis en los documentos del proceso.
Otra de las observaciones que puso sobre alerta fue lo que pasó en Kennedy con el contrato 181 del 2016 por 914’882.750 pesos, según el cual, Fundesco, con el 60 por ciento, y Colculdermeta, con el 40, se comprometen a realizar los eventos artísticos y culturales. Cinco días después se hizo una adición presupuestal al contrato por 199’900.000 de pesos para un valor superior a los 1.100 millones.
Esto, a la luz del hallazgo que hizo el Distrito, no tiene ninguna justificación técnica, jurídica y financiera, lo que va en contravía de la ley que obliga a cumplir con el principio de planeación, señala el oficio.
Entre tanto, en la localidad de Barrios Unidos, se celebró un contrato por 139’257.000 pesos para prevención de la violencia intrafamiliar y sexual. Los técnicos detectaron que los parámetros que se utilizaron fueron los mismos que se plasmaron para el periodo comprendido entre el año 2008 y 2012, es decir más de cinco años, “siendo presuntamente insuficientes para la confección de un análisis actualizado en la vigencia del 2016”.
Como directora de la fundación aparece la exconcejal Pinzón Pinzón, quien en el año 2004 fue condenada, junto con otros dos concejales, a seis años de prisión y 20 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos por recibir 100 millones de pesos como parte de una mordida de 400 millones de pesos para modificar el Código de Policía con el fin permitir las ventas ambulantes en Bogotá.
La mujer se defendió. El martes habló con EL TIEMPO en una de las sedes de la fundación y dijo que ella ya pagó su condena, que no está haciendo nada irregular y que no está inhabilitada.
‘No estoy en prisión perpetua’
En la mañana del 8 de diciembre del 2002, tres concejales de Bogotá fueron capturados cuando recibían parte de una 'mordida' de manos de un líder de los vendedores ambulantes para evitar que en el Código de Policía se prohibieran las ventas ambulantes.
Entre ellos estaba la tristemente célebre exconcejal Juddy Consuelo Pinzón Pinzón, condenada a seis años de prisión e inhabilitada por 20 años para ejercer cargos públicos. Ahora reaparece como la directora de Fundesco, la fundación señalada de presuntas irregularidades. Ella se defiende, dice que no fue condenada a prisión perpetua y que está en medio de una pelea entre alcaldes y ediles. ¿Está o no inhabilitada?
Yo no tengo ninguna inhabilidad en este momento. Y no fui condenada a prisión perpetua. Luego de interponer recurso, hasta el 2010 no podía ser funcionaria pública pero después sí.
¿Cuánto lleva en Fundesco?
Desde el 2015. Nosotros venimos trabajando desde hace muchos años. Mi familia viene trabajando (desde antes). La fundación era de otra persona y nosotros la adquirimos. Nos hemos presentado en 40 sitios y logrado un 30 por ciento.
¿Se habla de su influencia en algunas localidades?
No, no tengo influencia ni conocí a nadie. Esto es una persecución política total.
¿Cuántos procesos ganó?
En Bogotá por 3.993 millones de pesos en todo, incluidas las uniones temporales.
Hemos contratado en Bosa, Kennedy (unión temporal), Barrios Unidos, Tunjuelito, Mártires y Ciudad Bolívar.
A finales de marzo, los alcaldes de Teusaquillo y Los Mártires renunciaron a sus cargos tras los escándalos por presuntas irregularidades en la contratación. Luego, el pasado 8 de mayo, después de pedirles la renuncia protocolaria, el alcalde mayor, Enrique Peñalosa, aceptó las de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar. El único que no salió fue el Barrios Unidos porque argumentó problemas de salud y por eso el Distrito anunció que le retiraba la ordenación del gasto.
BOGOTÁ