Una estrategia jurídica que respete el derecho a la libertad y a la autonomía de los habitantes de la calle, sin dejar que sus actuaciones perjudiquen el bienestar colectivo, es parte de las estrategias que teje la Administración Distrital de cara al problema de habitabilidad en calle, visibilizado con la intervención en el ‘Bronx’. Esto y más le reveló la secretaria de integración social, María Consuelo Araújo, a EL TIEMPO.
¿Después de la intervención del ‘Bronx’, qué balance hace de la estrategia social?
El ‘Bronx’ era un territorio del crimen donde las mafias hacían lo que querían. Allí ocurría la victimización más terrible de niños, había trata de personas, explotación sexual. La intervención se hizo desde tres flancos: seguridad, renovación urbana e intervención social. A mí me corresponde esta última con la ayuda del Idiprón y la Secretaría de Salud. Desde el 28 de mayo, cuando entramos, podemos decir que con los niños encontrados estamos en un proceso de restablecimiento de derechos, pero con los mayores de 18 años hay otro tratamiento. Con ellos estamos ofertando alternativas para tratarlos con dignidad. Los habitantes de la calle no son el problema, son víctimas de las mafias; estas los instrumentalizaron. Ellos les decían: usted me ayuda a vender droga y yo a cambio le doy su dosis. Eso generó toda esta población vulnerable.
¿Por eso algunos son agresivos?
Sí, están enfermos. Al día siguiente de la intervención del ‘Bronx’ en la plaza España, los ‘sayayines’ les dieron lechona y dosis de droga. Nuestro deber como Estado es darles a ellos la protección necesaria para que no los manipulen y puedan tener un proceso de recuperación.
¿La sentencia de la Corte Constitucional es una barrera para encaminarlos hacia un tratamiento?
La Corte lo que está haciendo es defender los derechos humanos, entre ellos, el de la libertad y la autonomía, y no existe ninguna medida que nosotros podamos usar, ni de manera provisional ni permanente, para privarlos de estos, ni siquiera con argumentos médicos. Esto es inviolable.
Pero, entonces, ¿qué salidas hay para este problema que ya está afectando a otros ciudadanos, que también tienen derechos?
Ahí entramos a la discusión del derecho individual de un habitante de calle y el derecho colectivo a un ambiente sano, de los niños a la educación, entre otros. Lo que se debe plantear es cómo el Estado trata al habitante de calle que está drogado y manipulado por las mafias para que no atente en contra de los ciudadanos. En eso está trabajando la Secretaría Jurídica de la Alcaldía. Ellos diseñan una estrategia para ver cómo nosotros, con el fundamento jurídico del respeto por los derechos humanos, podemos garantizar que exista una herramienta para cuidar y proteger tanto a los habitantes de la calle como a las personas que están en riesgo por sus niveles de agresividad a causa del consumo y la excitación que este les provoca.
Pero, cuénteme más de esa estrategia.
Estamos trabajando en ella. Te puedo decir que la idea es poder plantear, en virtud del derecho que los habitantes de la calle tienen a la salud, a su protección y a su recuperación, que ellos se vean abocados a recuperarse de los efectos de la excitación a causa de las drogas. Eso se deberá hacer a través de un programa de desintoxicación. Esa es la línea de lo que queremos desarrollar. El viernes tenemos una reunión con todos los actores del Distrito en función de la localidad de Los Mártires para lograr un modelo de atención integral. Pero, antes queremos recordarles a todos los ciudadanos que estamos hablando de seres humanos, de personas que podrían ser nuestros hijos, hermanos, nietos, y que detrás de ese consumo y degradación tienen unos derechos. Nosotros debemos garantizar que existan baños, que se puedan asear, lograr que no se conviertan en un problema para la salud pública.
Y para todo eso ¿se va a necesitar un presupuesto extra?
Ese presupuesto extra ya está. El Concejo de Gobierno nos aprobó 50.000 millones más, que se traducen en 1.500 cupos para ayudar a personas que quieran voluntariamente recuperarse. De ahí la importancia de que, a través de una estrategia de salud, se logre su desintoxicación y su posterior ingreso a un tratamiento. Eso lo vamos a comenzar a trabajar a partir de este viernes en la localidad de Mártires.
¿Ese cerco provisional de la policía para proteger a los comerciantes se convertirá en un problema mayor?
Según el último censo, en Bogotá hay más de 10.000 habitantes de la calle, muchos de ellos venidos de ciudades distintas a Bogotá y cuyo común denominador es el tema del consumo y la instrumentalización de las mafias. Eso justifica que desde la estrategia de seguridad deba existir un control a la distribución de droga porque ahí las víctimas son cada vez más jóvenes. Ahora, lo importante es que exista una estrategia conjunta. Tenemos que tener una oferta y una persuasión permanente de los habitantes de la calle, pero este es un trabajo de perseverancia. Así, a la fecha hemos atendido a 5.000 después de la intervención de El Bronx y desde enero más de 10.000. Esa es y seguirá siendo nuestra misión. Si, en una de las sentadas a comer, la persona decide quedarse, eso ya es una ganancia inmensa para nosotros.
¿Y los centros de ayuda van a seguir estando cerca de los sitios de consumo?
En esta administración, no. Si yo no lo puedo obligar a que se quede en el centro de atención transitorio, y a la cuadra están los jíbaros que les están vendiendo la droga, no hay ningún sentido. Queremos que la recuperación se logre en zonas periféricas. Ya estamos en eso.
¿Esa idea les ha traído problemas, verdad?
Sí. Eso nos pasó en La Mesa. Allá llevamos a unas personas que ni siquiera se podían mover a un tratamiento que les devolviera la dignidad. Usted no se imagina el escándalo que nos hicieron en ese municipio porque consideraban que estábamos trasladando el problema. En eso hace falta comprensión. Nosotros necesitamos zonas en donde los adictos puedan lograr una recuperación. Entre los 10.000 o más habitantes de la calle hay una gran diversidad,; muchos fueron expulsados, abusados, desplazados. Para cada una de esas problemáticas hay que tener una alternativa. Por ejemplo, si hay enfermedad mental, debe haber un tratamiento por parte de la Secretaría de Salud, lo mismo si son niños o mujeres. Esa población no se puede homogeneizar. Uno de nuestros retos es perfeccionar nuestra oferta para un problema que no es nuevo en Bogotá.
¿Estamos quedándonos cortos con la estrategia asistencial?
Investigamos nuevos métodos de desintoxicación. La ley dice que se debe trabajar en mitigación, que es buscar cómo se reduce el consumo, o en la sustitución. El problema grave que nosotros tenemos, y por el que hemos buscado abrir puertas internacionales, es que el bazuco que consumen las personas de la localidad de Mártires no tiene, o no se le ha encontrado un sustituto probable, resultado de una investigación científica. Tenemos que hacer un proceso de manejo de ansiedades, de crisis, del síndrome de abstinencia, y para eso estamos convocando a profesionales expertos en el tema. Lo otro es que no hay que dejar de reconocer el trabajo de los centros. Allí muchas personas se han recuperado, incluso de algo tan lesivo como el bazuco. Nuestra meta es que entre el 10 y el 15 por ciento de los que entren al tratamiento logren su recuperación. Comportamientos tan básicos como comer en una mesa, asearse, trabajar, eso ya es un buen síntoma de recuperación. En lo que ha corrido de esta administración, unas 150 personas han mostrado avances.
¿Qué piensa de los centros de consumo controlados que se han implementado en otros países?
No estamos cerrados a nuevas posibilidades ,pero los estudios científicos deben marcar el camino. Nosotros, desde la oferta social, estamos listos a apoyar cualquier estrategia de las entidades e instituciones de salud. Tenemos que encontrar el tratamiento que pueda sustituir el consumo de bazuco, en eso estamos y anunciaremos avances cuando exista algo concreto.
¿Hay doble moral de la ciudadanía al exigir que no existiera el ‘Bronx’ y ahora rechazar la visibilidad del habitante de la calle?
La gente no era consciente de que la problemática de los habitantes de la calle viene de siglos atrás y de que la mendicidad no puede ser penalizada. Los ciudadanos se acostumbraron a verlos en blanco y negro, como parte del paisaje, no entienden el nivel de corresponsabilidad que tenemos todos.
¿Dar limosnas agrava el problema?
En el ‘Bronx’, una de las líneas del negocio ilegal eran las máquinas tragamonedas, que servían para recaudar el dinero de las limosnas. De cada peso que se entrega en limosnas, 85 centavos terminan en las ollas. Si uno, como ciudadano, hubiera dejado de actuar así, seguramente el problema sería menor. Ahí el mensaje es para todos. La ayuda debe ser de forma organizada a través de la institucionalidad. Hoy, por lo menos, por primera vez hay una mesa en el Ministerio de Salud para una ley de habitabilidad en calle. Los problemas tienen una evolución, y las soluciones, a veces, desactivan algo que estaba mal, generan consecuencias, pero eso permite que podamos garantizar el respeto por los derechos de todos.
CAROL MALAVER
SUBEDITORA DE EL TIEMPO
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